FARC-BACRIM, ALIANZA DIABÓLICA

Con ese mismo titular, El Espectador[1] desnuda el contubernio de las otrora guerrillas marxistas leninistas Farc y Eln, con las 5 bandas criminales narcotraficantes ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’, ‘Renacer’, ‘Nueva Generación’ y ‘Los Machos’, unidas en un solo fin: Mantener los sembradíos, laboratorios y rutas del narcotráfico para el beneficio de sus cabecillas, mediante métodos de terror y corrupción.

En el análisis de El Espectador se quedó por fuera la alianza internacional de las narcoguerrillas y las Bacrim con los cárteles mexicanos y centroamericanos de la droga, que son los proveedores de armas y municiones para las organizaciones criminales colombianas; se queda también por fuera el papel de algunas ONG, movimientos políticos y sociales vinculados a la llamada plataforma bolivariana (neocomunista), que hacen el juego legal de las narcoguerrillas en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional, y que dadas sus característica son la cara política que aún insisten en mostrar las bandas criminales.

Las Bacrim operan en 27 de los 32 departamentos del país a sus anchas y traban alianzas con la guerrilla bajo una sola causa: el narcotráfico. Ya existen casos documentados de vínculos entre las organizaciones de Daniel El Loco Barrera, los hermanos Luis Enrique y Javier Calle Serna, conocidos como Los Comba, y los segundos en jerarquía de Pedro Guerrero, alias Cuchillo con los frentes 18, 34, 58, 57, 24, 43, 1 y 10 de las Farc. Es más, fuentes de inteligencia que han aportado importante información sobre eventuales reuniones entre El Loco Barrera y miembros del secretariado. Correos hallados en el computador del abatido jefe guerrillero Víctor Julio Suárez, alias el Mono Jojoy refrendan estos nexos con el único objetivo de defender los corredores de droga y las rutas al exterior[2].

Antioquia, Caquetá, Valle, Putumayo, Nariño, Cauca y Córdoba son los departamentos que más han padecido esta siniestra alianza, que termina desdoblándose en escuelas de sicarios, oficinas de cobro, microtráfico, narcotráfico a gran escala, dominio de cárceles y manejo de laboratorios. Y de contera la infiltración a algunos miembros de la Fuerza Pública. Estas bandas controlan además pequeños negocios legales, los cuales vacunan al pedirles entre $5.000 y $20.000 por cada establecimiento diario. Prostíbulos, bares, centros de comercio, cárceles, el rentable negocio del mototaxismo o el transporte. Todos pagan y las ganancias se calculan en miles de millones de pesos[3]. Son las responsables de la explotación de la minería ilegal y de la extorsión a empresas legales, como también de la comisión de secuestros y reclutamiento forzoso de menores de edad a las filas del crimen.

El perfil del primer nivel que concentra casi 6.000 integrantes de bandas criminales está conformado por jóvenes entre los 14 y 18 años, responsables del sicariato, cobros a establecimientos y vigilancias estratégicas de las rutas de droga.

En un nivel intermedio, revelaron autoridades a El Espectador, están los llamados jefes de las oficinas de cobro, que tienen particulares fachadas para pasar de agache: desde venta de minutos celulares hasta oficinas de abogados. “Son los jefes directos de los sicarios y en muchas ocasiones tienen amplias libertades para hacer todo tipo de vueltas sin consultarle al patrón”, comentó un oficial. Generalmente, son hombres entre los 25 y los 35 años, exparamilitares o con cercanos nexos con las mafias. Son ellos el poder corruptor de estas organizaciones, los que buscan colar sus fichas en las autoridades y en no pocas ocasiones lo han logrado.

El tercer nivel es el de los capos con conexiones internacionales y empresas fachadas para lavar dinero. La guerra reciclada de las autodefensas hoy es un fenómeno en expansión que tiene haciendo cuentas a las autoridades. Antes de caer el telón de 2010 cayó alias Cuchillo. La Fuerza Pública insiste en que todos correrán la misma suerte. No obstante, las alianzas persisten, en Meta y Guaviare ya no se sabe si manda más John 40 de las Farc o El Loco Barrera. Nadie se impone en un negocio tan rentable que llena las arcas de ambos bandos. En Urabá antioqueño, Guaviare y Norte de Santander, la guerrilla del Eln tiene alianzas del mismo tipo con ‘Los Rastrojos’.

Herederos de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, volvieron a empoderarse de todo cuanto ocurre en Sucre y el Golfo de Morrosquillo. Idéntico retrato ocurre en Córdoba con enlaces de Salvatore Mancuso. Ya lo propio se ha documentado con los segundos de Don Berna en Medellín, y ni qué decir de lo ocurrido en la Costa Atlántica con los secuaces de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. A través del obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, estas bandas criminales buscan repetir un proceso como el de Ralito, pero el Gobierno ya la cerró la puerta a esa posibilidad.

Nada mejor para los intereses de las Farc y Eln, que algunos medios de comunicación y sectores de opinión insistan en denominar a las Bacrim como bandas neoparamilitares, es la sociedad la que traza esa línea tras la que se oculta la realidad del negocio criminal y permite que las narcoguerrillas sigan siendo vistas como potenciales interlocutoras del Estado social de derecho.

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[1] EL ESPECTADOR. FARC-BACRIM, alianza diabólica. Domingo, 30 de enero de 2011. En: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-247770-farc-bacrim-alianza-diabolica

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

LA CRISIS DE LAS FF.AA. VENEZOLANAS.

El exministro de defensa y excanciller venezolano Fernando Ochoa Antich, General en retiro de las FF.AA. venezolanas, envía un claro mensaje a los hombres de armas del país hermano, a la comunidad nacional e internacional, sobre la destrucción de la institucionalidad militar que ha causado el régimen comunista de Hugo Chávez Frías, sobre los peligros del armamentismo y el desarrollo del concepto de guerra asimétrica que promueve el gobierno en ese país.

Soy del concepto, dice el señor General Ochoa Antich, que la eficiencia de unas fuerzas armadas profesionales no se mide exclusivamente por la capacidad del armamento que, en un momento determinado, puede haberse adquirido. Es diferente, cuando el armamento es producido por su propia capacidad industrial. En ese caso, dicho armamento si muestra su potencialidad militar. De todas maneras, es importante saberlo, unas fuerzas armadas profesionales se sustentan más en los valores militares y morales de su personal, surgidos de una exigente meritocracia, que del material de guerra disponible. La pregunta que debemos tratar de responder es si realmente el régimen chavista ha fortalecido esos valores o por el contrario los ha comprometido con su equivocada política militar[1].

