Siguiendo su inveterada costumbre las Farc quieren ahora plantear dudas sobre las evidencias encontradas en los computadores y USB recuperadas en el s

Siguiendo su inveterada costumbre las Farc quieren ahora plantear dudas sobre las evidencias encontradas en los computadores y USB recuperadas en el sitio del bombardeo al campamento donde fue abatido alias el Mono Jojoy. Según el informe de la agencia de noticias ANNCOL los guerrilleros de las FARC “remolcaron” los dos computadores del campamento del Mono Jojoy. Lo que dejaría sin valor la versión del gobierno colombiano que plantó doce computadores y memorias USB.

Relata el informe que “los computadores guerrilleros usan sistema encriptado que es imposible descifrar”. También divulgaron que los periodistas Edmundo García y Francisco Aruca del popular programa “La Tarde se Mueve” en Miami, denunciaron que fuerzas estadounidenses y no colombianas efectuaron el bombardeo contra el “Mono Jojoy”.

La noticia no es nueva y hace parte de la estrategia negacionista de las Farc, así se intento con respecto a los computadores de alias Raúl Reyes, desde la afirmación de que estos equipos no podían permanecer intactos luego de un bombardeo se ha terminado por último aduciendo el rompimiento de la cadena de custodia para tratar de deslegitimar las pruebas obtenidas; ahora se dice que tienen en su poder los de Jojoy y afirmar que lo presentado fue plantado por el Estado.

Van más allá, repiten la misma letanía que sostuvieron cuando asesinaron a los 11 diputados del Valle y vuelven a hablar de comandos extranjeros como los autores de los golpes que se les han propinado.

Para los conocedores de la materia, no hay informaciones indescifrables, los encriptamientos corresponden a secuencias que terminan conociéndose; la Policía Judicial colombiana ha destinado 40 expertos que trabajan las 24 horas en estos equipos y aunque se tarde, posiblemente meses, la información completa será obtenida. De hecho, de lo recuperado se tuvo la información necesaria para detener terroristas que pretendían adelantar un atentado con un carro-bomba contra una personalidad nacional.

Así mismo se evidencia una vez más la alianza de esa narcoguerrilla y las BACRIM, especialmente la de Daniel Barrera, alias Loco Barrera, para el tráfico de narcóticos y de armas, lo que demuestra ante el

mundo que hoy las Farc no son más que otra banda criminal dedicada a esos delitos que nada tienen que ver con ideologías revolucionarias.

Dicha alianza se hace evidente con la manifestación del Mono Jojoy que hablaba de acuerdos políticos para combatir las bases gringas y llegar compromisos de respeto y acción conjunta.

De los acuerdos con la banda criminal del Loco Barrera insiste en que lo importante es que los narcotraficantes van a desarrollar una guerra contra el gobierno Parece oportuno poder precisar los términos del pago de impuestos y analizar cómo sería concretamente el tema de no echarnos tiros.

A las Farc les interesa seguir negando lo innegable, su pertenencia a una internacional narcoterrorista evidenciada desde los años 90. Hoy, está documentado suficientemente a nivel internacional el apoyo que está brindando la organización terrorista Al Qaeda a las Farc y varios cárteles mexicanos para distribuir cocaína destinada a Europa a través del continente africano.

Las autoridades internacionales contra el narcotráfico han denunciado como los cárteles del narcotráfico invierten millones de dólares cada año en desestabilizar gobiernos en lugares como el oeste de África y aseguró que “operativos de Al Qaeda, Hezbollah, Hamás y quizás otros, se codean con los cárteles latinoamericanos y mexicanos, incluyendo las Farc de Colombia, en los países del oeste africano y en otros lugares del continente”.

De tal manera que de la información resultante en los equipos informáticos sólo puede obtenerse la corroboración de esa alianza criminal, razón que impulsa a las Farc a promover la desinformación que deslegitime las pruebas que se obtengan y que seguramente servirán para que algunas ONG, especialmente europeas, que aún insisten en cubrirlos con el disfraz de Robín Hood, recapaciten sobre la verdadera naturaleza narcotraficante de esta organización.

ANNCOL - Victimas de su propia Guerra

EL CASO DEL ENTRENAMIENTO EN PIEDRAS.

Con ponencia del magistrado Héctor Hernández Quintero la sala penal del Tribunal Superior en Ibagué confirmó una condena de 15 años de prisión y multa de mil 500 salarios mínimos para los suboficiales del Ejército Jeison Díaz Mosquera, John Lenin Ramírez Cruz, Juan Pablo Rodríguez Bermúdez, Edwin Daniel Rozo Gutiérrez, Hamilton Oviedo Ramírez y Arley Eduardo Marín Campos, responsables de los delitos de Tortura y Lesiones Personales. También se confirmaron cuatro meses de condena para Yovany Arévalo Vallen.

La condena obedece al proceso penal iniciado por denuncia instaurada por haber participado a manera de instructores en un polémico ejercicio denominado “Evasión y escape” en el centro de entrenamiento de Piedras, donde al parecer 23 soldados profesionales sufrieron golpes, patadas, quemaduras con carbones, picaduras de hormiga, y algunos hasta ataque sexual en partes íntimas. El caso fue denunciado y por cuenta de él, según las informaciones de prensa, seis generales del Ejército fueron retirados de la institución. La sentencia de primera instancia la emitió el juez primero penal especializado de Ibagué Jorge Eliécer Matías.

Más allá de la noticia y el caso particular que rodea este proceso, lo importante para el Ejército y toda la institución militar es ver hasta donde el entrenamiento militar puede conllevar violación de los derechos fundamentales de sus integrantes; no es casual que este caso se convierta en la punta de lanza de una nueva arremetida jurídico-política para tratar de desmoralizar a las tropas y vender la idea de que el entrenamiento o la instrucción militar son contrarios a las normas sobre DD.HH. y D.I.H.

