La discusión política en Colombia quiere ser llevada a un solo papel: El enfrentamiento entre las tesis uribistas y sus contradictores, todo se presenta en términos de blanco o negro sin matices grises que la acompañen.
Los contradictores de Uribe insisten a través de los medios en pregonar que la legitimidad del gobierno de Juan Manuel Santos debe sustentarse en el divorcio completo frente al gobierno anterior, especialmente en temas sensibles como los derechos humanos, la ley de tierras y de víctimas, la adopción del tratado de desaparición forzada y otros temas que inevitablemente terminarán relacionados con la Justicia Penal Militar y el fuero militar, como objetivos del PC3 para equiparar a las Fuerzas Militares con las narcoguerrillas de las Farc y Eln.
Hoy se plantea la validez y continuidad de la Seguridad Democrática institucionalizada cuando el actual presidente desempeñaba el cargo de Ministro de Defensa; es un hecho cierto que sus opositores quieren romper la columna vertebral de esa estrategia y aprovechando el llamado a la Unidad Nacional mostrarse como sensibles a la crisis social que vive el país e imponer sus tesis sobre la tenencia de la tierra y la exclusión económica como banderas para lograr su objetivo: Desmantelar y deslegitimar a las Fuerzas Militares como bastión de la defensa del Estado social de derecho, siguiendo el ejemplo de lo acontecido en Venezuela, Bolivia, Argentina y otros gobiernos afectos al llamado Foro de Sao Paulo.
Decir que 8 años de gobierno de la Seguridad Democrática no fueron suficientes para derrotar el narcoterrorismo, es desconocer los 40 años precedentes; pretender que la guerra declarada por las narcoguerrillas desde los años 50, auspiciada por el Partido Comunista, es apenas una excusa de la derecha, inexistente por demás, es desconocer la realidad fáctica de la historia de nuestro país.
Permitir que esa izquierda atávica imponga por la vía de los instrumentos democráticos sus condiciones, es un suicidio colectivo para ese Estado social de derecho.
Son muchas las voces que condenan el discurso que lleva a dialogar con las Farc, y Eln, a partir de un reconocimiento del Estado como parte similar en la agresión narcoterrorista, en tanto es la misma letanía repetida con bastante frecuente brío por la izquierda, subyace dos ideas peregrinas perversas: primera: el Estado democrático colombiano es responsable de obstaculizar los procesos de paz frente a la disposición siempre conciliadora y benigna de las FARC; segunda: el diálogo con las FARC no se ha intentando por estar el gobierno colombiano incrementando la guerra.
Las dos ideas nos lleva a los esencialismos: el Estado colombiano es, por esencia, malo y las FARC son, por esencia, buenas; y el diálogo debe hacer a como dé lugar. El esencialismo conduce al espejismo de que el Estado colombiano promueve deliberadamente una violencia generalizada haciendo oídos sordos a los reclamos de iniciar conversaciones con las FARC que nos llevaría de inmediato a la paz. Es decir, el Estado colombiano no desea la paz sólo la guerra para así satisfacer “los intereses de la clase dominante”. Estas ideas le proporciona una baza a los terroristas: da, de antemano, por legítima cualquier propuesta de los violentos así ésta no tenga en cuenta los principios democráticos, deslegitimando, por consiguiente, las objeciones y propuestas que el Estado colombiano plantee.
Frente al llamado del diálogo el espejismo no difiere mucho. La palabra diálogo tiene connotaciones positivas que hace que cualquier objeción ante el llamado sea recibida con desagrado y quién emite tal objeción es visto como ave de mal agüero o como alguien que no merece estar en el mundo civilizado. Esta postura ante la objeción contradice el espíritu democrático de quienes dicen defender la libre expresión.
Además, el rechazo hacia las objeciones al diálogo es utilizado por los amigos de los terroristas que, escudándose en supuestas intenciones humanitarias en nombre de las víctimas, logran neutralizar las críticas a los planteamientos de la guerrilla y relativizar los diversos crímenes que éstas cometen. Todo ello sin los infaltables despistados que también abogan por la paz y las víctimas. Esta repugnante postura de los amigos camuflados de la democracia y el Estado de derecho le hace el juego a la guerrilla, pues utilizan el dolor de los colombianos para obtener dividendos políticos.
Ahora bien, los límites al diálogo es un imperativo para no caminar por el empedrado camino de las manipulaciones de los terroristas de las FARC. Uno de esos límites es tener conocimiento de la ideología que propugna las FARC y si es compatible con la práctica democrática, el Estado social de derecho y la economía de mercado, medios que nos han procurado una relativa convivencia, el respeto por los derechos individuales y un aumento de la riqueza y de la calidad de vida inimaginable. Los experimentos que veían en el final de Historia la redención del Hombre demostraron su inviabilidad sumando en su haber cien millones de muertos, la abolición de la libertad, y el agravamiento y perpetuación de la pobreza.
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