Señala Ochoa Antich como causas de la degradación de las FF.AA. las siguientes: Durante los doce años de gobierno se han aprobado varias reformas de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. En los cambios organizativos se ha buscado centralizar el mando en el presidente de la República, al concederle grado y mando militar, debilitando la capacidad de acción del ministerio de la Defensa y del Comando Estratégico Operacional; y la autonomía de las distintas Fuerzas. Lo más grave ha sido crear la Milicia Nacional Bolivariana, irrumpiendo el concepto profesional de reserva, para transformarla en una organización estructurada con personal no formado dentro de los valores militares. La facilidad de acceso que se les ha dado a muchos ciudadanos, valorando exclusivamente su lealtad a unas ideas políticas, compromete gravemente nuestra unidad doctrinaria[2].

Continúa el señor General señalando como esa debilidad organizativa, se ha visto incrementada por un manejo de personal que ha debilitado los valores fundamentales de disciplina y subordinación y comprometido el entrenamiento y la operatividad militar de nuestra organización. No hay duda que son tres las medidas que más han perjudicado estos valores: la utilización masiva de personal militar en cargos civiles, la creación de los oficiales técnicos y la exagerada politización de los cuadros militares. En el primer caso se rompe la posibilidad de la valoración meritocrática del personal al obtener un mayor reconocimiento aquellos que desempeñan cargos civiles. En el segundo caso, se han irrumpido los valores mínimos de disciplina al subordinar a antiguos suboficiales a oficiales que habían sido sus superiores[3].

Así mismo señala como la politización de la Fuerza Armada ha venido comprometiendo su prestigio. El efecto sobre el respaldo nacional que siempre necesita unas fuerzas armadas para poder defender la soberanía nacional es inmediato. Al vincularse el prestigio institucional con la acción de un gobierno en particular y no con el Estado, conduce a que ese respaldo empiece a ser absolutamente parcial: solo aquellos que ven con simpatía la acción del gobierno. En 1998, las Fuerzas Armadas era una de las dos instituciones más reconocidas de la sociedad venezolana. Eso se termino hace tiempo. El único responsable de la destrucción de la Fuerza Armada es Hugo Chávez. La oposición sólo será garantía de profesionalismo y de respeto a los valores militares. Esa es la verdad[4].

Ya la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAMERICA, había advertido desde septiembre de 2009 en la obra El plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas, como las Fuerzas Armadas latinoamericanas son objeto de un ataque sin precedentes. La ofensiva se realiza en todas las naciones -aunque con métodos diferentes- para lograr un mismo fin: la destrucción definitiva de las instituciones armadas[5].

Lo que sucede en Venezuela no es ajeno a lo que está ocurriendo en Colombia, donde el gobierno trabaja hombro a hombro con las Fuerzas Militares, las ONGs de izquierda, financiadas desde el exterior, hacen de las suyas, acusando injustamente a héroes militares, para minar la moral de la Institución. La teoría de los “falsos positivos”, inventada por la izquierda, está haciendo estragos en Colombia, al convertir a muchos terroristas y narcotraficantes, en supuestas “víctimas” del sector castrense[6], como quedará consignado en la llamada Ley de Reparación de Víctimas impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos. El hecho de que la ofensiva exista de manera casi idéntica en naciones con gobiernos de diferente ideología, demuestra que se trata de una estrategia supranacional, orquestada desde fuera de nuestros propios países.

El 3 de julio de 2011 se cumplirán veintiún años de la fundación de una organización política denominada el Foro de São Paulo (FSP), que agrupa a casi todas las izquierdas de Iberoamérica, incluyendo a los movimientos guerrilleros armados, entre los que se cuentan las Farc y Eln, como también el Polo Democrático Alternativo. Se llamó así porque su primera reunión se llevó a cabo en esa ciudad brasileña. El FSP fue convocado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, de Lula da Silva y la actual presidenta de ese país Dilma Rousseff y el Partido Comunista de Cuba de los hermanos Castro Ruz, con el fin de redefinir los objetivos y las actividades de la izquierda, luego de la caída del muro de Berlín y el derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética.

Los integrantes del Foro de São Paulo no presentan propuestas concretas para resolver los problemas de la región; y en la práctica no los han solucionado cuando han llegado al poder. Su único discurso consiste en criticar el orden existente: la globalización, el neoliberalismo, el libre comercio, el imperialismo y los partidos políticos tradicionales. Armados de estadísticas, los miembros del FSP hablan constantemente del fracaso del capitalismo moderno[7].

Pero más allá de la reedición del mismo discurso comunista de la guerra fría, el FSP busca repetir en América Latina el mismo fracaso económico y político que dio al traste con la pretendida revolución soviética y el modelo socialista en Eurasia y la misma China continental que ha decidido recurrir al capitalismo como arma económica para mostrar otra cara del comunismo.

El Foro de São Paulo hace de la democracia un baluarte para empoderarse, pero a la vez defiende la revolución comunista cubana y sus métodos, rechazados en el mundo entero por ser una dictadura implacable, que ha asesinado y encarcelado a decenas de miles de opositores, y cercenado sin ninguna contemplación la libertad y la libre expresión de sus ciudadanos[8], situación que hoy vive en Venezuela el autor de la obra citada, el señor Alejandro Peña Esclusa, encarcelado por el régimen chavista bajo sindicación de concierto para delinquir agravado como diría nuestra Corte Suprema de Justicia al perseguir a quienes han combatido el comunismo en Colombia.

El FSP se opone verbalmente al terrorismo y la violencia, pero dentro de sus filas existen grupos guerrilleros, como las FARC y el ELN, que practican diariamente el terrorismo y la violencia. Igualmente condenan el narcotráfico, pero existen pruebas irrefutables de la vinculación de algunas de sus organizaciones con la producción y comercialización de narcóticos, siendo los más conspicuos los movimientos guerrilleros colombianos[9].

No todos los del FSP se identifican con la lucha armada y con los procedimientos ilegales que utilizan los grupos más radicales del Foro. Sin embargo, en lugar de desvincularse de ellos y denunciarlos públicamente, se sientan en la misma mesa y comparten una misma estrategia de acción, como lo demuestra el reconocimiento al llamado Movimiento Continental Bolivariano (MCB), en cuya presidencia se reconoce no sólo a Tirofijo sino al actual cabecilla de la banda criminal, Alfonso Cano[10].