Incluso el tema no es de discusión exclusiva en Colombia, según estudios realizados por Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner, ir a la guerra no es tan peligroso como parece: desde 1982, han muerto unos 42.000 militares estadounidenses en activo, es decir, aproximadamente el mismo número de norteamericanos que mueren en accidentes de tráfico en un solo año. Lo que lleva a otro cálculo todavía más extraño: que mueren tantos soldados entrenándose militarmente como soldados mueren en el campo de batalla. La tasa de muertes accidentales de soldados a principios de los años ochenta era superior a la tasa de mortalidad de fuego enemigo en todos los años en que EEUU ha estado combatiendo en Afganistán e Irak.

'El entrenamiento debe ser tan fuerte, que la guerra parezca un descanso'. Esta ha sido la premisa que ha acompañado a todos los ejércitos del mundo a través de la historia de la humanidad y no es un capricho, es una necesidad. Si el soldado no es capacitado para asumir plenamente los rigores de la guerra, no sobrevivirá a ella.

Habría que preguntar entonces si los militares y policías secuestrados por la narcoguerrilla sobreviven más de 10 años de cautiverio sin quebrarse, sino fuere gracias al entrenamiento del que fueron objeto; prueba fehaciente de la validez de este concepto son las palabras del señor Mayor del Ejército Raimundo Malagón, quien fue liberado en la operación "Jaque" tras 10 años de secuestro y quien al momento de su rescate impuso al presunto periodista una cita clave para todos los militares del mundo, nunca se sometió a la presión y dijo con orgullo ante las cámaras que no podían entrevistarlo: “Soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia”.

El entrenamiento o instrucción militar pareciere chocar entonces con lo dispuesto en el Artículo 1º de la Constitución Política de Colombia, que identifica el respeto a la dignidad humana como fundamento del Estado; con el 12º, que prohíbe expresamente la tortura; el 18º, está consagrada la libertad de conciencia y en el 20º, las libertades de expresión y de información, sobre el que hay que anotar que también consagra la responsabilidad social en el manejo de la información.

A esa percepción del país contribuyen ingenuamente quienes señalan que el Ejército debe dedicarse a la solidez del Estado trabajando para fortalecer las instituciones a través de la educación para las artes, el pensamiento, la productividad, la participación política ilustrada de los ciudadanos, recomendación que incluso jamás ha sido utilizada como referencia a instituciones religiosas o académicas para referirse a sus métodos educativos. Sin embargo, estos argumentos han sido iguales a los utilizados por las ONG, e incluso los funcionarios de la OEA y la ONU para combatir las tareas de Acción Integral que el Ejército realiza a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Apreciaciones que son tomadas como doctrina por las organizaciones afines al narcoterrorismo, prontas a denunciar la instrucción militar como práctica violatoria de los DD.HH. y el D.I.H., infiltrando elementos dispuestos a convertirse en víctimas para sustentar sus argumentos.

La instrucción militar tiene un fundamento incontrovertible. La preparación y formación que reciben los efectivos de las Fuerzas Militares para desempeñar sus funciones. Esta puede variar en el tiempo según el trabajo que deba desempeñar el militar. Existen varios tipos de instrucción militar:

• Instrucción de combate

• Instrucción físico-militar

• Instrucción en orden cerrado

• Formación académica específica militar

• Formación jurídico-militar

La instrucción militar es la herramienta que permite alcanzar lo anterior y tiene un amplio marco de posibilidades que va de cosas simples pero importantes hasta conocimientos y habilidades complejas y no solo busca la enseñanza de determinada materia o información acerca de un tópico específico, si no que se trata de cambiar al individuo física y mentalmente para acercarlo, partiendo de una vocación, al máximo grado de actitud y perfeccionamiento para el ejercicio de la soberanía y el arte de la guerra .

Un militar debe aprender en su formación no solamente a cumplir su función. Sino también por qué la hace, por lo que una perspectiva histórica y política es imprescindible. El hecho, por ejemplo, que las Fuerzas Militares sean constitucionalmente apolíticas no implica la renuncia al conocimiento en ciencias políticas y sociales, en todos los niveles y de acuerdo al grado, se han de promover los conocimientos necesarios para generar una conciencia del papel político-social del ciudadano militar.

Permitir entonces que nuestros soldados sobrevivan a la guerra declarada por las organizaciones narcoterroristas y los grupos delincuenciales no puede ser tenido por nuestros jueces ordinarios como fundamento para considerar la instrucción militar como una violación a los DD.HH., mientras se ignora la realidad fáctica de los resultados de esa instrucción desde la Guerra de Corea hasta nuestros días, de tal manera que hoy se invierte el principio: el descanso debe ser la preparación para la guerra.

LA GUERRA SUCIA COMO PARTE DE LA GUERRA ASIMÉTRICA

El término de guerra sucia corresponde al imaginario como la definición de las acciones desarrolladas contra el enemigo político del Estado de derecho; nació políticamente de lo ejecutado por los regímenes de facto encabezados por militares en muchas regiones del mundo en los años 70 y extendido o a cualquier acción preventiva de los regímenes de occidente; cualquier denuncia contra los movimientos, partidos, organizaciones, incluidas las organizaciones armadas ilegales , fueron denunciadas como guerra sucia contra la oposición o las posibles amenazas contra el Estado.

La izquierda sabe porque lo dice y concibe, mientras esas prácticas son concebibles y de uso diario en el totalitarismo, son un delito condenable en la democracia, tanto así que hoy la denuncia se extiende a todos los continentes; paradójicamente desde quienes defienden los mismos modelos socialistas y contra quienes defiende y defendieron el orden democrático occidental.

