LAS FARC SOLO BUSCAN EXCUSAS PARA RECHAZAR LA PAZ

Lo primero que deberían responder los añosos comunistas que defienden el terrorismo de las Farc y señalan al Estado como responsable de la violencia que desde 1964 padece el país, es si es posible sostener, de acuerdo a la dialéctica materialista que, aunque el mundo haya cambiado vertiginosamente, es válido el planteamiento de la combinación de las formas de lucha con los mismos argumentos ideopolíticos utilizados desde los años 50 del siglo pasado.

Porque los planteamientos del llamado ‘intelectual’ cabecilla de las Farc, Alfonso Cano, demuestran que tanto los terroristas, como sus apologistas, son simplemente dinosaurios que aprendieron a manejar la informática para hacer lo que mejor hacen, propaganda no sustentada en la realidad.

El miércoles 8 de noviembre de 1989, los propagandistas soviéticos y sus áulicos en América Latina, gritaban a voz en cuello que el comunismo estaba vivo y presagiaban el pronto término del capitalismo; a la noche del 9 de noviembre el muro era derribado por las ansias libertarias de los pueblos sojuzgados por la hoz y el martillo, con los escombros del muro se sepultaba el marxismo-leninismo, por eso a los neocomunistas se les acomoda más decir que son bolivarianos, se avergüenzan ellos mismos de sus postulados políticos.

Para Alfonso Cano aunque el mundo haya cambiado, Colombia se quedó en los años 50. Según su discurso “Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y nacimos también, como actitud digna y beligerante de rechazo a la injerencia del Gobierno de EEUU en la confrontación militar y en la política interna de nuestra patria, tres razones esenciales que gestaron a las FARC tal como se señala en el Programa Agrario de Marquetalia elaborado y difundido en 1964. Una somera mirada sobre la realidad colombiana de mayo de 2011 nos muestra que, a pesar del contexto internacional reseñado, estos tres factores germinales persisten y se agravan en la actualidad” [1].

De ahí que, para este vocero del narcoterrorismo, la guerrilla aún no está dispuesta a desmovilizarse y dejar la lucha armada, para señalar además de forma cínica y descarada que

Eventualmente unidades nuestras pueden violentar las normas, pero como estamos regidos por unos Estatutos, unas Normas y unos Reglamentos de Régimen Disciplinario estricto, cimentados en una concepción revolucionaria de la vida, que armonizan las relaciones entre combatientes y también, las nuestras con la población civil garantizando una profunda, sincera, armónica y sólida relación, tomamos los correctivos que señalan nuestros documentos.

Respecto al DIH y a sus Protocolos adicionales, mantenemos algunas reservas porque, en ocasiones, dificultan la aproximación a ciertas situaciones, dado que fue concebido y diseñado para conflictos entre naciones y, pese a los protocolos adicionales, no siempre proporciona el justo equilibrio [2].

Son entonces las mismas declaraciones del cabecilla de la organización delincuencial, las que desnudan la realidad de las Farc, una organización criminal cuyo compromiso con una paz real no se encuentra en la praxis de su accionar armado y político, sino que utiliza sus aparatos políticos y los ingenuos ‘progresistas’ que se prestan a su juego, para prolongar la situación de agresión narcoterrorista.

Ninguna persona por ingenua, poco ilustrada o sectaria que sea, puede ignorar que la realidad colombiana cambio 180º a partir de la Constitución Política de 1991, que precisamente reconoció e hizo posibles los derechos inalienables en materias política, económica y social, generando los mecanismos idóneos como la acción de tutela y las acciones de grupo para garantizar su aplicación; se engaña Alfonso Cano y se engañan sus auspiciadores al pretender que nos rige un sistema feudal o dictatorial, cuando el mundo reconoce la democracia colombiana como una de las más duraderas y estables, en la que los poderes públicos ejercen de manera autónoma sus funciones como garantía de desarrollo de los principios constitucionales y legales en procura del bienestar general.

Nos falta avanzar en muchas transformaciones para alcanzar niveles óptimos de justicia social y económica, pero no es mediante la violencia irracional que han practicado las Farc y Eln como ellos se alcanzarán. ¿De qué le han servido al país los cientos de miles de víctimas que el narcoterrorismo ha causado desde 1964? ¿Qué desarrollo social y económico se ha logrado con la voladura de la infraestructura energética, de puentes o carreteras? Los crímenes contra Colombia no son eventualidades como dice Cano, ni justifican las reservas que tengan frente a la Convención de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, son el peor atentado contra las necesidades del pueblo mismo y el peor lastre para superar los estados de injusticia que persistan.

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[1] PÚBLICO.ES. Siempre será posible construir escenarios de negociación con el Gobierno. Junio 11 de 2011. En: http://www.publico.es/internacional/381305/siempre-sera-posible-construir-escenarios-de-negociacion-con-el-gobierno

[2] Ibíd.

EL DURO PRECIO DE SER MUJER EN LAS FARC

Escalofriantes los relatos sobre la situación de la mujer en las estructuras criminales, realizados por el desmovilizado cabecilla del frente 39 de las Farc, Armando Cufiño, alias 'Walter Zorra', quien se entregó a tropas de la IV División del Ejército Nacional [1], la semana pasada.

Esos relatos ratifican lo ya denunciado por la inteligencia militar. El miércoles 2 de julio del 2008, mientras el Ejército rescataba en un punto de las selvas del Guaviare a 15 secuestrados en medio de la Operación Jaque, a pocos kilómetros de allí cuatro jovencitas pasaban la más dura 'prueba' impuesta por un mando de las Farc: una a una, a cambio de no ser castigadas, fueron obligadas a tener relaciones sexuales con 'Canaguaro'.

Al hombre le habían diagnosticado sífilis y las contagió. Así quedó consignado en un correo que 'Gentil Duarte', jefe del frente séptimo de las Farc, le envió en agosto de ese año al 'Mono Jojoy', en el que además le relataba "otras imprudencias" que 'Canaguaro' había tenido con mujeres recién ingresadas al grupo.

Por si fuera poco, se ha documentado como los bloques Sur y Oriental, es que cada frente tiene que cumplir con una 'cuota' de reclutamiento de mujeres, que deben tener entre 13 y 15 años, es decir, niñas. Las mujeres son necesarias para mantener la disciplina de las Farc, y así se ha dejado al descubierto en los análisis al material incautado en diversas operaciones. En cumplimiento de las órdenes del Secretariado, las diversas estructuras criminales de las Farc han incrementado el secuestro, mediante reclutamiento forzado de niñas, sobre todo para mantener la cohesión interna de la guerrilla, como objetos sexuales, como símbolo de respeto y orden, y a la hora de cometer acciones terroristas, como las más decididas para hacerlo. La situación actual de la mujer dentro de la organización narcoguerrillera sigue los lineamientos y la orden, impartida por el secretariado, de llenar los espacios de las deserciones y las bajas que les están dejando las operaciones de la Fuerza Pública, a cualquier costo y bajo cualquier medio.

