Gran revuelo político sigue causando en España las declaraciones de dos etarras capturados, quienes aseguran haber recibido formación miliar y adoctrinamiento político por parte de funcionarios del gobierno venezolano. En el más reciente capítulo del proceso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España pidió a Venezuela, con bastante timidez por lo demás, la extradición de Arturo Cubillas Montan, el etarra nacionalizado venezolano, miembro del gobierno bolivariano, quien coordinó y organizó los “campamentos de entrenamiento” para los terroristas españoles –y también colombianos. Ante esto, el chavismo respondió que Venezuela no extradita a sus nacionales y que Cubillas será investigado por las instancias judiciales nacionales –todas ellas capturadas por el socialismo del siglo XXI, y que, en todo caso, en Venezuela no constituye delito alguno el reunirse con vascos –se omitió convenientemente que esos vascos eran terroristas de ETA. Con esto, Chávez se burla nuevamente de la comunidad internacional ante la mirada pasiva del gobierno español.
Las declaraciones de los etarras han venido a confirmar lo que era un secreto a voces: Hugo Chávez apoya, patrocina, brinda refugio y entrena terroristas. Se conocían ya sus vínculos infames con los narcoterroristas de las FARC, quienes transitan por territorio vecino con total tranquilidad, planeando los crímenes que luego perpetran en Colombia, dirigiendo el tráfico de cocaína hacia Europa y EE.UU. desde los puertos venezolanos, con la complacencia e indolencia de las autoridades de aquel país. Ahora se develan las también estrechas relaciones del caudillo bolivariano con la banda terrorista ETA. Pero pese a las abrumadoras evidencias, tanto Colombia como España continúan bajando la cabeza ante el pendenciero régimen chavista, procurando no enturbiar unas relaciones donde priman los intereses económicos por encima del honor y la dignidad nacional.
En España, la Audiencia Nacional –un órgano judicial– ha emprendido una intensa campaña para desarticular la red internacional narcoterrorista que vincula a ETA con las FARC y con Venezuela. No obstante, el ejecutivo socialista encabezado por Rodríguez Zapatero, ha hecho oídos sordos a las investigaciones de los jueces y se empeña en mantener unas relaciones de “buenismo” con el déspota venezolano. Esto encuentra explicación en tres razones.
Primero, a un interés netamente económico, pues España tiene con Venezuela un negocio de varios millones de dólares por la venta de patrulleras y lanchas rápida para las FF.MM. bolivarianas, así como por la construcción de un astillero en suelo venezolano; dinero éste que no cae nada mal en tiempos de crisis. Segundo, porque tal parece que Zapatero está empeñado en mantener una paz informal con ETA –dados los réditos electorales que ello le ha valido, demostrando, durante su periodo de gobierno, una suerte de complicidad con el entorno etarra en aras de no enturbiar el "proceso de negociación" con la banda terrorista.
Tercero, el gobierno de Zapatero mantiene una cercanía ideológica con Chávez, y por consiguiente, profesa indulgencia y benevolencia hacia el déspota venezolano, aquel que auspicia el terrorismo contra el propio Estado de Derecho español. Como consecuencia, el socialismo ibérico ha desestimado las denuncias de los jueces españoles para así no incordiar a Chávez y ha guardado silencio ante las gravísimas –y seguramente calumniosas– afirmaciones venezolanas según las cuales, los cuerpos de seguridad españoles habrían torturado a los etarras capturados para obtener las declaraciones en contra del régimen chavista.
En Colombia también se pretende ahora pasar por alto que Hugo Chávez patrocina y presta refugio a los narcoterroristas de las FARC. Entonces, a los pocos días de publicadas graves evidencias de presencias de campamentos de las FARC en suelo vecino, el nuevo gobierno recibe y rinde homenajes al déspota, como sí mágicamente el terrorismo ya no estuviera refugiado en Venezuela y los problemas en las relaciones binacionales fueran responsabilidad del ex mandatario Álvaro Uribe. Y ahora, seguimos esperando declaración alguna por parte del gobierno colombiano referente a las investigaciones judiciales españolas sobre el tinglado narcoterrorista sedeado en Venezuela. Con el ánimo de restablecer unas relaciones comerciales, de por sí mendigantes para Colombia, el gobierno colombiano ha decidido borrar de la agenda internacional del país la necesaria censura de la relación Chávez – FARC.
La ‘renovada’ apariencia del Chávez ‘pacificador’ no es, en ningún caso, señal de que Venezuela deje de ser el paraíso para el narcoterrorismo de extrema izquierda, en el que se ha convertido durante el reinado del déspota bolivariano. Venezuela es –y lo seguirá siendo mientras perviva allí el socialismo del siglo XXI– una amenaza para la seguridad internacional. Ni los gobiernos de Colombia y de España, ni ningún gobierno que se precie de demócrata, pueden tolerar y aceptar el apoyo y adoctrinamiento terrorista desde Venezuela. Es hora de cortar con la humillación ante el régimen chavista-socialista-terrorista.
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