Indudablemente la explotación mediática de los fatales sucesos de Córdoba que involucraron el asesinato de dos jóvenes estudiantes y la apreciación interesada, que han hecho algunos medios y organizaciones sobre las declaraciones de autoridades civiles y eclesiásticas de ese Departamento, mueven a dudar de las bondades del proceso de desmovilización iniciado en 2005 por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que es precisamente lo que buscan sus malquerientes al tratar de deslegitimar la Política de Defensa y Seguridad Democrático y otros logros de ese gobierno.
En este sólo fin de semana al menos cinco (5) columnistas de los diarios capitalinos El Tiempo y El Espectador arremetieron contra el proceso de desmovilización, atribuyéndole al mismo ser causa de la actual violencia que se vive en el Urabá antioqueño y en Departamentos de la Costa Atlántica como Bolívar y Córdoba, así como a las situaciones de violencia delincuencial que azotan a ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. En resumen, todos tratan de coincidir en señalar que la indefinición jurídica de la situación de los desmovilizados es resultado que la columnista Natalia Springer se atreve a afirmar, y producto de una transacción ilegítima entre dos que han sido cómplices (Álvaro Uribe y las Autodefensas ilegales)[1].
La intención proterva de muchos columnistas los lleva incluso a manipular la información para desacreditar el proceso; por ejemplo, en El Espectador, Alfredo Molano Bravo[2], como lo hace la mencionada Natalia Springer, indica que la cifra manejada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad Nacional para la Justicia y Paz, creada en 2005, corresponde a delitos cometidos por las Bacrim desde ese año, cuando en realidad se trata de todos los casos que comprometen a las desmovilizadas AUC y otras organizaciones armadas ilegales conocidos por el ente judicial y que sirven de fundamento para incorporar o no a los desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz; es lógico apenas que incluya esa información también posibles conductas punibles cometidos con posterioridad al proceso, pero en manera alguna que estas sólo hayan sido cometidas en este lapso.
De manera tendenciosa se señala entonces que la Fiscalía General de la Nación ha documentado 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada, el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad, para señalar que los hechos dolosos fueron cometidos por paramilitares entre junio de 2005 y diciembre de 2010. Es decir, en los últimos cuatro años de la Seguridad Democrática, concluyendo con dos preguntas maliciosas: ¿Qué función han cumplido los miles de millones de dólares invertidos en armar y alimentar ejércitos de uno y otro tenor para llegar a concluir que ha sido una guerra inútil, pero administrada a favor de unos pocos y poderosos intereses? ¿Cuál ha sido el costo humano de mantener el orden social y de qué orden se trata?[3]
De la misma manera perversa Natalia Springer señala que: El proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción de las autodefensas, con todas sus fallas y la evidente improvisación, procedió, entre otras razones, porque el narcotráfico necesitaba reducir el tamaño de su ejército ilegal. Con un accionar más sutil, la seguridad en las zonas de influencia ha recaído gradualmente sobre grupos de civiles armados, hoy bandas emergentes, que ellos mismos formaron dentro de las comunidades bajo su control, con un efecto directo sobre la anarquización de la violencia y la calidad de la democracia.[4]
Y son perversas esas afirmaciones porque el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales existen antes del proceso de Justicia y Paz, éste no fue diseñado para desmovilizar o legitimar narcotraficantes o los delincuentes a su servicio, quienes incurrieron en los mismos delitos con posterioridad al inicio del proceso o fueron dados de baja, o capturados o extraditados, o son perseguidos en la actualidad por la Fuerza Pública.
Otra cosa es que el esfuerzo y el sacrificio militar no sea respaldado por las acciones judiciales; jueces y fiscales amparándose en tecnicismos, leguleyadas o abierta corrupción están liberando a los delincuentes capturados o estos siguen delinquiendo desde las cárceles con la complicidad omisiva o activa de las autoridades penitenciarias. Son estas acciones injustificables e injustificadas las que coadyuvan en la generación de un clima de impunidad y de favorecimiento al narcoterrorismo.
Sería la Fuerza Pública la que en caso de poder pronunciarse debería quejarse amargamente por la inutilidad de su sacrificio y de su compromiso con la PDSD, mientras los poderes públicos más interesados en resultados políticos o compromisos de otras naturalezas se niegan a abrir las investigaciones para determinar quiénes desde la legalidad, incluso desde las mismas instituciones públicas, apoyan, auspician, cohonestan, patrocinan o hacen apología del narcoterrorismo como amenaza a la calidad de democracia a la que nuestro Estado social de derecho aspira.
Es injusto atribuir a la PDSD, al Ejército y la Fuerza Pública, que aún subsistan organizaciones delincuenciales que amparándose entre sí siguen promoviendo el narcotráfico y el terrorismo como medio de vida, sin analizar imparcialmente los resultados obtenidos en los últimos 8 años y compararlos realmente con lo que ocurría antes de la PDSD en materia de seguridad nacional; el esfuerzo nacional no puede ser pisoteado tan impunemente simplemente para satisfacer las intenciones egoístas o perversas de quienes lo atacan para destruir la imagen de un mandatario o presionar un cambio en el rumbo de la seguridad democrática.
[1] EL TIEMPO. Un elefante en la cama. Opinión. Lunes, 17 de enero de 2011. Ver en: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nataliaspringer/un-elefante-en-la-cama-i_8786673-4
[2] EL ESPECTADOR. ¿Y entonces qué? Opinión. Domingo, 16 de enero de 2011. En: http://www.elespectador.com/impreso/columna-245077-y-entonces
[3] Ibíd.
[4] EL TIEMPO. Ob.cit.
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