Lo curioso es que la protección judicial se pide una vez el enemigo ha logrado un control sobre los aparatos judiciales que deberían velar por la aplicación irrestricta de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y de las personas jurídicas que pueden ser afectados por cualquier acción considerada ilegal. Así hoy, las “chuzadas” que comprometan a miembros del gobierno o de la sociedad considerada incómoda para la intención del PC3 (Farc y Eln), o del narcotráfico, no resisten la controversia de la prueba porque son rechazadas por los jueces y fiscales, pero las presentadas por los antiguos delincuentes, en tanto no controvertidas, se vuelven indicio o prueba real si atacan al sistema, especialmente al gobierno Uribe, pero dejan libre de culpa todo lo ocurrido anteriormente.

No es hablar por hablar, antes de Uribe ANNCOL jamás hacía referencia a las mismas constitucionales legales o constitucionales, su discurso invocaba las normas internacionales como el Pacto de San José para amenazar las decisiones penales, como efectivamente lo hacían ciertos colectivos de abogados y comunidades de paz; la diferencia es que los gobiernos transaban, negociaban, accedían; se acordaban mesas de paz, diálogos, conversaciones, acuerdos, etc., hasta se pintaban palomitas blancas en cuanto espacio libre hubiere en medio del grafiterio o las propagandas que no pagan ningún impuesto, ni le responden a nadie. Hay que recordar que la muerte de José Raquel Mercado, líder sindical, nunca ha sido objeto de investigación, identificación de responsables y judicialización de los mismos, fue un argumento esgrimido por el M-19 para obtener la impunidad, dicen ellos que la mayoría se expresó en los grafitis por su muerte.

Para el país agrícola de los 50, la decisión de los bandidos que conformaron el núcleo de las llamadas “autodefensas campesinas”, que influenciadas por el Partido Comunista, cobraron forma con la coincidencia de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948.

En esa época de nuestra historia todo hecho o toda actuación de los directorios políticos nacionales, departamentales y municipales, era el detonante para una guerra no acabada. El país les mandó un mensaje; el gobierno no quería incurrir en represalias contra los guerrilleros liberales que se denominan entonces “comunes”, la respuesta se refleja en los mismos diarios comunistas: Tres oficiales y dos agentes de policía fueron masacrados a escasos 150 Km. de Bogotá; doce (12) soldados que custodiaban una carga de intendencia corrieron la misma suerte y al menos cincuenta (50) soldados que custodiaban cargas de suministro en las zonas de influencia de las autodefensas de los caciques liberales en Chaparral, Rioblanco y La Herrera, el Támaro y otras zonas, antes de culminar el término del armisticio y el indulto otorgado por el gobierno.

Mantener vivo el reclamo de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, alias Tirofijo, es uno de los objetivos estratégicos de las narcoguerrillas; la historia se reduce a la pelea por la tierra y el derecho a sostener las gallinitas y los marranos que le mataron en la Operación Marquetalia; lo que indudablemente contribuye a mantener su imagen de guerrillero histórico en la lucha campesina, que utiliza el marxismo-leninismo o neocomunismo. Es el mismo mito que se quiere crear con Víctor Suárez Rojas, alias el mono Jojoy, para mantener viva la esperanza frente a la derrota, que sin pasar saliva quisieran algunos evitar en torno a Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano en su permanente huida por el Cañón de las Hermosas.

No importa que tanto haya avanzado el PC3, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia; tan pronto las Farc hayan perdido sus centros estratégicos, como la fila de fichas del dominó todo se derrumba. Por más compartimentadas que estén siempre tienen un flanco débil; para ser invencibles es que dejen de existir y quizá a sus nietos les puedan contar que fueron parte de algo y aspiren como Mujica a ser Presidentes de una República.

VENEZUELA SE NIEGA A EXTRADITAR TERRORISTAS: CONTINÚA LA HUMILLACIÓN

Gran revuelo político sigue causando en España las declaraciones de dos etarras capturados, quienes aseguran haber recibido formación miliar y adoctrinamiento político por parte de funcionarios del gobierno venezolano. En el más reciente capítulo del proceso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España pidió a Venezuela, con bastante timidez por lo demás, la extradición de Arturo Cubillas Montan, el etarra nacionalizado venezolano, miembro del gobierno bolivariano, quien coordinó y organizó los “campamentos de entrenamiento” para los terroristas españoles –y también colombianos. Ante esto, el chavismo respondió que Venezuela no extradita a sus nacionales y que Cubillas será investigado por las instancias judiciales nacionales –todas ellas capturadas por el socialismo del siglo XXI, y que, en todo caso, en Venezuela no constituye delito alguno el reunirse con vascos –se omitió convenientemente que esos vascos eran terroristas de ETA. Con esto, Chávez se burla nuevamente de la comunidad internacional ante la mirada pasiva del gobierno español.

Las declaraciones de los etarras han venido a confirmar lo que era un secreto a voces: Hugo Chávez apoya, patrocina, brinda refugio y entrena terroristas. Se conocían ya sus vínculos infames con los narcoterroristas de las FARC, quienes transitan por territorio vecino con total tranquilidad, planeando los crímenes que luego perpetran en Colombia, dirigiendo el tráfico de cocaína hacia Europa y EE.UU. desde los puertos venezolanos, con la complacencia e indolencia de las autoridades de aquel país. Ahora se develan las también estrechas relaciones del caudillo bolivariano con la banda terrorista ETA. Pero pese a las abrumadoras evidencias, tanto Colombia como España continúan bajando la cabeza ante el pendenciero régimen chavista, procurando no enturbiar unas relaciones donde priman los intereses económicos por encima del honor y la dignidad nacional.