De ahí que suelte cuando menos incomprensible, que personajes de la política nacional como Piedad Córdoba, se hagan presentes en los sepelios de líderes comunales asesinados para expresar su solidaridad, mientras guarda un silencio cómplice frente a esas acciones de las Farc que son la más cruel expresión de violencia de género contra la mujer colombiana, agravada porque las víctimas están en incapacidad de defenderse. Tales actitudes no son más que una burda expresión de oportunismo y cinismo político.

La sociedad colombiana tiene que estremecerse y manifestarse contra esta violencia injustificada. Son precisamente la parte sexual y la maternidad lo que más ha llevado a que las guerrilleras deserten de las Farc. Cifras de los organismos de seguridad muestran como, de las 112 mujeres que se han desmovilizado en lo corrido de este año, 57 lo hicieron para ir a buscar a los hijos que tuvieron en el monte, en medio de la guerra, y las Farc les obligaron a regalar. Y del mismo número de desertadas, más de 90, es decir cerca del 80 por ciento, han sufrido uno o más abortos inducidos. Y este es el patrón general en la mayoría de mujeres que dejan las filas y que tienen entre 18 y 30 años.

Estas 112 mujeres, sin excepción, han manifestado la frustración que sentían de no poder realizarse como madres y que su sueño, ahora en la vida civil, es poder conformar un hogar.

Los medios y todas las fuerzas vivas del país deben expresar su indignación frente a la propaganda que abierta o veladamente algunos personajes hacen a favor de las Farc en sus intervenciones, basada en mentiras o distorsión de la realidad en esa organización narcoterrorista.

Ya se sabe, por ejemplo, que la paranoia polpotiana de las FARC los ha llevado a ejecutar a por lo menos 400 de sus hombres y mujeres en los últimos dos años, de los cuales están documentados 180 por cuenta de “el Paisa” de la Teófilo y 112 a cargo de Jojoy en el Bloque Oriental. Antes, entre 2005 y 2007, el “ideólogo” Iván Ríos se cargó a 300 de sus colaboradores y como iba se hubiera fusilado el mismo sino es porque Rojas le hace el favor [2].

Pensar que hace unos años la masacre de Tacueyó, donde el Frente Ricardo Franco prácticamente se autoliquidó al torturar y asesinar a 164 de sus miembros, se creía que era culmen de la locura revolucionaria. Ahora las FARC efectúa una masacre de Tacueyó trimestral y Botero tiene la majadería de reiterarnos que en su opinión “¡las FARC son invencibles, invencibles!” [3].

Esa burda propaganda y la manipulación de la información han llevado al país a una no menos absurda creencia, tener por víctimas solamente a las derivadas de acciones criminales de los paramilitares y de algunos elementos de la Fuerza Pública, mientras se silencia e invisibiliza a los miles de colombianos víctimas de las Farc. Ojalá, la Ley de Víctimas les devuelva la presencia y la voz también a quienes han sido y son objeto del criminal accionar de las narcoguerrillas.

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[1] SEMANA. Jefe guerrillero se fugó y trajo noticias desde la selva. 9 de junio de 2011. En: http://www.eltiempo.com/justicia/desercion-de-jefe-guerrillero-de-las-farc_9582609-4

[2] VÉLEZ, Luis Guillermo. Las majaderías de Jorge Enrique Botero. 22 de febrero de 2010. EN: http://www.lasillavacia.com/elblogueo/lgvelez/7046/las-majaderias-de-jorge-enrique-botero

[3] Ibíd.

LAS FARC SIN MORAL Y SIN OPCIONES

No hay futuro. Eso está claro con lo que ha pasado en los últimos meses: los atropellos dentro de la organización son muy grandes, así describe la situación interna de la organización narcoguerrillera el desmovilizado segundo hombre del frente 39 de las Farc, Armando Cufiño, alias 'Walter Zorra', quien se entregó a tropas de la IV División del Ejército Nacional[1].

La afirmación del terrorista constituye un desmentido más a los pesimistas augurios de quienes han asumido en el país la vocería para tratar de imponerle a la sociedad una negociación con el narcoterrorismo, presentada como acuerdo humanitario, al hablar de una reorganización y fortalecimiento de las Farc, para vender su producto.

'Walter', quien tuvo que atravesar con sus compañeros los ríos Iteviare, Siare y Guaviare para poder llegar hasta la base de la IV División del Ejército, en el raudal de Mapiripan, entre Guainía y Guaviare, da cuenta del buen trato que recibió por parte de los militares, indicando que en las Farc todavía es común el cuento de que las tropas lo suben a un helicóptero y luego lo botan para asustar a los guerrilleros que quieran desmovilizarse.

La desmovilización de terroristas se mantiene pese a las férreas medidas represivas que se han tomado al interior de la organización criminal, entre ellas las de atentar contra las familias del guerrillero que se salga de sus filas. Es un hecho que han acrecentado el reclutamiento forzado de menores, especialmente en las comunidades indígenas del Cauca y Nariño, en un intento desesperado por mantener su presencia intimidatoria para favorecer el narcotráfico.

Sin embargo los golpes propinados por el Ejército, especialmente por la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima agravan cada día la situación del llamado Comando Conjunto Central y de su cabecilla alias Alfonso Cano. El Comando Conjunto Central de las FARC se caracteriza por tener guerrilleros que llevan muchos años en la guerrilla, por lo que cada vez que es dado de baja alguno no hay posibilidad de reemplazarlos. No hay mandos medios. Los recientes golpes han generado una crisis de mando muy profunda, dice Ariel Ávila, coordinador del Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris[2].

La seguidilla de golpes propinados a las estructuras criminales que prestan seguridad a Cano se inició el 21 de marzo el Ejército dio muerte en combate a Arquímedes Muñoz Villamil, alias ‘Jerónimo Galeano’. La baja de este hombre, considerado uno de los máximos cabecillas del denominado Comando Conjunto Central de las FARC, se logró gracias a la operación ‘Marzo’.

No pasó mucho tiempo antes de que la guerrilla buscara a alguien para que ocupara su lugar. Su reemplazo fue Alirio Rojas Bocanegra, alias ‘el Abuelo’. Pero duró poco. La semana pasada fue abatido. Horas antes en Venezuela fue capturado Guillermo Enrique Torres, alias ‘Julián Conrado’.