Con relación a nuestras FF.AA. el FSP ha considerado que el tema militar tiene que estar en la estrategia de los revolucionarios para romper la dominación; porque, con las diferencias que puedan haber en cada país, éste es uno de los factores de poder fundamentales con el cual tiene que lidiar un proceso revolucionario; ya que precisamente, en una revolución, su principal problema es el del poder, de alcanzar el poder; y éste es uno de los baluartes del poder[11]. De tal manera que si un Ejército no puede ser vencido militarmente, debe recurrirse y acentuarse la lucha político-jurídica para su sumisión.

Ojalá lo señalado por el señor General Ochoa Antich sea asumido por las FF.MM. colombianas, especialmente cuando altos funcionarios del Estado en trance mediático y electorero se expresan llamando a una revisión de la legislación que regula la acción militar desarrollada conforme al Capítulo 7 del Título VII de la Constitución colombiana, asumiendo como crítica democrática el mismo discurso que el narcoterrorismo ha esgrimido desde los años 50 del siglo pasado en el país.

[1] EL UNIVERSAL. ¿Quién desea realmente destruir a la Fuerza Armada? Domingo, 30 de enero de 2011. En: http://www.eluniversal.com/2011/01/30/opi_art_quien-desea-realmen_30A5065895.shtml

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

[5] UNOAMÉRICA. El plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas Septiembre de 2009. Ver: http://www.unoamerica.org/unoTest/upload/apps/El%20Plan%20del%20Foro%20de%20Sao%20Paulo%20contra%20las%20FF.AA..pdf

[6] Ibíd.

[7] Ibíd.

[8] Ibíd.

[9] Sobre este tema ver: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-247770-farc-bacrim-alianza-diabolica

[10] Ver: http://www.caracoltv.com/noticias/mundo/video161493-movimiento-continental-bolivariano-nombra-a-alfonso-cano-jefe-honorario

[11] . El plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas. Ob.cit.

EL CHILENO MANUEL OLATE Y LAS FARC.

Solo para la Corte Suprema de Chile no existieron las probanzas necesarias que demuestran como el nacional de ese país Manuel Olate es pieza clave del aparato internacional de las Farc, las fotos encontradas donde viste uniforme militar e incluso porta armas mientras posa con cabecillas de la organización criminal narcoterrorista, no convencieron a los jueces australes para extraditar a Olate hacia Colombia para que responda judicialmente por su pertenencia activa a la narcoguerrilla.

Seguramente los organismos de derechos humanos que hacen parte del aparato político del narcoterrorismo, presionaron como lo hacen en el caso de alias Camilo Cienfuegos, extraditado de México, para que se considere la pertenencia de estos elementos a las Farc como apenas una expresión de una opinión política que no puede ser penada, en tanto no han estado presuntamente involucrados en acciones armadas contra el pueblo colombiano, que porten un fusil en las fotos, según estas ONG, no es más que un elemento simbólico.

No sirvieron tampoco las pruebas recolectadas por fiscales chilenos que viajaron a Colombia para recolectar testimonios de desmovilizados que ponían en evidencia que Olate era mucho más que un simple diseñador gráfico, como decía ser, y que en realidad él y otros chilenos habían desempeñado un papel clave y muy activo para las Farc [1].

Las fotos y los correos electrónicos que se tenían permitieron a los investigadores establecer que Olate era conocido en las Farc con el alias de 'Roque'. "Tenemos la visita de Roque con dos colegas más (...) Aprovechemos ahora que se encuentra aquí a ver si logramos enlazarnos con ellos en el propósito de asegurar hacia el futuro nuestra presencia en la web. Es todo. Un gran abrazo. Raúl", señala un correo del 20 de junio de 2005. En otro mensaje electrónico, Olate le pedía a 'Reyes' entrenamiento para integrantes del movimiento chileno conocido como Los Mapuches, catalogado por las autoridades de ese país como un movimiento subversivo y terrorista. "Existen compañeros del pueblo mapuche que hace rato están en lucha con el Estado por la devolución de sus tierras (...) A través de unos contactos se acercaron a nosotros para pedir apoyo en términos de instrucción", dice uno de los apartes. Para la Fiscalía chilena es claro que Olate y las Farc entrenaron a miembros de esa facción.

El magistrado de la Corte Suprema de Chile Sergio Muñoz rechazó la extradición de Olate, atendiendo el argumento de la defensa de Olate, basada en que no se logró demostrar que lo que existe entre el imputado y las Farc no va más allá de sólo una “simpatía partidaria, pero en ningún caso una relación operativa”.

Como en el caso de muchos terroristas latinoamericanos que ahora desempeñan importantes cargos públicos, incluso la presidencia en dos países del continente, resulta que jamás dispararon un arma, ni cometieron delitos contra la seguridad nacional de sus países, portaban las armas pero no hicieron un solo tiro, sabían de los atentados con bombas o asaltos a instituciones, pero jamás hicieron nada por evitarlos, resultando a la postre que el terrorismo no existió sino que se trataba de organizaciones de ‘luchadores altruistas’ como sin ninguna vergüenza han calificado las altas Cortes colombianas a estos bandidos, finalmente quienes terminan siendo reos de la justicia son quienes en uso de la facultad de defender la nación y el régimen democrático los combatieron.

Así por lo menos deja ver la decisión del el juez chileno quien califica el actuar de las Farc como "beligerante" y no terrorista. "El tribunal no pretende resolver en esta sentencia un aspecto de derecho internacional público, que impone otorgar o reconocer el carácter de beligerante a las Farc en Colombia. Pero no puede dejar de atender la alegación constituida por el hecho que de ser las Farc una fuerza beligerante, sus acciones no podrían ser consideradas como conductas terroristas", dice el fallo, según lo dio a conocer el diario La Tercera, de Chile [2].

El tribunal chileno tampoco considera que financiar a las Farc pueda ser un delito en razón de la cuantía de los aportes que pueden producir la realización de fiestas, venta de discos compactos, poleras, chapitas, muñecas, películas, y fotos en actividades dirigidas a un reducido número de personas que comparten un mismo ideal político [3], lo que a todas luces indica una identidad del fallador con la ideología neocomunista impuesta en ese país, aún cuando hayan sido derrotados electoralmente y que a través del Movimiento Continental Bolivariano, del que hace parte el partido comunista chileno, avalan la validez de la tesis de la combinación de las formas de lucha, esto es ideológica y armada.