En España, la Audiencia Nacional –un órgano judicial– ha emprendido una intensa campaña para desarticular la red internacional narcoterrorista que vincula a ETA con las FARC y con Venezuela. No obstante, el ejecutivo socialista encabezado por Rodríguez Zapatero, ha hecho oídos sordos a las investigaciones de los jueces y se empeña en mantener unas relaciones de “buenismo” con el déspota venezolano. Esto encuentra explicación en tres razones.

Primero, a un interés netamente económico, pues España tiene con Venezuela un negocio de varios millones de dólares por la venta de patrulleras y lanchas rápida para las FF.MM. bolivarianas, así como por la construcción de un astillero en suelo venezolano; dinero éste que no cae nada mal en tiempos de crisis. Segundo, porque tal parece que Zapatero está empeñado en mantener una paz informal con ETA –dados los réditos electorales que ello le ha valido, demostrando, durante su periodo de gobierno, una suerte de complicidad con el entorno etarra en aras de no enturbiar el "proceso de negociación" con la banda terrorista.

Tercero, el gobierno de Zapatero mantiene una cercanía ideológica con Chávez, y por consiguiente, profesa indulgencia y benevolencia hacia el déspota venezolano, aquel que auspicia el terrorismo contra el propio Estado de Derecho español. Como consecuencia, el socialismo ibérico ha desestimado las denuncias de los jueces españoles para así no incordiar a Chávez y ha guardado silencio ante las gravísimas –y seguramente calumniosas– afirmaciones venezolanas según las cuales, los cuerpos de seguridad españoles habrían torturado a los etarras capturados para obtener las declaraciones en contra del régimen chavista.

En Colombia también se pretende ahora pasar por alto que Hugo Chávez patrocina y presta refugio a los narcoterroristas de las FARC. Entonces, a los pocos días de publicadas graves evidencias de presencias de campamentos de las FARC en suelo vecino, el nuevo gobierno recibe y rinde homenajes al déspota, como sí mágicamente el terrorismo ya no estuviera refugiado en Venezuela y los problemas en las relaciones binacionales fueran responsabilidad del ex mandatario Álvaro Uribe. Y ahora, seguimos esperando declaración alguna por parte del gobierno colombiano referente a las investigaciones judiciales españolas sobre el tinglado narcoterrorista sedeado en Venezuela. Con el ánimo de restablecer unas relaciones comerciales, de por sí mendigantes para Colombia, el gobierno colombiano ha decidido borrar de la agenda internacional del país la necesaria censura de la relación Chávez – FARC.

La ‘renovada’ apariencia del Chávez ‘pacificador’ no es, en ningún caso, señal de que Venezuela deje de ser el paraíso para el narcoterrorismo de extrema izquierda, en el que se ha convertido durante el reinado del déspota bolivariano. Venezuela es –y lo seguirá siendo mientras perviva allí el socialismo del siglo XXI– una amenaza para la seguridad internacional. Ni los gobiernos de Colombia y de España, ni ningún gobierno que se precie de demócrata, pueden tolerar y aceptar el apoyo y adoctrinamiento terrorista desde Venezuela. Es hora de cortar con la humillación ante el régimen chavista-socialista-terrorista.

EL OBJETIVO DEL PC3: LAS FUERZAS MILITARES.

La discusión política en Colombia quiere ser llevada a un solo papel: El enfrentamiento entre las tesis uribistas y sus contradictores, todo se presenta en términos de blanco o negro sin matices grises que la acompañen.

Los contradictores de Uribe insisten a través de los medios en pregonar que la legitimidad del gobierno de Juan Manuel Santos debe sustentarse en el divorcio completo frente al gobierno anterior, especialmente en temas sensibles como los derechos humanos, la ley de tierras y de víctimas, la adopción del tratado de desaparición forzada y otros temas que inevitablemente terminarán relacionados con la Justicia Penal Militar y el fuero militar, como objetivos del PC3 para equiparar a las Fuerzas Militares con las narcoguerrillas de las Farc y Eln.

Hoy se plantea la validez y continuidad de la Seguridad Democrática institucionalizada cuando el actual presidente desempeñaba el cargo de Ministro de Defensa; es un hecho cierto que sus opositores quieren romper la columna vertebral de esa estrategia y aprovechando el llamado a la Unidad Nacional mostrarse como sensibles a la crisis social que vive el país e imponer sus tesis sobre la tenencia de la tierra y la exclusión económica como banderas para lograr su objetivo: Desmantelar y deslegitimar a las Fuerzas Militares como bastión de la defensa del Estado social de derecho, siguiendo el ejemplo de lo acontecido en Venezuela, Bolivia, Argentina y otros gobiernos afectos al llamado Foro de Sao Paulo.

Decir que 8 años de gobierno de la Seguridad Democrática no fueron suficientes para derrotar el narcoterrorismo, es desconocer los 40 años precedentes; pretender que la guerra declarada por las narcoguerrillas desde los años 50, auspiciada por el Partido Comunista, es apenas una excusa de la derecha, inexistente por demás, es desconocer la realidad fáctica de la historia de nuestro país.

Permitir que esa izquierda atávica imponga por la vía de los instrumentos democráticos sus condiciones, es un suicidio colectivo para ese Estado social de derecho.

Son muchas las voces que condenan el discurso que lleva a dialogar con las Farc, y Eln, a partir de un reconocimiento del Estado como parte similar en la agresión narcoterrorista, en tanto es la misma letanía repetida con bastante frecuente brío por la izquierda, subyace dos ideas peregrinas perversas: primera: el Estado democrático colombiano es responsable de obstaculizar los procesos de paz frente a la disposición siempre conciliadora y benigna de las FARC; segunda: el diálogo con las FARC no se ha intentando por estar el gobierno colombiano incrementando la guerra.