Y meses atrás fue capturado en el Tolima Leonardo Chaux Hernández, alias 'Simón Bernate', quien según las autoridades era el jefe político de alias 'Alfonso Cano'. Hace apenas unos días, el lunes festivo, fue abatido alias ‘Arnulfo’, quien llevaba 16 años en las FARC y coordinaba redes de transporte del material de guerra para el bloque central. Todos llevaban muchos años en las FARC y la mayoría eran considerados parte de los denominados ‘históricos’ de esta guerrilla.

Es un hecho que la baja o captura de cabecillas y mandos medios de la narcoguerrilla tiene una profunda incidencia en la dilución de las diferentes estructuras y ello se aprecia en la fragmentación y bandolerización de los diferentes frentes guerrilleros. Como ha señalado el Comando del Ejército, las Farc fundamentan ahora su trabajo más en las organizaciones de milicianos en las ciudades para causar impactos mediáticos, porque en las regiones rurales ya han perdido toda opción.

Ante el debilitamiento del Bloque Oriental, que tuvo su detonante con la caída del ‘Mono Jojoy’, se fortalecieron en cambio el Comando Conjunto de Occidente (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur del Chocó) y el Comando Conjunto Central del Sur (norte del Huila y oriente tolimense). No en vano en esas regiones es en donde está especialmente concentrada la lucha contra las FARC. Según un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris dado a finales del 2010, el fortalecimiento de estos dos grupos coincide con el protagonismo que adquirieron ‘Alfonso Cano’ y ‘Pablo Catatumbo’, quienes hoy son unos de los principales objetivos[3].

El Ejército Nacional tiene plena conciencia de ello y por eso se sostienen las operaciones en estas áreas. Para el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de la Quinta División del Ejército y quien es tal vez la persona que más de cerca conoce las acciones contra las FARC en el sur del Tolima, los recientes golpes son el resultado de una campaña de acciones sostenidas.

“Son operaciones que no paran, que tienen objetivos claros y que han logrado la muerte o detención de por lo menos diez de las trece ‘fichas claves’ en el comando central”, dijo a Semana.com. El oficial sostiene además que ya se siente en el reaccionar de las FARC los vacíos que esas bajas han producido al interior de la guerrilla.

“Es evidente que se han afectado los mandos y con esto el control territorial que tenían”, dice. Y aunque prefiere ser prudente sobre lo cerca o no que se pueda estar en este momento de ‘Alfonso Cano’, diciendo que continúan trabajando “sin triunfalismos”, sí asegura que vienen causando muchas más bajas a esta estructura, que hoy es quizá una de las que conserva más poder tras el debilitamiento del Bloque Oriental a raíz de la muerte del ‘Mono Jojoy’.

Lo que sí es evidente y se desprende de los testimonios de guerrilleros desmovilizados, es que cada día las Farc pierden la poca moral que les queda y cualquier opción para convertirse nuevamente en amenaza nacional; la situación se refleja en el incremento de ‘juicios populares’ contra sus mismos componentes que generalmente terminan en el asesinato del guerrillero; la paranoia es la característica de los cabecillas de las distintas estructuras y la dirigen contra sus propios hombres y contra indefensos campesinos o indígenas.

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[1] SEMANA. Jefe guerrillero se fugó y trajo noticias desde la selva. 9 de junio de 2011. En: http://www.eltiempo.com/justicia/desercion-de-jefe-guerrillero-de-las-farc_9582609-4

[2] SEMANA. Recientes golpes a las Farc ¿Se acaban los ‘históricos’ de esta guerrilla? 9 de junio de 2011. En: http://www.semana.com/nacion/recientes-golpes-farc-acaban-historicos-esta-guerrilla/158179-3.aspx

[3] Ibíd.

EN LA LUCHA CONTRA LAS FARC LAS FF.MM. SIGUEN SIENDO LAS MISMAS

De manera perversa los nostálgicos de las Farc quieren introducir su ponzoña y dividir a nuestras FF.MM., según sus conveniencias políticas. Se olvidan estos pontífices del neocomunismo que nuestras Fuerzas Armadas son las mismas que evolucionaron de nuestros ejércitos patriotas, que los gobiernos y las ideologías pasan, pero ellas han permanecido en el tiempo y en el espacio.

Las FF.MM. no son responsables de las equívocas decisiones de los jueces de la república empeñados en favorecer la agresión narcoterrorista en sus fallos, al pretender que la legislación imperante para tiempos de paz sea aplicada en medio de la guerra, o del conflicto armado interno. Es en esas decisiones judiciales donde se abre el boquete de amenaza contra la institucionalidad y la democracia en el país; esas decisiones si constituyen realmente lo que llaman ‘falsos positivos’ en tanto reclaman como éxito la victoria jurídica del narcoterrorismo.

No se trata, como dice León Valencia, de aprender a sobrellevar la nostalgia que nos produce el hecho de que las Farc no sean el centro del debate nacional. Tendrán que aprender que el "apaciguamiento" o la "exaltación abusiva de la guerra" no son las únicas alternativas para encarar el conflicto armado[1]. En ese camino no ha habido una trecha alterna, el Presidente de Colombia es quien fungiera como Ministro de Defensa en el anterior gobierno y le ha dado la continuidad a la lucha contra el narcoterrorismo, prueba de ello son los golpes propinados en estos 10 meses a la organización criminal.

León Valencia y otros comentaristas similares padecen el síndrome de la añoranza de aquellos tiempos en que las Farc y demás organizaciones narcoterroristas pusieron en jaque al Estado colombiano, hasta el punto de que fuéramos calificados como un Estado inviable; añoran y pujan porque se repita un circo como el de Cartagena del Chairá o una concesión generosa como El Caguán, para que las narcoguerrillas puedan reorganizarse y fortalecerse y la agresión narcoterrorista tenga una continuidad favorable a las intenciones del neocomunismo latinoamericano.

Los continuos ataques mediáticos contra las FF.MM., sólo buscan dividir el apoyo popular que nuestros soldados tienen entre la población; a terroristas y ex terroristas les duele sobremanera que el pueblo colombiano tenga en su mente y en su corazón al soldado, que las acciones contra el narcoterrorismo se legitimen gracias a esa aceptación popular, algo que en 47 años la narcoguerrilla jamás alcanzó y de ahí su incapacidad para convertirse en parte legítima de un conflicto.

Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una de las instituciones que más se han adaptado a la democracia y a la sujeción al poder civil, aún en las etapas más oscuras de nuestra nacionalidad; han hecho de manera respetuosa a la normatividad, las críticas y apreciaciones necesarias para garantizar el orden constitucional, no siempre de buen recibo por los gobernantes que han preferido sacrificarlas para obtener popularidad.