Manuel Olate considera la decisión del tribunal chileno como un respaldo explícito a la actividad internacionalista de los miembros de las Farc, como en efecto ocurre: "Esto nos ayuda a la gente que trabajamos en el ámbito internacional a sentirnos más respaldados, a que ustedes también se preocupen de lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras, y de que entendamos que estos son los costos que hay que pagar por hacer el trabajo", dijo Olate, quien apoyó la decisión del gobierno chileno de dejar la extradición en manos de la justicia [4].

Indudablemente la decisión del juez chileno constituye una indebida intromisión en los asuntos internos de Colombia, que si considera terroristas a las Farc, y amerita al menos una dura protesta del gobierno del presidente Santos ante su par en Chile; la decisión de esa Corte alienta el intervencionismo del neocomunismo a favor de las Farc en los demás países de la región.

[1] SEMANA. La historia del ‘chileno de las Farc’ no termina. Lunes, 24 de enero de 2011. En: http://www.semana.com/noticias-nacion/historia-del-chileno-farc-no-termina/150688.aspx

[2] LA TERCERA. Corte Suprema rechaza extradición de chileno ligado a las Farc. Domingo, 16 de enero de 2011. En: http://diario.latercera.com/2011/01/16/01/contenido/pais/31-56310-9-corte-suprema-rechaza-extradicion-de-chileno-ligado-a-las-farc.shtml

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

BOMBAZOS A LA DESMOVILIZACIÓN DE ORGANIZACIONES ILEGALES

Indudablemente la explotación mediática de los fatales sucesos de Córdoba que involucraron el asesinato de dos jóvenes estudiantes y la apreciación interesada, que han hecho algunos medios y organizaciones sobre las declaraciones de autoridades civiles y eclesiásticas de ese Departamento, mueven a dudar de las bondades del proceso de desmovilización iniciado en 2005 por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que es precisamente lo que buscan sus malquerientes al tratar de deslegitimar la Política de Defensa y Seguridad Democrático y otros logros de ese gobierno.

En este sólo fin de semana al menos cinco (5) columnistas de los diarios capitalinos El Tiempo y El Espectador arremetieron contra el proceso de desmovilización, atribuyéndole al mismo ser causa de la actual violencia que se vive en el Urabá antioqueño y en Departamentos de la Costa Atlántica como Bolívar y Córdoba, así como a las situaciones de violencia delincuencial que azotan a ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. En resumen, todos tratan de coincidir en señalar que la indefinición jurídica de la situación de los desmovilizados es resultado que la columnista Natalia Springer se atreve a afirmar, y producto de una transacción ilegítima entre dos que han sido cómplices (Álvaro Uribe y las Autodefensas ilegales)[1].

La intención proterva de muchos columnistas los lleva incluso a manipular la información para desacreditar el proceso; por ejemplo, en El Espectador, Alfredo Molano Bravo[2], como lo hace la mencionada Natalia Springer, indica que la cifra manejada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad Nacional para la Justicia y Paz, creada en 2005, corresponde a delitos cometidos por las Bacrim desde ese año, cuando en realidad se trata de todos los casos que comprometen a las desmovilizadas AUC y otras organizaciones armadas ilegales conocidos por el ente judicial y que sirven de fundamento para incorporar o no a los desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz; es lógico apenas que incluya esa información también posibles conductas punibles cometidos con posterioridad al proceso, pero en manera alguna que estas sólo hayan sido cometidas en este lapso.

De manera tendenciosa se señala entonces que la Fiscalía General de la Nación ha documentado 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada, el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad, para señalar que los hechos dolosos fueron cometidos por paramilitares entre junio de 2005 y diciembre de 2010. Es decir, en los últimos cuatro años de la Seguridad Democrática, concluyendo con dos preguntas maliciosas: ¿Qué función han cumplido los miles de millones de dólares invertidos en armar y alimentar ejércitos de uno y otro tenor para llegar a concluir que ha sido una guerra inútil, pero administrada a favor de unos pocos y poderosos intereses? ¿Cuál ha sido el costo humano de mantener el orden social y de qué orden se trata?[3]

De la misma manera perversa Natalia Springer señala que: El proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción de las autodefensas, con todas sus fallas y la evidente improvisación, procedió, entre otras razones, porque el narcotráfico necesitaba reducir el tamaño de su ejército ilegal. Con un accionar más sutil, la seguridad en las zonas de influencia ha recaído gradualmente sobre grupos de civiles armados, hoy bandas emergentes, que ellos mismos formaron dentro de las comunidades bajo su control, con un efecto directo sobre la anarquización de la violencia y la calidad de la democracia.[4]

Y son perversas esas afirmaciones porque el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales existen antes del proceso de Justicia y Paz, éste no fue diseñado para desmovilizar o legitimar narcotraficantes o los delincuentes a su servicio, quienes incurrieron en los mismos delitos con posterioridad al inicio del proceso o fueron dados de baja, o capturados o extraditados, o son perseguidos en la actualidad por la Fuerza Pública.

Otra cosa es que el esfuerzo y el sacrificio militar no sea respaldado por las acciones judiciales; jueces y fiscales amparándose en tecnicismos, leguleyadas o abierta corrupción están liberando a los delincuentes capturados o estos siguen delinquiendo desde las cárceles con la complicidad omisiva o activa de las autoridades penitenciarias. Son estas acciones injustificables e injustificadas las que coadyuvan en la generación de un clima de impunidad y de favorecimiento al narcoterrorismo.

Sería la Fuerza Pública la que en caso de poder pronunciarse debería quejarse amargamente por la inutilidad de su sacrificio y de su compromiso con la PDSD, mientras los poderes públicos más interesados en resultados políticos o compromisos de otras naturalezas se niegan a abrir las investigaciones para determinar quiénes desde la legalidad, incluso desde las mismas instituciones públicas, apoyan, auspician, cohonestan, patrocinan o hacen apología del narcoterrorismo como amenaza a la calidad de democracia a la que nuestro Estado social de derecho aspira.