Las dos ideas nos lleva a los esencialismos: el Estado colombiano es, por esencia, malo y las FARC son, por esencia, buenas; y el diálogo debe hacer a como dé lugar. El esencialismo conduce al espejismo de que el Estado colombiano promueve deliberadamente una violencia generalizada haciendo oídos sordos a los reclamos de iniciar conversaciones con las FARC que nos llevaría de inmediato a la paz. Es decir, el Estado colombiano no desea la paz sólo la guerra para así satisfacer “los intereses de la clase dominante”. Estas ideas le proporciona una baza a los terroristas: da, de antemano, por legítima cualquier propuesta de los violentos así ésta no tenga en cuenta los principios democráticos, deslegitimando, por consiguiente, las objeciones y propuestas que el Estado colombiano plantee.

Frente al llamado del diálogo el espejismo no difiere mucho. La palabra diálogo tiene connotaciones positivas que hace que cualquier objeción ante el llamado sea recibida con desagrado y quién emite tal objeción es visto como ave de mal agüero o como alguien que no merece estar en el mundo civilizado. Esta postura ante la objeción contradice el espíritu democrático de quienes dicen defender la libre expresión.

Además, el rechazo hacia las objeciones al diálogo es utilizado por los amigos de los terroristas que, escudándose en supuestas intenciones humanitarias en nombre de las víctimas, logran neutralizar las críticas a los planteamientos de la guerrilla y relativizar los diversos crímenes que éstas cometen. Todo ello sin los infaltables despistados que también abogan por la paz y las víctimas. Esta repugnante postura de los amigos camuflados de la democracia y el Estado de derecho le hace el juego a la guerrilla, pues utilizan el dolor de los colombianos para obtener dividendos políticos.

Ahora bien, los límites al diálogo es un imperativo para no caminar por el empedrado camino de las manipulaciones de los terroristas de las FARC. Uno de esos límites es tener conocimiento de la ideología que propugna las FARC y si es compatible con la práctica democrática, el Estado social de derecho y la economía de mercado, medios que nos han procurado una relativa convivencia, el respeto por los derechos individuales y un aumento de la riqueza y de la calidad de vida inimaginable. Los experimentos que veían en el final de Historia la redención del Hombre demostraron su inviabilidad sumando en su haber cien millones de muertos, la abolición de la libertad, y el agravamiento y perpetuación de la pobreza.

LA CONDICIÓN PRINCIPAL PARA GANAR ESTA EN EL ENTRENAMIENTO

Desde remotas fechas, cerca de 500 años antes de la era cristiana, el mayor exponente del arte de la guerra, Sun Tzu, consideró el entrenamiento, o la falta de el, como una de las “seis maneras de ser derrotado”. Posteriormente, ya en tiempos recientes, los llamados teóricos de la guerra como Winston Churchill y Clausewitz, acuñaron frases al respecto según las cuales, por ejemplo, “estar preparado para la guerra, era la única forma de mantener la paz” o “más sudor en el entrenamiento significa menos sangre en el combate”, etc.

Lo que estos grandes estrategas no calcularon fue que finalmente el socialismo moderno tomaría el entrenamiento como otra forma de lucha en el proyecto de subvertir las democracias. Por eso el escándalo causado ante la noticia sobre la inhabilitación por 20 años a diez militares considerando que abusaron de sus funciones en un ejercicio de entrenamiento militar.

En los Ejércitos de todo el mundo hay una doctrina real e inmutable, señalada desde antes de Cristo y en el comienzo de sus conformaciones como verdaderas fuerzas organizadas; obtener y no proporcionar como combatiente informaciones que ayuden a la actividad del enemigo; a su vez, los medios y métodos para obtener esas informaciones se internacionalizaron y aplicaron incluso en las disputas que no eran militares, cuyos maestros repudiados unos y aceptados otros, hacen parte de la historia de lo que se llama seguridad nacional en cualquier régimen político que exista.

No se conoce la decisión administrativa del Procurador que la profirió, pero hoy es amplia fuente de la especulación mediática, habría que ver cuántos de los objetivos propuestos por el PC3 se están cumpliendo; desmoralizar e infiltrarse en las Fuerzas Militares con el argumento de que el entrenamiento es violación de los derechos humanos. La Procuraduría fundamenta su pronunciamiento en la hipótesis de que los uniformados se "desviaron" de sus funciones y se igualaron a "los delincuentes a los que buscan combatir".

La verdad debe primar. El autor del fallo o no prestó servicio militar o resultó un resentido social (art. 216 de la Carta), por tener que haberlo prestado. Si entrenar a alguien para que supere cualquier prueba física o psicológica en un momento dado representare como dice la noticia, algo limitable a lo teórico o al querer del entrenado, no habría deportistas de alto nivel en los deportes de fuerza y mucho menos en los de contacto físico.

Mucho menos, al querer del Procurador delegado, podría entrenarse a los astronautas o a otro personal que en razón de su profesión pudiere verse sometido a circunstancias de extremas condiciones físicas y psicológicas para su supervivencia. Habría que preguntarle a ese Procurador cuál debe ser entonces la reacción de un militar o un civil sometido a las condiciones conocidas de las víctimas de los secuestros para procurar su propia supervivencia. Seguramente él, y los fiscales y jueces que tan ligeramente absuelven o hacen beneficiarios de los beneficios de la ley penal a los terroristas capturados, dirán que éstos simplemente se limitan a una labor “altruista” y los jueces condenarán indignados por la dureza del entrenamiento militar.