Tanto así que la única ruptura en la gobernabilidad del país se dio por petición de la misma sociedad civil (1953-1957) y no como decisión propia de las FF.MM., ante el grave deterioro del orden público interno y la necesidad de buscar la reconciliación del país a través del Frente Nacional que sucedió esa época histórica. El pueblo colombiano legitimó el gobierno del General Rojas Pinilla mediante el Acto Legislativo No.1 del 18 de junio de 1953, de tal manera que no constituyó un gobierno de facto como ocurrió en otras latitudes.

Debe recordarse además que el único gobierno militar que tuvo Colombia, se empeñó en buscar el fortalecimiento del Estado colombiano basado en la doctrina social de la Iglesia católica y en el ideario del Libertador Simón Bolívar. El ejército, mantenía una estrecha alianza con la Iglesia Católica. Estimulaba reformas sociales en beneficio de los sectores de bajos recursos. Según sus ideas, sin la justicia social sería muy difícil la paz y mucho más la libertad. “No se puede hablar de paz sin justicia social y justa distribución y goce de las riquezas". Por eso su programa ha sido considerado como un "movimiento cristiano nacionalista" para el progreso social y económico del pueblo colombiano. Para el logro de sus metas socio-económicas era indispensable estimular el trabajo y facilitar, por parte del gobierno, la asistencia social, la educación, la orientación técnica.

Sin olvidar tampoco que fue ese gobierno militar el que expidió la más generosa amnistía a las entonces guerrillas liberales y que fue el comunismo internacional el que asaltó la buena fe para manipular un grupo de campesinos en Marquetalia para dar inicio a la nueva violencia que aún hoy nos afecta; las Farc y Eln son producto de la ambición comunista de reproducir en nuestra América el fracasado proyecto de la URSS, retomado ahora por los llamados países bolivarianos.

Vanos serán entonces los esfuerzos de terroristas y ex terroristas en generar divisiones al interior de las FF.MM., o de poner al gobierno en contra de su Ejército acudiendo a la grosera lisonja que los acompaña para esconder sus perversas intenciones de favorecer la arremetida jurídico-política contra el soldado. Nuestros soldados, aviadores y marinos están comprometidos con el futuro democrático de la Patria y no cederán a los cantos de sirena, a los espejismos que el neocomunismo crea para engañarlos.

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[1] SEMANA. Los nostálgicos de las Farc. En: http://www.semana.com/opinion/nostalgicos-farc/157900-3.aspx

EL CARTEL DE LAS TOGAS

No basta cualquier exageración para describir en qué se ha convertido el siglo de los jueces que anunciaba el ex magistrado Ibáñez, estamos en la dictadura de los jueces que legislan para sí mismos y contra el pueblo colombiano.

No es el mayor escándalo el fallo que desconoce la realidad de la violencia en Colombia, que hace nugatorio el derecho de las víctimas del narcoterrorismo a acceder a la justicia, la verdad y la reparación, de la sociedad a conocer a sus agresores, algo previsible en magistrados que al terminar su período se convierten en defensores de los personajes de la izquierda colombiana o candidatos de esas organizaciones a las corporaciones públicas, son esos magistrados y jueces, que han consagrado la agresión narcoterrorista como ‘lucha altruista’ para generar la impunidad leguleya o tecnicista que se deriva de los fallos a favor de la farcpolítica por ejemplo, o del narcotráfico en cientos de sentencias que obligan al Estado incluso a devolverle a los delincuentes los medios utilizados para el delito.

Para burla de los colombianos, esos jueces y magistrados que administran nuestra justicia se han adjudicado los mayores privilegios pensionales mientras niegan o se abstienen de pronunciarse frente a la petición de una pensión mínima, es suficiente ejemplo de esa grosería saber cómo en el Consejo de la Judicatura, con una 'palomita' de un mes se puede obtener una pensión de hasta 13 millones de pesos mensuales. Es tan escandaloso que cada una de estas pensiones le cuesta al Estado 3.500 millones de pesos.

Es seguro que así como amarraron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para sabotear cualquier investigación sobre los vínculos de nuestros magistrados con el narcotráfico, ahora sabotearan e impedirán cualquier investigación con respecto a la forma en que han sentado ‘jurídicamente’ su exclusión del sistema de seguridad social integral en materia de pensiones.

En febrero de 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, lanzó una frase que cayó como una bomba atómica en el Palacio de Justicia: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes”, dijo. En ese momento se refería a que a punta de fallos de tutela algunos magistrados estaban favoreciendo a congresistas enredados en el escándalo de la parapolítica. El tiempo terminó dándole la razón a Pinilla. Hace dos semanas, Caracol Radio prendió las alarmas sobre la existencia de un carrusel de contratos en el Consejo de la Judicatura y mostró una serie de nombramientos hechos en 2010

En dos años y medio, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les han dado ‘palomitas’ como magistrados auxiliares a cerca de 90 personas (sin contar los magistrados auxiliares que están hoy activos), y gracias a esa ‘palomita’ por lo menos la mitad de ellos, se podrán jubilar con pensiones multimillonarias, que le pueden costar al Estado, en total, 140.000 millones de pesos.

El detalle más escandaloso es que un juez que se gana cuatro millones de pesos, si logra que le den la dichosa ‘palomita’ de magistrado auxiliar, así sea solo durante un mes, como por arte de magia consigue que su pensión se multiplique y llegue a ser calculada sobre un salario de entre 14 y 17 millones de pesos. La mesada, que es el equivalente al 75 por ciento, le llegará de 10,5 a 12,75 millones de pesos.

Los casos abundan. Cenaida Mejía Báez, por ejemplo, era la juez municipal de Chipaque, Cundinamarca, trabajó un mes y diez días como magistrada auxiliar de Julia Emma Garzón y ya está jubilada con el tope máximo de pensión. Lo mismo le ocurrió, para citar apenas otros ejemplos, a Luis Gonzalo Ardila, juez de Bogotá; a Álvaro Rojas Mallorquín, abogado que no registra rastro alguno en Internet; a Elías Cabrera y a Jesús Herrera Cortés, jueces de Ibagué, y a Luis Rojas Tovar, fiscal de Bogotá, que luego de tener una ‘palomita’ de entre uno y dos meses y medio en el despacho del magistrado Henry Villarraga, ya están haciendo su trámite de pensión.

Y así como en los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, los otros dos campeones en materia de nombramientos exprés son los magistrados Ovidio Claros y Pedro Sanabria. En las oficinas de los otros tres juristas que integran la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura –María Mercedes López, Jorge Armando Otálora y Angelino Lizcano– no se evidencia este tipo de prácticas.

Como si fuera poco, los mismos magistrados han ido creando una jurisprudencia que además les da otras gabelas a los funcionarios de la rama, a punta de otros fallos, en particular del Consejo de Estado. Una de ellas es que el monto sobre el cual se calcula la pensión incluye todo tipo de primas (de vacaciones, quinquenios, etcétera). Y para rematar, la edad de pensión para quienes gozan de este privilegio es de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres, es decir, mucho menor que la rige hoy para los demás colombianos.

El impacto del pago de estas pensiones vía ‘palomita’ sobre las finanzas del Estado es demoledor. Si se pagara todo el costo de una pensión hoy (lo que los especialistas llaman valor actuarial), el total de la mesada de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de 110 millones de pesos, mientras que la de un magistrado auxiliar sería de 3.500 millones de pesos. Por eso, como ya se dijo, los cerca de 40 que obtuvieron la ‘palomita’ y pueden pensionarse le pueden costar al Estado 140.000 millones de pesos.

Y estos son los jueces y magistrados que tanto defiende el comunismo criollo, los que saquean los recursos públicos y se muestran como defensores de los derechos de los colombianos. Los mismos que terminan su período como funcionarios públicos y acuden presurosos a ser parte de los colectivos que defienden la narcoguerrilla y la corrupción.

FRENTE AL PEDIDO DE CAMBIAR LUCHA CONTRA LAS DROGAS, LOS NARCOS SE ARMAN

Ya no son solamente los submarinos de las narcoguerrillas colombianas, ahora los cárteles mexicanos montan su arma de blindados. Las bandas mexicanas de narcotraficantes están inmersas en una carrera armamentística, y la muestra más reciente de esto son los vehículos fuertemente blindados de fabricación artesanal, que despliegan en sus feroces enfrentamientos con grupos rivales[1], los cuales tienen capacidad de desplegarse a los países vecinos hoy inmersos en una guerra no declarada, de pronto sea considerado también conflicto interno, protagonizada por los Zetas.

El descubrimiento más reciente demostró que las bandas criminales están a la ofensiva. Los dos vehículos blindados estaban cubiertos de planchas de acero de una pulgada de espesor. Construidos sobre la cama de camiones de tres ejes con una cabina fuertemente blindada, los “narcotanques” más recientes son mucho mayores que las versiones previas. “Allí caben fácilmente 20 personas armadas”, dijo un oficial militar no identificado a El Porvenir TV, mientras mostraba el interior de uno de los vehículos[2].

El oficial dijo que los vehículos podían resistir el fuego de armas montadas de calibre 50 y las explosiones de granadas de mano, y tenían además un puntiagudo ariete de acero en el frente. Una patrulla militar encontró los tanques después que unos soldados avistaron a dos hombres armados a lo largo de la carretera que va de de Nuevo Laredo a Reynosa, a las afueras de Camargo, dijeron las autoridades. Los dos hombres corrieron hacia un almacén. Adentro, los soldados encontraron los dos camiones blindados y un taller para fabricar más. Otros dos camiones se encontraban en el proceso de ser blindados con acero[3].

El 16 de abril, una patrulla del ejército oyó explosiones alrededor de Ciudad Mier, también en el estado de Tamaulipas, y descubrió el casco quemado de otro “narcotanque”. Ese vehículo estaba pintado de color verde militar, y tenía dos torretas superiores y seis ventanillas laterales para disparar a través de ellas. Su capacidad era de 12 combatientes. El vehículo, dijo el ejército, era pesado, grande, y “no muy maniobrable en áreas urbanas o en suelos suaves o arenosos”.

Mientras los narcos se arman y amenazan con extender sus guerras a los países centroamericanos[4], ilustres ex mandatarios y otras personalidades del continente, a falta de más oficio, se dedican a promocionar la claudicación frente a la lucha contra el narcotráfico argumentando un presunto fracaso de las políticas actuales para contener ese fenómeno delictivo.

Los oficiosos defensores de la liberación del consumo de sustancias sicotrópicas olvidan que, como ha señalado la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno mexicano, encabezada por Alejandro Poiré, "tomar medidas parciales es insuficiente e ineficaz porque es un fenómeno trasnacional, con una estructura de mercado internacional y requiere ser analizado en un contexto mucho más amplio que en un solo Estado"

Para nuestro caso, el ex presidente César Gaviria parece olvidar que las Farc han subsistido y adelantan su agresión terrorista gracias a los recursos que le proporciona el narcotráfico y su alianza transnacional, que legalizar esos recursos no implica un automático cese del terrorismo por parte de las narcoguerrillas, cuyo ingreso por ese concepto es ubicado entre el 42 y 45% del total de sus recursos; que por el contrario, se haría más difícil perseguir y controlar esa fuente de financiamiento y la aplicación de las medidas legales para su reducción.

Así como ocurre en Colombia, en México el delito del narcotráfico está ligado a otros conexos como señala el Secretario Poiré: "Pensar que el crimen organizado en México es igual a narcotráfico, ignora que el crimen organizado comete otros delitos como secuestro, extorsión y robo", apuntó para los medios el funcionario. La misma disyuntiva podría plantearse para Colombia donde el narcotráfico está íntimamente ligado a otras manifestaciones criminales como el narcoterrorismo de las Farc, Eln y las Bacrim.

La llamada Comisión Global de Políticas Sobre Drogas CGPSD, de la cual hacen parte entre otros ex presidentes como Ernesto Zedillo de México y César Gaviria Trujillo de Colombia, fundamenta sus alegatos que en voz de el empresario británico Richard Branson insiste en que la guerra contra las drogas es un fracaso porque no se ha reducido el consumo y ha llenado las cárceles. Además, cuesta millones de dólares a los contribuyentes, alienta el crimen organizado y provoca miles de muertos.

Mientras el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, el gran elector de Ollanta Humala, quien también forma parte de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, ha declarado en diversas ocasiones que América Latina debe legalizar el consumo de drogas, “o de lo contrario el continente entero terminará como México”, el gobierno costarricense informaba documentadamente que cárteles del narcotráfico originarios de México y Colombia se disputan en Costa Rica el control de rutas para enviar drogas a Estados Unidos y Europa, de tal manera que cualquier cesión en políticas de Estado contra el delito, será una concesión gratuita a los cárteles narcotraficantes.

La llamada persecución legal a los consumidores de narcóticos es un mito en la realidad, a pesar de la existencia de normas policiales o penales que criminalizan el consumo, la realidad muestra que esa infracción normativa no es perseguida, hay otras prioridades para la tarea policial y judicial, así que el argumento de los ilustres ‘académicos e intelectuales’ es igual de vacuo y absurdo.