Es injusto atribuir a la PDSD, al Ejército y la Fuerza Pública, que aún subsistan organizaciones delincuenciales que amparándose entre sí siguen promoviendo el narcotráfico y el terrorismo como medio de vida, sin analizar imparcialmente los resultados obtenidos en los últimos 8 años y compararlos realmente con lo que ocurría antes de la PDSD en materia de seguridad nacional; el esfuerzo nacional no puede ser pisoteado tan impunemente simplemente para satisfacer las intenciones egoístas o perversas de quienes lo atacan para destruir la imagen de un mandatario o presionar un cambio en el rumbo de la seguridad democrática.

[1] EL TIEMPO. Un elefante en la cama. Opinión. Lunes, 17 de enero de 2011. Ver en: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nataliaspringer/un-elefante-en-la-cama-i_8786673-4

[2] EL ESPECTADOR. ¿Y entonces qué? Opinión. Domingo, 16 de enero de 2011. En: http://www.elespectador.com/impreso/columna-245077-y-entonces

[3] Ibíd.

[4] EL TIEMPO. Ob.cit.

EL CASO ZEUS EN TOLEMAIDA

En su edición de hoy El Espectador [1], destaca una información según la cual el desvinculado Mayor Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, haría de las suyas en el establecimiento penitenciario destinado a militares condenados ubicado en la guarnición militar, violando reiteradamente el Código Nacional Penitenciario. Habla la nota periodística del ingreso permanente de visitantes, licores, la no permanencia en el centro de reclusión sino en las cabañas destinadas al descanso de Oficiales y sus familias, la realización de fiestas no autorizadas y la posible salida irregular de las instalaciones del militar condenado.

La información hay que leerla de manera integral y poniendo especial cuidado en cuáles son las fuentes a la que recurre el medio para publicarla; del contenido se deriva que éstas están conformadas por fuentes militares e incluso se habla de altos Oficiales que expresaron su indignación por lo que venía sucediendo, se indica cómo los presuntos hechos motivaron una investigación de la Inspección General y la solicitud del propio Comandante del Ejército para que el condenado fuera trasladado a una cárcel común, La Picota, hecho cumplido.

Los escándalos presuntamente ocurridos en Tolemaida son de común ocurrencia en los centros de reclusión civiles, donde prevaliéndose de algún poder económico o de la “jerarquía” del delincuente, se les permiten celebraciones y otros hechos no autorizados explícitamente en las normas penitenciarias; en este caso, desafortunado, la noticia afecta la imagen institucional del Ejército y pareciere ser una banderilla más que se clava a la efectividad y eficiencia de la Justicia Penal Militar.

La severidad del establecimiento penitenciario, comúnmente conocido como “Cuatro Bolas”, era generalizada e incluso hubo algunas protestas de organizaciones no gubernamentales ONG, que consideraron que el régimen allí aplicado podía ser violatorio de los derechos humanos de los detenidos; es quizá la primera vez que se denuncia una posible laxitud o tolerancia de los mandos encargados de ella con relación a un condenado y muy seguramente si la investigación interna deriva en responsabilidad administrativa o disciplinaria de quienes la manejan, los efectos serán extremadamente severos porque definitivamente la ocurrencia de estas conductas no puede ser tolerada.

El régimen penitenciario en el país está reglado por la Ley 65 de agosto 19 de 1993, que regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad y en concordancia con el Código Penal, define que la pena tiene una función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización; mientras que las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.

El tratamiento penitenciario, dice la ley, tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.

El art. 27 de la norma señala que los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan. La organización y administración de dichos centros se regirán por normas especiales.

Atendiendo el ordenamiento legal, el 24 de enero de 2002 el gobierno nacional entregó las obras de la que es considerada la cárcel de máxima seguridad para integrantes de las Fuerzas Militares, condenados y sindicados por diversos delitos. La cárcel cuenta con las mismas especificaciones de las de Cómbita o Valledupar. Debe anotarse, que ningún establecimiento carcelario ha construido o dotado los pabellones especiales que para la reclusión de personal de la Fuerza Pública condenado de que trata la ley ya citada y que por la naturaleza del servicio de este personal, no puede ser recluido con la población carcelaria común.

Seguramente esta información de El Espectador constituirá ahora una excusa para revivir la guerra jurídico-política de la narcoguerrilla y sus voceros, pero hay que estar preparados para contener esa andanada y responder con las razones y verdades que siempre han acompañado el accionar del Ejército en todos los campos, haciéndole claridad a la opinión pública sobre la realidad de “Cuatro Bolas”.

[1] EL ESPECTADOR. El pachá de Tolemaida. Tema del día. Lunes 17 de enero de 2011. Ver en: http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-245285-el-pacha-de-tolemaida

EL RETROCESO DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

Defender la democracia fue la razón de la existencia de organismos como la ONU y la OEA, pero lastimosamente más de medio siglo después de su constitución, la democracia sigue siendo víctima inerme de las decisiones políticas.

La democracia retrocedió significativamente en 25 países durante 2010, sin que el mundo democrático opusiera resistencia al proceso, informó el jueves la Freedom House, un grupo independiente que monitorea el estado de las libertades. América Latina estuvo representada en la lista por Venezuela, México y Haití. Fue el quinto año consecutivo que Freedom House reportó un retroceso en los derechos políticos y las libertades cívicas en el mundo. "Nuestros adversarios no sólo aplican la represión generalizada sino que lo hacen con una agresividad y confianza sin precedentes'', dijo David J. Kramer, director ejecutivo del grupo. "Y la comunidad democrática no ha estado a la altura del reto''. El estudio de 194 países y 14 territorios del mundo halló que China, Egipto, Irán, Rusia y Venezuela siguieron incrementando sus medidas represivas con escasa resistencia de las democracias [1].

La guerra contra el narcotráfico y el terrorismo que se adelanta en Colombia ha sido estigmatizada y condenada por las presuntas organizaciones defensoras de los derechos humanos que guardan silencio frente a los delitos de lesa humanidad que las organizaciones armadas ilegales como las Farc, el Eln y las Bacrim cometen a diario para intentar doblegar la voluntad popular de mantener un régimen democrático en el país; es más, no faltan voces que abusando de la libertad de opinión exigen para Colombia un régimen similar a los señalados por Freedom House como violadores de la democracia. "Los regímenes autoritarios tendrán mayor libertad para acallar a sus disidentes si el mundo exterior no opone resistencia'', dijo Arch Puddington, director de investigaciones de Freedom House, en un comunicado que acompaña el informe [2].