Recuérdese que el escándalo mediático se inició por un simulacro ocurrido el 25 de enero del 2006 en el Centro de Entrenamiento de la V División del Ejército, que como la misma información de prensa, buscaba adecuar al personal militar a condiciones extremas, como las que viven los militares actualmente secuestrados por las Farc, para garantizar el adecuado entrenamiento que exigen las normas legales y constitucionales a fin de garantizar su supervivencia.

Basta mirar los testimonios de los secuestrados liberados para entender al menos el límite infrahumano al que los bandidos someten a sus víctimas para quebrar su voluntad y dividir la voluntad social frente al delito del secuestro. Si el entrenamiento que reciben nuestros militares fuere inhumano, nada podría impedir que gracias a la laxitud de gobiernos anteriores las Farc no hubieren señalado a empresarios y políticos como objetivo ante lo que señalaron indiferencia a los militares y policías secuestrados en los períodos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, que hoy son el monto de la extorsión social, política y militar.

VENEZUELA SE PRONUNCIA SOBRE CASO ETA-FARC

Ante la abundante evidencia de las relaciones ETA-FARC en territorio venezolano que la Audiencia Nacional española ha recopilado, más la desprendida de los computadores portátiles de cabecillas de la organización narcoterrorista colombiana, especialmente en las del abatido Raúl Reyes, el gobierno venezolano había tratado de amainar cualquier crítica señalando que las confesiones de los etarras era producto de tortura y ahora cínicamente pide la extradición del general de División Néstor González González, que comparecerá el próximo 15 de noviembre en la Audiencia Nacional como testigo de la causa en la que se investigan las supuestas vinculaciones de las organizaciones criminales.

El general González no es requerido por la fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien ha solicitado al Tribunal 19 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), iniciar los trámites de extradición ante la Audiencia española del citado Oficial, para que declare lo que conoce sobre los vínculos terroristas y la colaboración de funcionarios venezolanos; no, el señor general es solicitado en extradición para que responda por delito de rebelión por participar en el golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que tuvo lugar el 11 de abril de 2002.

Es evidente entonces que los organismos judiciales venezolanos siguen supeditados a los intereses políticos del gobernante y que no actuaran para establecer la realidad de los hechos incontrovertibles que habían sido denunciados por Colombia ante la OEA el pasado mes de julio y que ocupan el interés judicial español. Venezuela quiere silenciar a un testigo del calibre del general González y aplicar la guillotina socialista a quien es testigo clave en la creación de la transnacional terrorista.


La petición de entrega se enmarca en el convenio de extradición que los dos países firmaron en 1990 y se dirige a la Justicia española porque, según la fiscal general, González "se encontrará en la fecha referida" declarando en la Audiencia Nacional, buscando torpedear la vital declaración de González en el asunto que ocupa al ente judicial español.

"Nosotros, dice la fiscal venezolana, como institución garante de la legalidad y con fundamento en el convenio de extradición existente entre ambos países, solicitamos extraditen a este ciudadano, quien se encuentra requerido por la Justicia venezolana", ha defendido Ortega Díaz. Del mismo modo, se ha manifestado "segura" de que la solicitud será "aceptada" por la Justicia española y ha avanzado que su departamento realizará "todas las diligencias" a su alcance para lograr la extradición antes de que se rinda la esperada declaración de cargo sobre los vínculos ETA-FARC en Venezuela.

Colombia no puede olvidar que fueron esas relaciones criminales las que le permitieron a las Farc desarrollar sus técnicas en la fabricación de los carros bombas que han hecho detonar en Buenaventura, Cali, Bogotá (recordar El Nogal y Caracol), el uso de los lanzadores con cilindros-bomba y tatucos que han asesinado a cientos de colombianos o han dejado lisiados a otros más; por lo tanto le asiste el derecho al país para exigir a la Audiencia Nacional española y a su gobierno no ceder ante la pretensión de silenciar a testigos claves en el proceso investigativo que en España se adelanta.

¿Cuál es el cargo de la fiscal venezolana contra el general González González? Haberse pronunciado públicamente en contra de las políticas del presidente de la República y su gobierno, irrespetando la figura del jefe del Estado y del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional". En concreto, aseguró que Chávez era "un traidor" y que "el país merecía ser gobernado por alguien mejor” y tal afirmación nace del desencanto de los Oficiales venezolanos que acompañaron a Chávez en la aventura bolivariana y hoy se ven traicionados por el rumbo socialista y cubanizante que le ha impreso a la misma a favor de terroristas internacionales como la ETA o las Farc.

VENEZUELA ANUNCIA DESARROLLO DE ENERGÍA NUCLEAR

En una conferencia desarrollada en Moscú con ocasión del llamado Foro Dos Siglos de la Independencia y la Revolución Bolivariana, el presidente venezolano además de hacer un llamado al retorno de la URSS, señaló el interés de su gobierno por comenzar a desarrollar energía nuclear en el país vecino.

El presidente Chávez busca también llevar su discurso a Ucrania, Bielorrusia, Irán, Siria y Portugal en búsqueda de apoyos y de posibles intercambios sobre esa materia. Dice Chávez que Venezuela no se dispone a hacer bombas atómicas, pero que sí desarrollará energía nuclear, recogiendo los mismos argumentos de su par iraní Mahmud Ahmadineyad que han merecido el repudio mundial indicando que tal interés se basa en sostener los principios de la revolución socialista a la que deben concurrir líderes y pueblos que pretenden romper las cadenas imperiales de los viejos imperios tenemos que enfrentar la violencia desatada de las burguesías apátridas formadas a imagen y semejanza del imperio norteamericano.