Proponer que el Estado asuma la responsabilidad, a costa de los impuestos que pagan los contribuyentes, de quienes voluntaria e individualmente optan por el consumo de narcóticos, no es una solución realista y si fuente de un mayor desfinanciamiento del Estado, se extendería inmediatamente a los consumidores de otras sustancias adictivas como el alcohol y el tabaco, que en el caso colombiano son fuente de tributación para la salud y la educación.

De ahí que al igual que con el tabaco y el alcohol, la Comisión recomienda acabar con la "criminalización", "marginalización" y "estigmatización" de los consumidores que no causan daños a terceros. También refiere que es necesario experimentar con modelos de regulación, especialmente en el caso de la marihuana, para minar el poder del crimen organizado, pero si su modelo de propuesta es el Holandés, deberían tener en cuenta la desregularización impuesta en ese país que fue convertido en puerto de consumo de los adictos, sin que representara mejores ingresos para el Estado.

La despenalización de drogas ha fracasado a nivel internacional, incluso en países que oportunamente se jactaron de haber tomado esa medida. Tal es el caso de Holanda, nación que está reviendo su histórica decisión despenalizadora y ha disminuido la dosis de narcóticos permitida para consumo personal. En tal sentido, el gobierno holandés ha anticipado que de manera inminente volverá a la política de la penalización y admitió que la política de "permisividad" ha sido un rotundo fracaso. Lo mismo aseguró hace pocos meses Jaime Bermúdez, ex canciller de Colombia, quien admitió que en su país, gracias a la despenalización, no sólo no se redujeron los índices de consumo de drogas, sino que crecieron los carteles y las mafias[5].

Es un hecho que mientras el narcotráfico, incluidas las Farc y Eln, tengan rutas seguras para sus ingresos y mientras exista la demanda de narcóticos, el negocio no acabará; de ahí que la voluntad mundial debe estar encaminada a atacar la economía narcotraficante, en los países de producción y en los de consumo; mientras subsistan normas que protegen esos capitales, los narcotraficantes y los terroristas tendrán un amplio campo para actuar.

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[1] Ver en: http://www.elnuevoherald.com/2011/06/06/956422/narcotanques-en-mexico.html#ixzz1OeLkSBae

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4] Ver en: http://www.eluniversal.com/2010/12/28/int_ava_cartel-mexicano-de-l_28A4906931.shtml

[5] SANZ, Christian. Despenalización de las drogas, locura oficial. Consultado en: http://www.periodicotribuna.com.ar/5227-despenalizacion-de-las-drogas-la-locura-oficial.html

LA CRÓNICA IDIOTEZ DE LA CLASE POLÍTICA COLOMBIANA

Los políticos hoy reclaman cualquier cosa que, introduciéndose en el pensamiento popular, los convierta en los magos de la solución de problemas seculares, sin tener en cuenta que son sus antecesores son los directamente responsables de la generación de esos problemas que hoy nos aquejan.

No vamos a hablar de partidos, vamos a hablar de la idiotez cíclica que los afecta: Liberales, conservadores y comunistas, incluyendo todos los socialistas de todas las pelambres, han auspiciado la violencia en nuestro país. Invocando esta o aquella tesis que cada uno ha fabricado su justificación. Basta ver lo que sucede con la actual campaña electoral en Bogotá, un dirigente político supuestamente neutral frente a la historia colombiana, reniega de ella para atravesarse en el camino y torpedear la de quien antes fueron sus aliados, socios y colaboradores, para simplemente convertirse en un actor más de los mismos vicios y cánceres de nuestra política nacional.

Puede ser que no lleguemos a la ‘guerra de los girasoles’, pero si afrontamos la agresión narcoterrorista, recogiendo la acertada definición del señor Comandante de las FF.MM., algo que nuestra clase política desconoce a diario y que ha servido como fundamento para que el frente ‘Pardo Leal’ de la justicia colombiana nos consuma a diario y nos lleve a la situación de invalidez del Estado social de derecho, como retaliación a la fracasada toma del poder armado por parte de las narcoguerrillas y como vindicta contra el gobierno pasado por las derrotas recibidas.

La idiotez de nuestros políticos no es nueva, es cíclica, y proviene de sus orígenes como actores del conflicto desde los años 40; el liberalismo colombiano fue el que convocó a la guerra de guerrillas en el país, ante la ineptitud demostrada de ser alternativa en el poder. Quien quiera diferenciar la lucha de las guerrillas liberales y la respuesta que la Constitución y la ley de entonces obligaba al régimen conservador, está perdiendo de vista la realidad histórica que acompaña las tan consabidas respuestas que a la rebelión o el alzamiento en armas corresponde al gobierno legítimo.

Tal idiotez que embarga a nuestros poderes públicos tampoco es nueva, de la misma han dado suficientes síntomas desde el día en que Colombia, queriendo alcanzar la paz, se hizo parte de un contrato social llamado entonces el Frente Nacional

El Frente Nacional empezó a crearse poco antes de que el general Gustavo Rojas Pinilla presentara su renuncia al cargo de Presidente de la República. Una vez acontecido esto, el poder del Estado quedó en manos de la Junta militar, nombre que se le dio al grupo de generales que se comprometieron a gobernar hasta el 7 de agosto de 1958, fecha en que culminaba el período de gobierno del general Rojas.

El Acuerdo que dio lugar al Frente Nacional nunca se consultó a los ciudadanos, eso es cierto; pero se firmó con todo con el propósito de superar la honda crisis que agobiaba al país, pues Colombia vivía uno de los momentos más violentos de su historia, lo que hizo que los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, buscasen soluciones conjuntas que lograsen culminar en acuerdos políticos que permitieran traer al país un clima de paz y de desarrollo económico.

Antes de la caída de Rojas Pinilla, las bases del Frente Nacional se comenzaron a definir en la ciudad española de Benidorm tras las reuniones y encuentros que sostuvieron Laureano Gómez (en nombre del Partido Conservador) y Alberto Lleras Camargo (en nombre del Partido Liberal).

Luego de la designación del a Junta Militar, los conservadores y liberales vieron que el sueño de crear el Frente Nacional estaba cerca, razón por la cual se reunieron de nuevo en España, esta vez en la población de Sitges, para definir algunos puntos de acuerdos fundamentales en la materia electoral, así como unas reglas a seguir. Se tenía claro que el objetivo principal del Frente Nacional era conseguir la paz del país y lograr acabar con los numerosos grupos armados fuera de la ley que operaban en el territorio nacional.

Pero los apetitos políticos se impusieron una vez más sobre el bien común; liberales y conservadores coincidieron en la necesidad de castrar la institución militar hasta el punto de no atender los antecedentes y efectos de la llamada ‘combinación de las formas de lucha’, preconizada por el comunismo internacional y que hoy se reflejan en la agresión narcoterrorista; frente a la ofensiva militar desarrollada por el anterior gobierno, hoy vuelve a hablarse de que la llave de acuerdos con el enemigo no se ha perdido y se acepta que la ley califique al soldado como un agresor, al mismo nivel del narcoterrorista.

