Mientras al General Arias Cabrales le imponen una pena de 35 años de prisión por una no probada desaparición de personas en los hechos del Palacio de Justicia, aplicando una inconstitucional retroactividad de la ley penal y con fundamento en dudosos testimonios de personas que nunca fueron plenamente identificadas o con intereses creados por haber sido parte del grupo narcoterrorista que asaltó la sede judicial, la justicia colombiana premia con una pena de 24 años a terroristas de las Farc que aceptaron cargos por su participación en la desaparición, desplazamiento y asesinato de varios habitantes de veredas de Silvania y Viotá (Cundinamarca), durante el año 2002, cuando ya tal conducta punible se encontraba tipificada en las normas penales.
Cuatro integrantes de las Farc, acogidos a la figura de sentencia anticipada ante la Fiscalía, fueron sentenciados a 24 años de prisión por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Descongestión de Cundinamarca.
Los condenados integraron el frente 42 de esa guerrilla que en el año 2002 intimidó, desapareció, desplazó, y ultimó a varios habitantes de veredas de Silvania y Viotá (Cundinamarca). Así mismo, los insurgentes hurtaron semovientes, herramientas y volaron un inmueble.
Ante el material probatorio del fiscal antiterrorismo a cargo del caso los entonces sindicados: Luis Carlos Chaparro Uribe, José Roberto Viracacha Sicua, José Arnulfo Marín Palacios, e Israel Ibáñez Gallo en diligencia de formulación de cargos reconocieron su responsabilidad en los delitos de terrorismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado.
Los hoy condenados al someterse a la terminación anticipada del proceso en la fase de instrucción, y según la normativa vigente para esa época, vieron reducida en 40 por ciento la pena imponible de 40 años.
Es inexplicable que delincuentes avezados sobre los que recae una responsabilidad aceptada por el concurso de delitos que afectaron gravemente a una parte importante de la sociedad colombiana sean premiados por los jueces con una pena absurda, de la cual no pagarán en prisión ni la mitad de la misma porque serán objeto de otras rebajas por buena conducta, estudio y trabajo, etc., si no es que antes se benefician de alguna amnistía o indulto o son incluidos en algún ‘canje humanitario’, mientras a quienes en cumplimiento de la constitución y la ley combatieron las manifestaciones criminales del narcoterrorismo se les juzga y se les aplican condenas que equivalen a cadena perpetua con violación del debido proceso y el derecho a la defensa, con manipulación de pruebas y con una intencionalidad política inocultable.
Mientras los militares son juzgados más como un acto de vindicta a partir de interpretaciones amañadas o perversas de las normas procesales, a los narcoterroristas se les brinda o se les crea toda suerte de garantías para que sus delitos queden impunes o se les apliquen irrisorias penas. Mientras quienes han sido procesados por contactos con las desmovilizadas AUC son objeto de severas sanciones, a los apologistas y patrocinadores de las Farc y ELN se les crean resquicios legales para que evadan su responsabilidad, hasta el punto de que un juez pueda abrogarse facultades de tribunal internacional para declarar ilegal una operación militar de defensa nacional y absolver a un terrorista como Miguel Ángel Beltrán Villegas amparándose en el desafortunado fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema que ilegalizó las pruebas relativas a la llamada farcpolítica.
No estamos en el siglo de los jueces que anunciara el ex magistrado Ibáñez, estamos ante una dictadura judicial que ha sometido a los demás poderes públicos con la amenaza de procesos a quien ose cuestionarla y constriñe al pueblo colombiano, priva a las víctimas de la violencia narcoterrorista de la oportunidad de la verdad, justicia y reparación que se exige para las presuntas víctimas de agentes del Estado y ejerce su potestad como mecanismo de venganza por las derrotas sufridas por las estructuras criminales Farc o Eln.
Tal conducta del poder judicial no puede seguir contemplándose de manera pasiva, ni con amañados conceptos seguir justificándose la tropelía que jueces y magistrados acometen a diario con el único objetivo de eliminar jurídicamente la última fortaleza que impide la imposición de un régimen totalitario como lo orientó el Foro de Sao Paulo, por esa vía destruyeron la institucionalidad militar en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela; a estos neocomunistas les duele que Colombia no se haya plegado y utilizan la justicia como herramienta política para lograr su cometido.
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