Desde febrero de 2010, el presidente venezolano había señalado esa intención en su programa “Aló Presidente”, cuando aseveró que "Los yanquis van a decir que Venezuela va a hacer la bomba atómica. Que digan lo que les dé la gana; nosotros vamos desarrollar nuestra energía nuclear". Chávez dijo que en Venezuela no había proyecto alguno sobre energía nuclear, a pesar de que en los años de 1950 se instaló un reactor experimental cerca de Caracas, que luego fue abandonado "porque lo prohibieron los yanquis". "Ahora por primera vez en 100 años llegó un gobierno soberano, ahora aquí no manda yanqui, ni nada. Yanqui go home", señaló entonces.

El martes 12 de octubre desde el Palacio de Miraflores, el presidente Chávez anunció que hay un conjunto de proyectos en áreas de minería y energía nuclear, que desarrollará el Gobierno Bolivariano con Rusia, con fines pacíficos, con la finalidad de crear la primera planta termonuclear en Venezuela, que pueden implicar también a Bielorrusia e Irán. Debe recordarse que el presidente venezolano alcanzó acuerdos con Rusia para la materialización de su iniciativa nuclear durante la visita que efectuara a ese país en septiembre de 2009.
Actualmente, sólo tres países en Latinoamérica tienen importantes avances en el uso de la energía atómica y son México, Brasil y Argentina. México tiene dos reactores en funcionamiento y ambos pertenecen a la central de Laguna Verde. El primero de ellos está operando desde 1990 y el segundo desde 1995. Brasil posee tres usinas con sendos reactores: Angra I, Angra II y Angra III y está integrado con Argentina en la Agencia Argentino-Brasileña de Aplicaciones de la Energía Nuclear (AABAEN). Argentina, por su parte, también tiene tres centrales: Embalse, Atucha I, Atucha II, construidas en los últimos cuarenta años y una cuarta en proyecto.

La primera pregunta a formularse es si Venezuela realmente cuenta con los recursos necesarios para un desarrollo de esta naturaleza, para asumir el alto costo económico que implica esta tecnología sin descuidar otras áreas básicas en materias como el desarrollo social, por ejemplo. El costo de una planta nuclear es prohibitivo, su mantenimiento costosísimo y no representa ahorro en comparación a otras alternativas energéticas. Solo la presión de grupos económicos beneficiados por la “industria” nuclear mantiene la oferta de beneficios en lo que se conoce como el “Lobby” nuclear internacional.

En segundo lugar, como ya está visto en el caso iraní, la propuesta de desarrollo de energía nuclear fácilmente se torna en el desarrollo de armamentos nucleares. La volatilidad política en Venezuela y el anuncio de imponer aún por la fuerza su revolución socialista se tornan entonces en una factor de riesgo regional, sin contar los ya de por sí altos riesgos ambientales de este tipo de centrales nucleares como se demostró en Chernóbil; la tecnología rusa no ha avanzado mucho desde entonces.

Si bien EE.UU. ha señalado que Venezuela ha comprado muchas armas a Rusia — valoradas en unos 4.000 millones de dólares, y esto causa preocupación en la región, porque ningún país en la región compra tantas armas o este tipo de armas, mantiene una actitud diplomática frente a los acuerdos de cooperación nuclear de Venezuela con Rusia; Estados Unidos no considera que las relaciones cada vez más estrecha entre Rusia y Venezuela sean una amenaza que surge para la seguridad y que pueda derivar en situaciones similares a las de la Guerra Fría del siglo XX, dijeron funcionarios estadounidenses.

Sin embargo el tema no puede dejar de ser un asunto de preocupación para organismos como la OEA ante el evidente carácter expansionista y hegemónico de la pretendida revolución bolivariana y la creación de un estado de inestabilidad política y militar que podría complicarse con un desarrollo nuclear, que si bien no sería en el corto tiempo, si puede generar conflictos como los que se viven hoy en el medio oriente.

LEY DE VÍCTIMAS

Indudablemente es una norma necesaria dentro de un proceso de reconciliación y reconstrucción, que no debe obedecer a presiones o intereses particulares de algún sector de la sociedad, sino que debe ser el fruto de la concertación y el consenso nacional, so pena de incurrir en desconocimientos, exclusiones y generación de unas expectativas que no puedan cumplirse para mayor frustración.

Por ejemplo, hay que preguntarse si la ambiciosa apuesta del Gobierno de restituir dos millones de hectáreas a campesinos despojados de sus propiedades, se acomoda a la realidad fáctica; sectores de oposición señalan la existencia de 3.500.000 desplazados de sus propiedades, cifra astronómica que no es real, que no corresponde a los ciudadanos registrados como poseedores de minifundios con respecto al total global de las zonas históricamente destinadas a la producción agropecuaria y en las zonas donde se ha presentado desplazamiento forzado.

Ahora bien, si el proyecto como señala el Minagricultura propende por una ley integral, que no sólo se concentrará en los mecanismos de restitución, sino en una apuesta mayor por democratizar la propiedad rural en Colombia , debería hablarse sin eufemismos de una reforma agraria forzada y no de restitución de tierras a desplazados por la violencia.
Ahora, es necesario conocer si la nueva norma es complementaria o deroga por el contrario otras como la Ley 1152 de 2007 que estableció el Estatuto de Desarrollo Rural, se reformó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictaron otras disposiciones, en especial las atinentes a la extinción de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejó de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 131 de esta ley durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente, como por ejemplo las destinadas a cultivos ilícitos.