ABATIDO ALIAS EL ABUELO, JEFE DE SEGURIDAD DE ALFONSO CANO

Alirio Rojas Bocanegra, alias "El Abuelo", fue abatido por tropas oficiales en la zona rural del municipio de Rioblanco, departamento de Tolima, 230 kilómetros al suroeste de Bogotá.

"El Abuelo", terrorista que llevaba al menos 23 años en las filas de las Farc, era el era cabecilla de la compañía 'Miller Salcedo' y comandaba, en sustitución de Arquímedes Muñoz Villamil, alias Jerónimo Galeano, muerto en combate en marzo pasado, todos los frentes guerrilleros (16 estructuras criminales de ese grupo armado ilegal), que le prestan seguridad a Guillermo León Sáenz o "Alfonso Cano", máximo jefe de esa organización criminal desde mayo de 2008; por lo que el golpe propinado a la narcoguerrilla es de importancia estratégica y demostrativo que el cerco al cabecilla de las Farc se cierra cada vez más.

El abatido terrorista era el instructor de un centro de entrenamiento de las Farc en el sur del departamento del Tolima, responsable de decenas de acciones terroristas en los municipios de Rioblanco, Planadas, Chaparral y Ataco, fue quien ordenó en el 2008 el asesinato del candidato a la alcaldía Jorge Álvarez Rodríguez.

Junto al bandolero fueron abatidos alias ‘Rubén’, encargado de la emisora de las Farc en el sur de Tolima y una mujer conocida con el alias ‘Laura’.

Las fuerzas especiales del Ejército desplegaron el operativo en zona rural del municipio de Rioblanco, en el sur del Tolima. Los soldados ubicaron a los guerrilleros en una vereda conocida como Rionegro. En los combates librados por la Fuerza de Tarea Sur del Tolima, también fue capturado un menor de edad. El Ejército incautó tres computadores, 16 fusiles y varios radios de comunicaciones.

Simultáneamente a la baja de alias El Abuelo, se capturó en Cúcuta a dos sujetos acusados de pertenecer a las filas del ELN, entre los que está alias ‘Ever’, que lleva 25 años en esa guerrilla, uno de los reemplazantes de la dirección del ELN.

Estas acciones son demostrativas de que pese a la guerra jurídico-política y las desafortunadas decisiones judiciales favorables al narcoterrorismo, el Ejército colombiano sigue empeñado con fe en la causa, en la tarea de derrotar las organizaciones armadas ilegales que tanto le han hecho al país en los últimos 47 años, sembrando dolor, muerte y destrucción a su paso.

Los éxitos alcanzados en las operaciones militares contra la narcoguerrilla indican sin lugar a dudas que nuestros militares están comprometidos sin ninguna reserva; que el lema Fe en la causa, comportamiento ético superior, es la fuerza interior que inspira a los integrantes del Ejército Nacional, para lograr la victoria de manera irreprochable; que las argucias legales que pretenden destruir lo alcanzado en los últimos 8 años contra las bandas narcoterroristas no amilanan o dañan la moral de nuestras tropas.

Por más alboroto que armen los enemigos de la democracia, quienes pretenden vender la idea absurda de que el narcoterrorismo es una expresión de ‘lucha altruista’, no prevalecerán.

Nuestros ciudadanos y nuestros soldados están convencidos que la Campaña Institucional Fe en la causa comportamiento ético superior, es una fortaleza que permite seguir empoderando en cada miembro de la Institución, la vocación de servicio, los principios y valores, con el propósito de conseguir el objetivo final: la victoria de manera transparente, entendida como el sagrado cumplimiento de la misión constitucional.

Juntos, Ejército y pueblo le hemos propinado las más significativas derrotas al narcoterrorismo y esa es una senda ya transitada sobre lo que no es posible un solo paso atrás; el narcoterrorismo tendrá que entender que solo el sometimiento a la Constitución y la ley es la única salida real que tienen, de persistir en sus acciones criminales sólo tendrán dos opciones: la cárcel o el cementerio.

LA DESPROPORCIONALIDAD DE LA JUSTICIA COLOMBIANA

Mientras al General Arias Cabrales le imponen una pena de 35 años de prisión por una no probada desaparición de personas en los hechos del Palacio de Justicia, aplicando una inconstitucional retroactividad de la ley penal y con fundamento en dudosos testimonios de personas que nunca fueron plenamente identificadas o con intereses creados por haber sido parte del grupo narcoterrorista que asaltó la sede judicial, la justicia colombiana premia con una pena de 24 años a terroristas de las Farc que aceptaron cargos por su participación en la desaparición, desplazamiento y asesinato de varios habitantes de veredas de Silvania y Viotá (Cundinamarca), durante el año 2002, cuando ya tal conducta punible se encontraba tipificada en las normas penales.

Cuatro integrantes de las Farc, acogidos a la figura de sentencia anticipada ante la Fiscalía, fueron sentenciados a 24 años de prisión por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Descongestión de Cundinamarca.
Los condenados integraron el frente 42 de esa guerrilla que en el año 2002 intimidó, desapareció, desplazó, y ultimó a varios habitantes de veredas de Silvania y Viotá (Cundinamarca). Así mismo, los insurgentes hurtaron semovientes, herramientas y volaron un inmueble.

Ante el material probatorio del fiscal antiterrorismo a cargo del caso los entonces sindicados: Luis Carlos Chaparro Uribe, José Roberto Viracacha Sicua, José Arnulfo Marín Palacios, e Israel Ibáñez Gallo en diligencia de formulación de cargos reconocieron su responsabilidad en los delitos de terrorismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

Los hoy condenados al someterse a la terminación anticipada del proceso en la fase de instrucción, y según la normativa vigente para esa época, vieron reducida en 40 por ciento la pena imponible de 40 años.

Es inexplicable que delincuentes avezados sobre los que recae una responsabilidad aceptada por el concurso de delitos que afectaron gravemente a una parte importante de la sociedad colombiana sean premiados por los jueces con una pena absurda, de la cual no pagarán en prisión ni la mitad de la misma porque serán objeto de otras rebajas por buena conducta, estudio y trabajo, etc., si no es que antes se benefician de alguna amnistía o indulto o son incluidos en algún ‘canje humanitario’, mientras a quienes en cumplimiento de la constitución y la ley combatieron las manifestaciones criminales del narcoterrorismo se les juzga y se les aplican condenas que equivalen a cadena perpetua con violación del debido proceso y el derecho a la defensa, con manipulación de pruebas y con una intencionalidad política inocultable.