Indudablemente esa actitud avasallante del totalitarismo será avalada y apoyada cuando los mandatarios del mundo democrático sigan señalando a los enemigos de la democracia como sus mejores amigos o asumiendo frente a ellos actitudes que privilegian el interés comercial al interés nacional de soberanía e independencia, como se evidencia en casos similares a los del gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, quien se ha pronunciado públicamente por la defensa de los derechos humanos y ha demorado la firma del TLC con Colombia, argumentando precisamente la situación de DD.HH., pero ha buscado mejorar las relaciones con las potencias económicas China y Rusia, uno de los primeros productores mundiales de petróleo, gas y minerales [3], y calla frente a los excesos del neocomunismo venezolano, acatando incluso el veto a sus representantes impuesto por el gobierno de este país.

Es un hecho que los regímenes autoritarios tendrán mayor libertad para acallar a sus disidentes si el mundo exterior no opone resistencia, si se permite por ejemplo que una decisión soberana de un Estado de deponer a un presidente corrupto, previo el agotamiento del debido proceso, como sucedió en Honduras, se convierte en justificación para declarar ese hecho como violatorio de la Carta Democrática de la OEA, mientras se acompañan leyes habilitantes que convierten a un Ejecutivo en el único poder del Estado, como ocurre en el caso venezolano, donde se desconoce la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

Esa hipocresía diplomática es la que permite que personas como Alejandro Peña Esclusa sea mantenido como prisionero político del régimen chavista, son las mismas falsas posiciones que han permitido la muerte de los prisioneros políticos declarados en huelga de hambre en Cuba y la misma Venezuela, sin que muevan siquiera una humanitaria reacción del llamado mundo diplomático, mientras sus voceros ahora abogan por abrirle la puerta a la legitimación del narcotráfico y el terrorismo, como alternativa para superar la guerra declarada contra la sociedad por sus actores ilegales.

[1] EL UNIVERSAL. Venezuela entre los países en los que retrocedió la democracia. Caracas, jueves 13 de enero de 2011. En: http://www.eluniversal.com/2011/01/13/pol_ava_venezuela-entre-los_13A4974013.shtml

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4/] Ibíd.

MARÍA BRÍGIDA GONZÁLEZ, UN ARPÓN EN EUROPA DE LA DUDOSA ONG JUSTICIA Y PAZ

Una anciana extraída de su vida rural por el cura Javier Giraldo S.J., cabecilla de Justicia y Paz, es un arpón instalado en las suaves carnes de la U.E., para tratar de deslegitimar al Estado colombiano, especialmente al Ejército Nacional. Brígida González jamás ha sido defensora de DD.HH., ha sido colaboradora del frente 47 de las Farc, madre de Comandantes de esa organización terrorista, entre ellos el del frente 58 de esa organización narcoguerrillera.

Pese a la certeza de la vinculación familiar con las Farc, la citada señora acude a Europa diciendo que es víctima de la violencia, lo que no podría dudarse, señalando que ha sufrido el asesinato de tres hermanos varones a manos de la delincuencia colombiana, los paramilitares y las Farc, respectivamente. Su hija de 15 años permanece desaparecida por los Paramilitares desde 1997 y otra, también de 15 años, fue recientemente asesinada el 26 de diciembre de 2005 por la Brigada XVII del Ejercito Colombiano. Esa es la Brígida, elocuente mujer campesina, naturalista, artesana y gran luchadora [1] ha sido propuesta a diversos premios de ecología y derechos humanos, que como madre de guerrillos y auspiciadora de las Farc, presenta el cura Giraldo al mundo.

Ese estremecedor testimonio de una mujer anciana que va a condenar al gobierno de Uribe y a la Política de Defensa y Seguridad Democrática, será fundamental para la campaña internacional de las Farc y sus voceros políticos en Europa; enviada por un cura católico de los jesuitas a difamar al país no tendrá opositores. Pronto la misma España olvidará el papel de los jesuitas españoles en la aventura terrorista en América, especialmente en el surgimiento y financiación del ELN; jamás se investigará el papel de Javier Giraldo en ese papel durante su “misión pastoral” en Santander, coetáneo y consistente con el que desarrollaron Manuel Pérez, Domingo Laín Sáenz, José Antonio Jiménez Comín, entre otros, y el paso de la estrella fugaz que fue Camilo Torres Restrepo, convertido en ícono a pesar de la traición que sufrió por parte de los mismas cabecillas del ELN, los hermanos Castaño, Marco, Antonio y Fabio Vásquez Castaño, los primeros abatidos por el Ejército y el último pensionado en Cuba.

La gira europea de Brígida no sería de interés por su vetusta ocasión, 2006, si no fuera porque precisamente se convierte en prueba de la recurrente mentira del comunismo y las narcoguerrillas. Es una de las que tienen para enlodar el nombre de Álvaro Uribe Vélez como presidente a costa de deslegitimar al Ejército, a quien por dogma deben acusar de violar los derechos ciudadanos y ser instrumento de opresión de los poderosos, como han repetido desde el siglo XIX.

Curiosamente, todas las pruebas contra el Ejército Nacional tienen el mismo origen y la misma trayectoria: Gentes enviadas a otros países por las ONG o la misma Fiscalía para declarar en contra de cualquier miembro del Ejército o el gobierno de Uribe Vélez.

El cura Giraldo y muchas organizaciones afines a las Farc hace rato decidieron y comunicaron que no confían en la justicia colombiana, incluso han creado zonas territoriales independientes que no aceptan la presencia del Estado, especialmente de sus Fuerzas Militares, pero que se convierten en santuarios del narcoterrorismo; el apoyo jurídico a ese híbrido territorial es el que permite que se utilicen a personas como María Brígida González para manipular la opinión internacional; el Estado colombiano, como se hizo en los años 50, no cree en las alertas tempranas del Ejército y los ciudadanos sobre la consolidación de territorios base para la legitimación de las Farc, en cuanto sobre ellos no puede ejercer plena soberanía.

