No basta cualquier exageración para describir en qué se ha convertido el siglo de los jueces que anunciaba el ex magistrado Ibáñez, estamos en la dictadura de los jueces que legislan para sí mismos y contra el pueblo colombiano.
No es el mayor escándalo el fallo que desconoce la realidad de la violencia en Colombia, que hace nugatorio el derecho de las víctimas del narcoterrorismo a acceder a la justicia, la verdad y la reparación, de la sociedad a conocer a sus agresores, algo previsible en magistrados que al terminar su período se convierten en defensores de los personajes de la izquierda colombiana o candidatos de esas organizaciones a las corporaciones públicas, son esos magistrados y jueces, que han consagrado la agresión narcoterrorista como ‘lucha altruista’ para generar la impunidad leguleya o tecnicista que se deriva de los fallos a favor de la farcpolítica por ejemplo, o del narcotráfico en cientos de sentencias que obligan al Estado incluso a devolverle a los delincuentes los medios utilizados para el delito.
Para burla de los colombianos, esos jueces y magistrados que administran nuestra justicia se han adjudicado los mayores privilegios pensionales mientras niegan o se abstienen de pronunciarse frente a la petición de una pensión mínima, es suficiente ejemplo de esa grosería saber cómo en el Consejo de la Judicatura, con una 'palomita' de un mes se puede obtener una pensión de hasta 13 millones de pesos mensuales. Es tan escandaloso que cada una de estas pensiones le cuesta al Estado 3.500 millones de pesos.
Es seguro que así como amarraron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para sabotear cualquier investigación sobre los vínculos de nuestros magistrados con el narcotráfico, ahora sabotearan e impedirán cualquier investigación con respecto a la forma en que han sentado ‘jurídicamente’ su exclusión del sistema de seguridad social integral en materia de pensiones.
En febrero de 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, lanzó una frase que cayó como una bomba atómica en el Palacio de Justicia: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes”, dijo. En ese momento se refería a que a punta de fallos de tutela algunos magistrados estaban favoreciendo a congresistas enredados en el escándalo de la parapolítica. El tiempo terminó dándole la razón a Pinilla. Hace dos semanas, Caracol Radio prendió las alarmas sobre la existencia de un carrusel de contratos en el Consejo de la Judicatura y mostró una serie de nombramientos hechos en 2010
En dos años y medio, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les han dado ‘palomitas’ como magistrados auxiliares a cerca de 90 personas (sin contar los magistrados auxiliares que están hoy activos), y gracias a esa ‘palomita’ por lo menos la mitad de ellos, se podrán jubilar con pensiones multimillonarias, que le pueden costar al Estado, en total, 140.000 millones de pesos.
El detalle más escandaloso es que un juez que se gana cuatro millones de pesos, si logra que le den la dichosa ‘palomita’ de magistrado auxiliar, así sea solo durante un mes, como por arte de magia consigue que su pensión se multiplique y llegue a ser calculada sobre un salario de entre 14 y 17 millones de pesos. La mesada, que es el equivalente al 75 por ciento, le llegará de 10,5 a 12,75 millones de pesos.
Los casos abundan. Cenaida Mejía Báez, por ejemplo, era la juez municipal de Chipaque, Cundinamarca, trabajó un mes y diez días como magistrada auxiliar de Julia Emma Garzón y ya está jubilada con el tope máximo de pensión. Lo mismo le ocurrió, para citar apenas otros ejemplos, a Luis Gonzalo Ardila, juez de Bogotá; a Álvaro Rojas Mallorquín, abogado que no registra rastro alguno en Internet; a Elías Cabrera y a Jesús Herrera Cortés, jueces de Ibagué, y a Luis Rojas Tovar, fiscal de Bogotá, que luego de tener una ‘palomita’ de entre uno y dos meses y medio en el despacho del magistrado Henry Villarraga, ya están haciendo su trámite de pensión.
Y así como en los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, los otros dos campeones en materia de nombramientos exprés son los magistrados Ovidio Claros y Pedro Sanabria. En las oficinas de los otros tres juristas que integran la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura –María Mercedes López, Jorge Armando Otálora y Angelino Lizcano– no se evidencia este tipo de prácticas.
Como si fuera poco, los mismos magistrados han ido creando una jurisprudencia que además les da otras gabelas a los funcionarios de la rama, a punta de otros fallos, en particular del Consejo de Estado. Una de ellas es que el monto sobre el cual se calcula la pensión incluye todo tipo de primas (de vacaciones, quinquenios, etcétera). Y para rematar, la edad de pensión para quienes gozan de este privilegio es de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres, es decir, mucho menor que la rige hoy para los demás colombianos.
El impacto del pago de estas pensiones vía ‘palomita’ sobre las finanzas del Estado es demoledor. Si se pagara todo el costo de una pensión hoy (lo que los especialistas llaman valor actuarial), el total de la mesada de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de 110 millones de pesos, mientras que la de un magistrado auxiliar sería de 3.500 millones de pesos. Por eso, como ya se dijo, los cerca de 40 que obtuvieron la ‘palomita’ y pueden pensionarse le pueden costar al Estado 140.000 millones de pesos.
Y estos son los jueces y magistrados que tanto defiende el comunismo criollo, los que saquean los recursos públicos y se muestran como defensores de los derechos de los colombianos. Los mismos que terminan su período como funcionarios públicos y acuden presurosos a ser parte de los colectivos que defienden la narcoguerrilla y la corrupción.
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