Mientras los militares son juzgados más como un acto de vindicta a partir de interpretaciones amañadas o perversas de las normas procesales, a los narcoterroristas se les brinda o se les crea toda suerte de garantías para que sus delitos queden impunes o se les apliquen irrisorias penas. Mientras quienes han sido procesados por contactos con las desmovilizadas AUC son objeto de severas sanciones, a los apologistas y patrocinadores de las Farc y ELN se les crean resquicios legales para que evadan su responsabilidad, hasta el punto de que un juez pueda abrogarse facultades de tribunal internacional para declarar ilegal una operación militar de defensa nacional y absolver a un terrorista como Miguel Ángel Beltrán Villegas amparándose en el desafortunado fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema que ilegalizó las pruebas relativas a la llamada farcpolítica.

No estamos en el siglo de los jueces que anunciara el ex magistrado Ibáñez, estamos ante una dictadura judicial que ha sometido a los demás poderes públicos con la amenaza de procesos a quien ose cuestionarla y constriñe al pueblo colombiano, priva a las víctimas de la violencia narcoterrorista de la oportunidad de la verdad, justicia y reparación que se exige para las presuntas víctimas de agentes del Estado y ejerce su potestad como mecanismo de venganza por las derrotas sufridas por las estructuras criminales Farc o Eln.

Tal conducta del poder judicial no puede seguir contemplándose de manera pasiva, ni con amañados conceptos seguir justificándose la tropelía que jueces y magistrados acometen a diario con el único objetivo de eliminar jurídicamente la última fortaleza que impide la imposición de un régimen totalitario como lo orientó el Foro de Sao Paulo, por esa vía destruyeron la institucionalidad militar en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela; a estos neocomunistas les duele que Colombia no se haya plegado y utilizan la justicia como herramienta política para lograr su cometido.

EL NEGOCIO DE LOS ESCÁNDALOS MEDIÁTICOS

Es una realidad que para los medios de comunicación lo que importa no es transmitir información imparcial y veraz como lo ordena la Constitución, sino acrecentar el negocio que significa un mayor número de ediciones vendidas o un mejor rating en la competencia, de ahí que refritar una y otra vez informaciones sobre escándalos sea una práctica consuetudinaria.

Atendiendo no los intereses nacionales, sino los mezquinos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y una ONG llamada Minga, retoman ahora el cuento de los ‘falsos positivos’ que están siendo investigados por la justicia ordinaria, para atraer la atención de los ciudadanos, no importa que para ello no aporte nada nuevo, sino que recicle la misma información que ha presentado en los últimos 3 años, en su intento de presentar los llamados wilkileaks como una noticia nueva.

Bueno, la diferencia es que ya no hacen mención a los wilkileaks, porque dejaron de ser novedad, sino que ahora los llaman documentos desclasificados y publicados por la organización National Security Archive de Washington D.C., que terminan siendo la misma cosa.

Las organizaciones de defensa del narcoterrorismo saben utilizar muy bien el ‘afán de la chiva’ que carcome a nuestros periodistas y hacen uso de él para presionar a los organismos judiciales y políticos; mientras reclaman para los terroristas el apego absoluto a la literalidad de las normas logrando sentencias como la proferida por la Corte Suprema de Justicia sobre los computadores de alias Raúl Reyes, como sinónimo del respeto al debido proceso, mientras se crea en la opinión una falsa concepción de que al militar no se le debe reconocer la aplicación del mismo.

Basta con partir de la apreciación que tienen jueces y magistrados para definir la viabilidad de los procesos judiciales contra terroristas o auxiliadores del terrorismo capturados, se aplican todas las garantías procesales y se anula cualquier captura o prueba si en su recolección no concurren absolutamente todos los requerimientos del CPP, entre ellos por ejemplo, que la captura o recolección de prueba o evidencia, haya sido efectuada por policía judicial y previa orden judicial, mientras que para iniciar un proceso contra un militar basta el simple dicho de cualquier delincuente en busca de privilegios o beneficios judiciales.

De esa manera se va creando una imagen negativa contra el militar, quien termina siendo visto como el actor de la guerra, como el agente violador de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, mientras el terrorista termina siendo calificado sin ninguna vergüenza como un ‘luchador altruista’ motivado políticamente por el estado de injusticia social, económica o política que padece la sociedad colombiana.

Mientras la Fiscal General cuestiona la defensa de los militares atribuyéndole presuntas dilaciones y prácticas contrarias a la debida lealtad procesal, nada dice de las tácticas permanentes y sistemáticas de los colectivos de abogados y ONGs para sabotear los procesos y lograr que los terroristas capturados sean beneficiarios del hábeas corpus y otras figuras jurídicas que han permitido que cabecillas reconocidos de las Farc puedan eludir la justicia y refugiarse en Nicaragua, Cuba o Venezuela. De estos hechos apenas si dan cuenta los medios, que se han prestado incluso a presentar como víctimas a reconocidos personajes que le sirven políticamente al narcoterrorismo.

Es tan grave la manipulación de la información que basta un ejemplo: El diario El Tiempo titula hoy en primera plana ‘De los falsos positivos de Soacha, solo 1 caso avanza’[1], lo que da la sensación al lector que los supuestos 1.500 casos judiciales por esta presunta conducta permanecen inactivos; pero en la página 2 se muestra un cuadro de estadísticas donde se reseña que hay 1.575 casos a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, de los cuales 1.486 están activos.

Que por los mismos, 72 uniformados han aceptado cargos, es decir están en la etapa de juicio y que 59 más han sido absueltos de responsabilidad o han precluído los procesos por falta de materialidad de las conductas endilgadas; de donde se tiene que por lo menos 131 procesos han superado la etapa investigativa y han avanzado. Muchos, muchísimos más que los que la justicia tiene a su cargo por los delitos de narcoterrorismo y conexos.

Es noticia que un juez haya entutelado al Presidente por decir públicamente que pediría al Consejo Superior de la Judicatura que investigara conductas de operadores judiciales que favorecen en sus decisiones a miembros de las organizaciones narcoterroristas, pero no es noticia que tales conductas se estén presentando a diario, tales hechos solo quedan para la opinión aislada de algunos ciudadanos inquietos por esa situación.

La guerra jurídico-política contra las Fuerzas Militares tiene como ‘idiota útil’, por ingenuidad o perversa intención, el escenario de los medios de comunicación que han renunciado a su responsabilidad social para atender sus intereses económicos.

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[1] EL TIEMPO. ‘De los falsos positivos de Soacha, solo 1 caso avanza’ Miércoles, 1 de junio de 2011. Págs. 1 y 2.