El gobierno debe prestar sumo cuidado al tratamiento de estos temas, detrás de las presiones de algunas ONG y sectores políticos se esconde un afán por deslegitimar al Estado mostrándolo como favorecedor del latifundismo en perjuicio de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas, que no puede ser desconocido; de hecho, como sucedió en el caso de las compensaciones económicas a las víctimas de la violencia, ya hay legiones de abogados con intereses políticos definidos que buscan crear situaciones de hecho para buscar que quienes vendieron voluntariamente predios agrarios ahora reclamen que lo hicieron sin ejercicio de la voluntad para el negocio jurídico, ya que actuaban bajo amenazas o presiones ilícitas; de ahí que el anuncio del Ministro Restrepo de que una de las disposiciones novedosas será la de “invertir la prueba de la carga” para demostrar la propiedad de los predios puede convertirse en una peligrosa arma de doble filo.

Y se favorecerán más las actuaciones de mala fe cuando el proyecto contempla que para que ese procedimiento sea expedito, el proyecto obliga a los empresarios a demostrarles a las autoridades que su tenencia y su derecho de dominio son legítimos. La iniciativa contempla fondos de compensación en caso de que las tierras estén en manos de empresarios que la hayan adquirido de buena fe. Esa compensación será pagada en plazo diferido y en títulos de deuda pública TES. Es decir quien compró un predio que sea reclamado deberá probar la buena fe de las partes en el negocio, si subsiste la duda mediante artimañas jurídicas, el comprador de buena fe deberá restituir el predio a quien lo reclama y contentarse con esa compensación que jamás hará justicia a las inversiones y mejoras que haya podido realizar.

De ahí que se hace urgente que el proyecto sea minuciosamente estudiado y definido, no realizar una norma injusta de expropiación estatal al estilo socialista para satisfacer los apetitos políticos de los mismos sectores que en Colombia han tenido el tema agrario y especialmente la tenencia de la tierra como un elemento de justificación de la combinación de los formas de lucha que pregonan las Farc.

COLOMBIA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Por séptima vez en la historia, Colombia ocupará el asiento rotatorio de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo multilateral encargado de velar por la seguridad y la paz entre las naciones. El Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanentes con privilegio de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) y 10 naciones en calidad de no permanentes que son elegidas para un período de dos años.

En este momento, Brasil, Líbano, Nigeria, Gabón y Bosnia y Herzegovina, ocupan cinco de los puestos rotatorios durante el bienio 2010-2011; los otros cinco están siendo ocupados por México, Austria, Japón, Turquía y Uganda, hasta diciembre de este año. Colombia entrará a reemplazar a México a partir de enero de 2011. Junto a Colombia, fueron elegidos Alemania por Europa Occidental, India por Asia y Sudáfrica en representación de África, quedando pendiente para una segunda votación la designación de Canadá o Portugal.

La elección de Colombia fue abrumadora, alcanzando 186 de los 191 votos posibles. Sólo cinco países se abstuvieron de votar por Colombia, entre ellos, estamos seguros, estuvo Bolivia cuyo presidente, Evo Morales, ya había expresado que no compartía la elección de Colombia en representación de América Latina, pues es “el candidato de Estados Unidos” . En todo caso, la votación por Colombia representa un reconocimiento a la trayectoria y experiencia de nuestro país en materias de seguridad y búsqueda de la paz.

Y esto es así porque, pese a la amplia campaña de desprestigio internacional por parte de ciertos sectores de izquierda, precisamente muy ‘amigos’ de Evo Morales y Hugo Chávez, que presentan al Estado colombiano y a sus fuerzas de seguridad como instituciones criminales y mafiosas que violan sistemáticamente los derechos humanos y que tiene sembrados de fosas comunes el territorio nacional, lo cierto es que la comunidad internacional reconoce en Colombia un defensor infatigable de la democracia, que tiene a cuestas una vasta y valiosa experiencia en la búsqueda de la paz y la seguridad, toda vez que durante años ha debido hacer frente a grupos narcoterroristas que buscan desestabilizar la paz y la tranquilidad de los colombianos.

Desde el Consejo de Seguridad, Colombia será participe de la toma de las decisiones obligatorias en materia de seguridad para los Estados miembros de la ONU, especialmente todo lo referente a las discusiones sobre narcotráfico, terrorismo, desarme, misiones de paz y estabilización mundial. De particular relevancia para el país es el análisis de la política mundial de lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, tema en el que la delegación colombiana, encabezada por el nuevo embajador ante la ONU Néstor Osorio, deberá defender el principios corresponsabilidad, pues carece de todo sentido y justicia que, mientras nuestro país se enfrenta valerosamente contra los grupos narcotraficantes con grandes riesgos para la vida de militares, policías y ciudadanos del común, en muchos países desarrollados se estén flexibilizando los controles al consumo con el cual se financian las actividades criminales en Colombia.

Asimismo, serán discutidos los mecanismos que obliguen a todas las naciones a ser firmes en el combate contra cualquier grupo catalogado como terrorista, independientemente de las razones ideológicas de cada país, con lo cual, los países vecinos no podrán seguir sacando excusas para apoyar y dar refugio a los grupos narcoterroristas, sin someterse a un verdadero escrutinio y sanciones de la comunidad internacional. Finalmente, desde su tribuna en el Consejo de Seguridad Colombia ha de llamar la atención sobre el peligro que representa para la paz regional el armamentismo chavista, que no tiene otro objeto que respaldar militarmente el expansionismo político de su ‘revolución comunista’ y cuyo primer objetivo es nuestro país.

Es una ardua tarea la que le espera a la representación colombiana en el Consejo de Seguridad. En todo caso, la abrumadora elección de Colombia es un reconocimiento y una manifestación de apoyo de la comunidad internacional a la lucha valiente del Estado colombiano en defensa de las instituciones democráticas, del respeto de los derechos humanos y la consolidación de la paz y la seguridad.


1. http://elnuevosiglo.com.co/home/noticias-del-dia/195-noticia-del-dia/17272-colombia-segura-de-lograr-asiento-en-co