Desde remotas fechas, cerca de 500 años antes de la era cristiana, el mayor exponente del arte de la guerra, Sun Tzu, consideró el entrenamiento, o la falta de el, como una de las “seis maneras de ser derrotado”. Posteriormente, ya en tiempos recientes, los llamados teóricos de la guerra como Winston Churchill y Clausewitz, acuñaron frases al respecto según las cuales, por ejemplo, “estar preparado para la guerra, era la única forma de mantener la paz” o “más sudor en el entrenamiento significa menos sangre en el combate”, etc.
Lo que estos grandes estrategas no calcularon fue que finalmente el socialismo moderno tomaría el entrenamiento como otra forma de lucha en el proyecto de subvertir las democracias. Por eso el escándalo causado ante la noticia sobre la inhabilitación por 20 años a diez militares considerando que abusaron de sus funciones en un ejercicio de entrenamiento militar.
En los Ejércitos de todo el mundo hay una doctrina real e inmutable, señalada desde antes de Cristo y en el comienzo de sus conformaciones como verdaderas fuerzas organizadas; obtener y no proporcionar como combatiente informaciones que ayuden a la actividad del enemigo; a su vez, los medios y métodos para obtener esas informaciones se internacionalizaron y aplicaron incluso en las disputas que no eran militares, cuyos maestros repudiados unos y aceptados otros, hacen parte de la historia de lo que se llama seguridad nacional en cualquier régimen político que exista.
No se conoce la decisión administrativa del Procurador que la profirió, pero hoy es amplia fuente de la especulación mediática, habría que ver cuántos de los objetivos propuestos por el PC3 se están cumpliendo; desmoralizar e infiltrarse en las Fuerzas Militares con el argumento de que el entrenamiento es violación de los derechos humanos. La Procuraduría fundamenta su pronunciamiento en la hipótesis de que los uniformados se "desviaron" de sus funciones y se igualaron a "los delincuentes a los que buscan combatir".
La verdad debe primar. El autor del fallo o no prestó servicio militar o resultó un resentido social (art. 216 de la Carta), por tener que haberlo prestado. Si entrenar a alguien para que supere cualquier prueba física o psicológica en un momento dado representare como dice la noticia, algo limitable a lo teórico o al querer del entrenado, no habría deportistas de alto nivel en los deportes de fuerza y mucho menos en los de contacto físico.
Mucho menos, al querer del Procurador delegado, podría entrenarse a los astronautas o a otro personal que en razón de su profesión pudiere verse sometido a circunstancias de extremas condiciones físicas y psicológicas para su supervivencia. Habría que preguntarle a ese Procurador cuál debe ser entonces la reacción de un militar o un civil sometido a las condiciones conocidas de las víctimas de los secuestros para procurar su propia supervivencia. Seguramente él, y los fiscales y jueces que tan ligeramente absuelven o hacen beneficiarios de los beneficios de la ley penal a los terroristas capturados, dirán que éstos simplemente se limitan a una labor “altruista” y los jueces condenarán indignados por la dureza del entrenamiento militar.
Recuérdese que el escándalo mediático se inició por un simulacro ocurrido el 25 de enero del 2006 en el Centro de Entrenamiento de la V División del Ejército, que como la misma información de prensa, buscaba adecuar al personal militar a condiciones extremas, como las que viven los militares actualmente secuestrados por las Farc, para garantizar el adecuado entrenamiento que exigen las normas legales y constitucionales a fin de garantizar su supervivencia.
Basta mirar los testimonios de los secuestrados liberados para entender al menos el límite infrahumano al que los bandidos someten a sus víctimas para quebrar su voluntad y dividir la voluntad social frente al delito del secuestro. Si el entrenamiento que reciben nuestros militares fuere inhumano, nada podría impedir que gracias a la laxitud de gobiernos anteriores las Farc no hubieren señalado a empresarios y políticos como objetivo ante lo que señalaron indiferencia a los militares y policías secuestrados en los períodos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, que hoy son el monto de la extorsión social, política y militar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario