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viernes, 15 de octubre de 2010

VENEZUELA SE PRONUNCIA SOBRE CASO ETA-FARC


Ante la abundante evidencia de las relaciones ETA-FARC en territorio venezolano que la Audiencia Nacional española ha recopilado, más la desprendida de los computadores portátiles de cabecillas de la organización narcoterrorista colombiana, especialmente en las del abatido Raúl Reyes, el gobierno venezolano había tratado de amainar cualquier crítica señalando que las confesiones de los etarras era producto de tortura y ahora cínicamente pide la extradición del general de División Néstor González González, que comparecerá el próximo 15 de noviembre en la Audiencia Nacional como testigo de la causa en la que se investigan las supuestas vinculaciones de las organizaciones criminales.

El general González no es requerido por la fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien ha solicitado al Tribunal 19 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), iniciar los trámites de extradición ante la Audiencia española del citado Oficial, para que declare lo que conoce sobre los vínculos terroristas y la colaboración de funcionarios venezolanos; no, el señor general es solicitado en extradición para que responda por delito de rebelión por participar en el golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que tuvo lugar el 11 de abril de 2002.

Es evidente entonces que los organismos judiciales venezolanos siguen supeditados a los intereses políticos del gobernante y que no actuaran para establecer la realidad de los hechos incontrovertibles que habían sido denunciados por Colombia ante la OEA el pasado mes de julio y que ocupan el interés judicial español. Venezuela quiere silenciar a un testigo del calibre del general González y aplicar la guillotina socialista a quien es testigo clave en la creación de la transnacional terrorista.


La petición de entrega se enmarca en el convenio de extradición que los dos países firmaron en 1990 y se dirige a la Justicia española porque, según la fiscal general, González "se encontrará en la fecha referida" declarando en la Audiencia Nacional, buscando torpedear la vital declaración de González en el asunto que ocupa al ente judicial español.

"Nosotros, dice la fiscal venezolana, como institución garante de la legalidad y con fundamento en el convenio de extradición existente entre ambos países, solicitamos extraditen a este ciudadano, quien se encuentra requerido por la Justicia venezolana", ha defendido Ortega Díaz. Del mismo modo, se ha manifestado "segura" de que la solicitud será "aceptada" por la Justicia española y ha avanzado que su departamento realizará "todas las diligencias" a su alcance para lograr la extradición antes de que se rinda la esperada declaración de cargo sobre los vínculos ETA-FARC en Venezuela.

Colombia no puede olvidar que fueron esas relaciones criminales las que le permitieron a las Farc desarrollar sus técnicas en la fabricación de los carros bombas que han hecho detonar en Buenaventura, Cali, Bogotá (recordar El Nogal y Caracol), el uso de los lanzadores con cilindros-bomba y tatucos que han asesinado a cientos de colombianos o han dejado lisiados a otros más; por lo tanto le asiste el derecho al país para exigir a la Audiencia Nacional española y a su gobierno no ceder ante la pretensión de silenciar a testigos claves en el proceso investigativo que en España se adelanta.

¿Cuál es el cargo de la fiscal venezolana contra el general González González? Haberse pronunciado públicamente en contra de las políticas del presidente de la República y su gobierno, irrespetando la figura del jefe del Estado y del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional". En concreto, aseguró que Chávez era "un traidor" y que "el país merecía ser gobernado por alguien mejor” y tal afirmación nace del desencanto de los Oficiales venezolanos que acompañaron a Chávez en la aventura bolivariana y hoy se ven traicionados por el rumbo socialista y cubanizante que le ha impreso a la misma a favor de terroristas internacionales como la ETA o las Farc.

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