[1] INSUMISSIA. Gira por el estado español, en búsqueda de apoyos a la comunidad de Paz de San José de Apartado, de Doña Brígida. Ver en: http://www.nodo50.org/antimilitaristas/spip.php?article2387

INTELECTUAL ESPAÑOL RETA AL ELN A RETOMAR DIÁLOGOS DE PAZ

El director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenc Fisas, instó en una carta abierta al Comando Central (COCE) del ELN a retomar un diálogo de paz suspendido en el 2005. "El objetivo de la presente carta abierta es solicitarles cordialmente que concreten con el Gobierno colombiano una petición de abrir negociaciones formales que conduzcan a esa salida política al conflicto", señala Fisas en el mensaje difundido este lunes 3 de enero de 2011. Agrega que "no basta con proclamar el deseo de salida en sus medios de comunicación, es momento de traducirlo en un diálogo formal" [1].

Cabe recordar que el Gobierno colombiano del entonces presidente Álvaro Uribe mantuvo conversaciones de paz con el ELN durante 26 meses en la capital cubana hasta mediados del 2005, los cuales fueron abandonados por los miembros del COCE luego de la guerra que les declararon las Farc y que conllevó a la presunta integración del ELN a las Farc anunciada en diciembre de 2009 [2].

Pero igualmente hay que anotar que ese no fue el primer intento del gobierno colombiano por dialogar con el ELN, baste tener en cuenta la actitud del gobierno de Alfonso López Michelsen que en 1974 desmontó la “Operación Anorí” que adelantaba el Ejército Nacional de manera exitosa y que hubiere representado desde entonces el fin de esa agrupación terrorista y permitió el refugio en Cuba de sus cabecillas, para retornar luego al país y continuar su agresión al pueblo colombiano.

En mayo de 2009, señalaba el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con respecto al ELN, “estos criminales son cobardes (...) han tenido todas las posibilidades para avanzar hacia la paz y no se atreven porque le tienen miedo a las Farc y en su más reciente carta a las Farc le están “pidiendo cacao” [3].

Pero ¿Por qué le teme el ELN a un acuerdo de paz? Los cabecillas de la organización terrorista y el mundo entero no pueden olvidar los hechos de la madrugada del 18 de octubre de 1998, cuando alevemente incineraron toda una población, Machuca, un corregimiento del Municipio de Segovia (Antioquia); por ese entonces, y con el fin de apaciguar la ira colectiva que se había generado, el propio Nicolás Rodríguez dijo que él mismo y su organización castigarían a los culpables, sin embargo no ocurrió así. Hoy muchos de los componentes de esa organización posan de guardianes de los derechos humanos en el país y pese a su militancia en el grupo terrorista, juran que jamás empuñaron un arma como sucede con los perseguidores diarios del Ejército Nacional, señores Gustavo Petro (del M-19) y León Valencia (del ELN), cuyas opiniones disociadoras de la unidad nacional son buscadas con afán por los medios de comunicación, teniendo algunos de ellos masificación de sus opiniones contra el Estado en medios influyentes en la opinión pública, mientras la defensa del Estado es precaria.

Paradójicamente ha sido el mismo Gobierno colombiano ha sido el que ha pedido que cese toda orden de captura contra los voceros del Eln que van a dialogar en la búsqueda de la paz, hecho que seguramente se repetiría en la actualidad. Ojalá Machuca no sea otro crimen de lesa humanidad que quede en la impunidad, como el caso del Palacio de Justicia, mientras se persigue con saña a quienes hayan combatido a la organización criminal en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley.

[1] SEMANA.COM. Director de la Escuela de Paz de Barcelona insta al ELN a retomar diálogo. Martes, 4 de enero de 2011. En: http://www.semana.com/noticias-nacion/director-escuela-paz-barcelona-insta-eln-retomar-dialogo/149692.aspx

[2] BBC. Farc y Eln se unen contra Uribe. Jueves, 17 de diciembre de 2009. Ver en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091216_0454_farc_eln_jaw.shtml

[3] EL COLOMBIANO. ELN le teme al diálogo. 25 de mayo de 2009.

INTELECTUAL ESPAÑOL RETA AL ELN A RETOMAR DIÁLOGOS DE PAZ

El director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenc Fisas, instó en una carta abierta al Comando Central (COCE) del ELN a retomar un diálogo de paz suspendido en el 2005. "El objetivo de la presente carta abierta es solicitarles cordialmente que concreten con el Gobierno colombiano una petición de abrir negociaciones formales que conduzcan a esa salida política al conflicto", señala Fisas en el mensaje difundido este lunes 3 de enero de 2011. Agrega que "no basta con proclamar el deseo de salida en sus medios de comunicación, es momento de traducirlo en un diálogo formal" [1].

Cabe recordar que el Gobierno colombiano del entonces presidente Álvaro Uribe mantuvo conversaciones de paz con el ELN durante 26 meses en la capital cubana hasta mediados del 2005, los cuales fueron abandonados por los miembros del COCE luego de la guerra que les declararon las Farc y que conllevó a la presunta integración del ELN a las Farc anunciada en diciembre de 2009 [2].

Pero igualmente hay que anotar que ese no fue el primer intento del gobierno colombiano por dialogar con el ELN, baste tener en cuenta la actitud del gobierno de Alfonso López Michelsen que en 1974 desmontó la “Operación Anorí” que adelantaba el Ejército Nacional de manera exitosa y que hubiere representado desde entonces el fin de esa agrupación terrorista y permitió el refugio en Cuba de sus cabecillas, para retornar luego al país y continuar su agresión al pueblo colombiano.

En mayo de 2009, señalaba el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con respecto al ELN, “estos criminales son cobardes (...) han tenido todas las posibilidades para avanzar hacia la paz y no se atreven porque le tienen miedo a las Farc y en su más reciente carta a las Farc le están “pidiendo cacao” [3].

Pero ¿Por qué le teme el ELN a un acuerdo de paz? Los cabecillas de la organización terrorista y el mundo entero no pueden olvidar los hechos de la madrugada del 18 de octubre de 1998, cuando alevemente incineraron toda una población, Machuca, un corregimiento del Municipio de Segovia (Antioquia); por ese entonces, y con el fin de apaciguar la ira colectiva que se había generado, el propio Nicolás Rodríguez dijo que él mismo y su organización castigarían a los culpables, sin embargo no ocurrió así. Hoy muchos de los componentes de esa organización posan de guardianes de los derechos humanos en el país y pese a su militancia en el grupo terrorista, juran que jamás empuñaron un arma como sucede con los perseguidores diarios del Ejército Nacional, señores Gustavo Petro (del M-19) y León Valencia (del ELN), cuyas opiniones disociadoras de la unidad nacional son buscadas con afán por los medios de comunicación, teniendo algunos de ellos masificación de sus opiniones contra el Estado en medios influyentes en la opinión pública, mientras la defensa del Estado es precaria.

