Es una realidad que para los medios de comunicación lo que importa no es transmitir información imparcial y veraz como lo ordena la Constitución, sino acrecentar el negocio que significa un mayor número de ediciones vendidas o un mejor rating en la competencia, de ahí que refritar una y otra vez informaciones sobre escándalos sea una práctica consuetudinaria.
Atendiendo no los intereses nacionales, sino los mezquinos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y una ONG llamada Minga, retoman ahora el cuento de los ‘falsos positivos’ que están siendo investigados por la justicia ordinaria, para atraer la atención de los ciudadanos, no importa que para ello no aporte nada nuevo, sino que recicle la misma información que ha presentado en los últimos 3 años, en su intento de presentar los llamados wilkileaks como una noticia nueva.
Bueno, la diferencia es que ya no hacen mención a los wilkileaks, porque dejaron de ser novedad, sino que ahora los llaman documentos desclasificados y publicados por la organización National Security Archive de Washington D.C., que terminan siendo la misma cosa.
Las organizaciones de defensa del narcoterrorismo saben utilizar muy bien el ‘afán de la chiva’ que carcome a nuestros periodistas y hacen uso de él para presionar a los organismos judiciales y políticos; mientras reclaman para los terroristas el apego absoluto a la literalidad de las normas logrando sentencias como la proferida por la Corte Suprema de Justicia sobre los computadores de alias Raúl Reyes, como sinónimo del respeto al debido proceso, mientras se crea en la opinión una falsa concepción de que al militar no se le debe reconocer la aplicación del mismo.
Basta con partir de la apreciación que tienen jueces y magistrados para definir la viabilidad de los procesos judiciales contra terroristas o auxiliadores del terrorismo capturados, se aplican todas las garantías procesales y se anula cualquier captura o prueba si en su recolección no concurren absolutamente todos los requerimientos del CPP, entre ellos por ejemplo, que la captura o recolección de prueba o evidencia, haya sido efectuada por policía judicial y previa orden judicial, mientras que para iniciar un proceso contra un militar basta el simple dicho de cualquier delincuente en busca de privilegios o beneficios judiciales.
De esa manera se va creando una imagen negativa contra el militar, quien termina siendo visto como el actor de la guerra, como el agente violador de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, mientras el terrorista termina siendo calificado sin ninguna vergüenza como un ‘luchador altruista’ motivado políticamente por el estado de injusticia social, económica o política que padece la sociedad colombiana.
Mientras la Fiscal General cuestiona la defensa de los militares atribuyéndole presuntas dilaciones y prácticas contrarias a la debida lealtad procesal, nada dice de las tácticas permanentes y sistemáticas de los colectivos de abogados y ONGs para sabotear los procesos y lograr que los terroristas capturados sean beneficiarios del hábeas corpus y otras figuras jurídicas que han permitido que cabecillas reconocidos de las Farc puedan eludir la justicia y refugiarse en Nicaragua, Cuba o Venezuela. De estos hechos apenas si dan cuenta los medios, que se han prestado incluso a presentar como víctimas a reconocidos personajes que le sirven políticamente al narcoterrorismo.
Es tan grave la manipulación de la información que basta un ejemplo: El diario El Tiempo titula hoy en primera plana ‘De los falsos positivos de Soacha, solo 1 caso avanza’[1], lo que da la sensación al lector que los supuestos 1.500 casos judiciales por esta presunta conducta permanecen inactivos; pero en la página 2 se muestra un cuadro de estadísticas donde se reseña que hay 1.575 casos a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, de los cuales 1.486 están activos.
Que por los mismos, 72 uniformados han aceptado cargos, es decir están en la etapa de juicio y que 59 más han sido absueltos de responsabilidad o han precluído los procesos por falta de materialidad de las conductas endilgadas; de donde se tiene que por lo menos 131 procesos han superado la etapa investigativa y han avanzado. Muchos, muchísimos más que los que la justicia tiene a su cargo por los delitos de narcoterrorismo y conexos.
Es noticia que un juez haya entutelado al Presidente por decir públicamente que pediría al Consejo Superior de la Judicatura que investigara conductas de operadores judiciales que favorecen en sus decisiones a miembros de las organizaciones narcoterroristas, pero no es noticia que tales conductas se estén presentando a diario, tales hechos solo quedan para la opinión aislada de algunos ciudadanos inquietos por esa situación.
La guerra jurídico-política contra las Fuerzas Militares tiene como ‘idiota útil’, por ingenuidad o perversa intención, el escenario de los medios de comunicación que han renunciado a su responsabilidad social para atender sus intereses económicos.
[1] EL TIEMPO. ‘De los falsos positivos de Soacha, solo 1 caso avanza’ Miércoles, 1 de junio de 2011. Págs. 1 y 2.
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