El demencial terrorismo fariano cobró más vidas de inocentes pobladores civiles en Vegalarga, a media hora de Neiva, cuando de manera cobarde y salvaje hicieron detonar un vehículo de servicio público frente a la estación de Policía, lo grave y aberrante del caso es que el vehículo transportaba pasajeros.
Si esta semana se rechazaba el decapitamiento de dos soldados heridos por parte de los narcoterrorista, hoy hay que repudiar desde el fondo del alma el terrible hecho de utilizar un vehículo civil repleto de pasajeros para atentar contra una sede policial; al menos los terroristas islámicos tienen el coraje de ser ellos los que se sacrifiquen y no cobardemente utilizar a terceros inocentes para cometer estos actos de barbarie indescriptibles.
Hay que recordar los claros y obligatorios mandatos de la Convención de Ginebra de 1948 y su Protocolo II Adicional que obligan a cualquier actor armado, incluso en los casos de rebelión o desorden interno, a acatar el Derecho Internacional Humanitario y en especial a excluir de sus acciones a la población civil, algo que permanentemente las Farc y Eln dejan de lado para amparar crímenes de esta naturaleza como una muestra más de su humanismo altruista al decir de nuestras Cortes y las ONG’s que callan cualquier condena o rechazo a actos como el sucedido en Vegalarga, Departamento del Huila.
Pero ya veremos a los mismos agitadores políticos, a los propagandistas y áulicos de las Farc, a los colectivos de abogados y a ciudadanos y ciudadanas por las Farc, justificando el criminal atentado, negando lo innegable, trasladando culpas o demandando al Estado en busca de indemnizaciones millonarias. El cobarde atentado narcoterrorista dejó ocho policías heridos, uno de ellos de gravedad, y un número aún no determinado de civiles muertos, pues en el lugar quedaron esparcidos “restos humanos irreconocibles”, como indicara Emma Constanza Sastoque, gobernadora del departamento del Huila.
Indigna que un abominable hecho como este apenas merezca la reseña de los medios de comunicación, que ni uno solo de los habituales columnistas de la prensa escrita se ocupe hoy de condenar vehementemente esa masacre, como si se ocupan cuando de resaltar cualquier error de un militar apenas este sucede. En su afán de deslegitimar la Política de Defensa y Seguridad Democrática, al Presidente Uribe y sus funcionarios, parece que realmente se estableció un pacto de silencio frente a la condena a las acciones criminales del narcoterrorismo, mientras se magnifican otros hechos como empeñarse en señalar que la Ley de Justicia y Paz fue establecida para favorecer a los cabecillas de las autodefensas ilegales.
Mientras España se ha movilizado cada vez que la ETA comete un atentado terrorista y ha logrado mediante esa acción aislar y derrotar política y socialmente a la banda criminal, en Colombia es aterrador el silencio frente a un hecho como este, los narcoterroristas del frente 17 ‘Angelino Godoy’, colocaron la carga explosiva en un vehículo de servicio público con pasajeros y lo hicieron detonar en los alrededores del comando de Policía, la carga explosiva fue camuflada en bultos de naranjas que llevaba la camioneta de servicio público de placas TBK 607, afiliada a la empresa Cootransvega, conducida por el ciudadano Ferley Mosquera, la única víctima fatal reconocida hasta el momento.
No es la primera vez que los narcoterroristas atentan contra Vegalarga, el pasado 14 de agosto, fue un ‘bulto bomba’ el que estalló en ese municipio, dejando a cuatro militares heridos. Un bulto de plátanos y naranjas aparentemente indefenso terminó convertido en un engaño de las Farc y activado contra la población civil y la fuerza pública.
Indudablemente el atentado de ayer hace parte de la conmemoración que la banda criminal anunció para honrar la memoria del Mono Jojoy y lo hace al mejor estilo del bandolero muerto, atentando cobardemente contra la población civil y especialmente contra los más necesitados, los campesinos de Colombia, como lo han hecho a lo largo de su sangrienta historia.
Las Farc se burlan de los derechos humanos y del Derecho Humanitario, DIH, con lo han hecho en múltiples ocasiones su forma de lucha son las emboscadas y los campos minados, el utilizar a la población civil como escudo o mediante engaño como arma de ataque, hay que recordar que en varias ocasiones se han aprovechado de niñas y niños para que porten paquetes explosivos dirigidos a las instalaciones militares o de policía, actuaciones todas a mansalva y de manera ruin, pero ello no ha servido de obstáculo para que nuestro poder judicial los considere luchadores altruistas como lo hizo en una triste sentencia de la Corte Suprema de Justicia que aún no ha sido explicada.
Hay que reaccionar socialmente, no se puede permitir que mediante el silencio medroso se permita que los bandoleros narcoterroristas sigan manteniendo una imagen de fuerza para alentar la lucha política jurídica y política que desde las instancias mismas del Estado libra el PC3 para destruir la democracia y los valores tradicionales de nuestro pueblo.
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