Paradójicamente ha sido el mismo Gobierno colombiano ha sido el que ha pedido que cese toda orden de captura contra los voceros del Eln que van a dialogar en la búsqueda de la paz, hecho que seguramente se repetiría en la actualidad. Ojalá Machuca no sea otro crimen de lesa humanidad que quede en la impunidad, como el caso del Palacio de Justicia, mientras se persigue con saña a quienes hayan combatido a la organización criminal en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley.

[1] SEMANA.COM. Director de la Escuela de Paz de Barcelona insta al ELN a retomar diálogo. Martes, 4 de enero de 2011. En: http://www.semana.com/noticias-nacion/director-escuela-paz-barcelona-insta-eln-retomar-dialogo/149692.aspx

[2] BBC. Farc y Eln se unen contra Uribe. Jueves, 17 de diciembre de 2009. Ver en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091216_0454_farc_eln_jaw.shtml

[3] EL COLOMBIANO. ELN le teme al diálogo. 25 de mayo de 2009.

52 AÑOS DE UN RÉGIMEN TOTALITARIO

Este 1º de enero se cumplieron 52 años de la instauración del régimen comunista de los hermanos Castro Ruz en Cuba. Se trata de algo excepcional en la historia de América por la cantidad de años y por sus características de crueldad.

Hace más de 52 años muchos jugaron al comunismo creyendo que se trataba de algo pasajero y que no podría significar toda la tragedia que ha determinado el sufrimiento de los cubanos. Múltiples pretextos había para no atemorizarse con respecto a ese comunismo naciente. La experiencia de Cuba debe servir en una proporción sustancial como ejemplo para otros países de las mismas características que pertenecen a esta región geográfica. En la medida en que se piensa lo que ha sido y es el sacrificio del pueblo cubano, deben hacerse esfuerzos de parte de muchos países del mundo, particularmente los aludidos, para rescatar a Cuba de las garras del totalitarismo marxista-leninista, implantado a sangre y fuego, inaugurado con paredones de fusilamiento y todo tipo de arbitrariedades en la patria que José Martí soñó para la libertad.

Ante estos dolorosos cincuenta y dos años, todos los que aman la libertad y que sienten admiración y respeto por Cuba, deben empeñarse en luchar a favor de ese pueblo con el propósito de ayudarle a recobrar su pérdida independencia.

Un régimen criminal como el que impera en Cuba debería ser aislado internacionalmente; teóricamente Cuba no pertenece a la comunidad de naciones americanas, pero todos los Estados del continente, excepto EE.UU., mantienen relaciones políticas y comerciales que han permitido la supervivencia de la dictadura castrista. Se creyó que la caída de la URSS aceleraría el desmonte del comunismo cubano, pero Fidel ya había ideado el mecanismo para sobrevivir al fracaso de su modelo, el Foro de Sao Paulo creado junto con Lula da Silva fue el salvavidas que presentaba una nueva imagen del comunismo, el socialismo del siglo XXI.

La llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y el inusitado boom petrolero que vivió ese país, permitieron que la economía cubana no se hundiera del todo al suplir los subsidios y ayudas que ya no obtenía de la URSS. Así lo reconoce el tirano cubano al señalar que en el Caso de Cuba, tras el colapso de la Unión Soviética, Venezuela "impulsó un crecimiento extraordinario del comercio entre ambos países, que incluía el intercambio de bienes y servicios, que nos permitió enfrentar uno de los períodos más duros de nuestra gloriosa historia revolucionaria" [1].

Después de la caída de la Unión Soviética a finales de 1991, la economía de Cuba sufrió una crisis, dejándola esencialmente paralizada porque las estrechas bases económicas de esta nación se concentraban en unos pocos productos con pocos compradores. La pérdida de casi 5 mil millones de dólares que el gobierno de la URSS proveía a Cuba como ayuda, en forma de exportaciones garantizadas para el mercado cubano del azúcar y la obtención de petróleo barato, generó un impacto severo para la economía cubana.

En 1993 la situación se agravó mucho más. El comercio de Cuba disminuyó en un 80%, y las condiciones de vida empeoraron. Así mismo, se disparó el número de inmigrantes cubanos que buscaba salvar su situación económica en los Estados Unidos. En 1995 se tomaron nuevas medidas para aliviar la situación del país. Se fomentó la inversión extranjera y se permitieron algunas muy limitadas formas de iniciativa privada. Esto hizo que poco a poco mejorase algo la economía cubana.

A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela se establece una alianza estratégica entre los dos países en los sectores económico y político, que más tarde desencadenaría el nacimiento del ALBA, organismo que ha causado un mayor despegue de la economía nacional.

Actualmente mantiene estrechas relaciones políticas con China, Rusia, México, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, España, entre otros países. Cuba expande su influencia a países del mundo entero enviando médicos, medicinas y profesionales de todo tipo.

En sólo Venezuela el número de asesores cubanos del gobierno sobrepasa la cifra de 30.000 especialistas no sólo en salud y educación, sino fundamentalmente en tareas de seguridad nacional, hasta el grado de generar crisis en las Fuerzas Armadas por el otorgamiento de grados y jerarquías a cubanos dentro de las filas oficiales de las FANB.

Pero no sólo ha sido Venezuela y el socialismo del siglo XXI quienes constituyeron la salvaguarda del despótico gobierno comunista; en la segunda mitad de la década de los años 90 y a pesar de la autoexclusión de los Estados Unidos debido a su política de sanciones económicas y bloqueo a Cuba, las relaciones económicas de empresas cubanas con Canadá y México, aún de una manera zigzagueante y con sus propias limitaciones en cada caso, alcanzan de conjunto un importante espacio económico para las relaciones económicas de Cuba [2].

En 2008 Cuba entra oficialmente al Grupo de Río, lo que pone punto final al aislamiento de la isla caribeña del resto del continente. En marzo de 2009, Costa Rica anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con La Habana; después del triunfo de Mauricio Funes, candidato elegido en comicios electorales en El Salvador, se dio a conocer como parte de su programa el restablecimiento de las relaciones con el gobierno de La Habana, de esta manera Cuba cuenta con el respaldo de casi todos los países del área, aislando la política unilateral del gobierno estadounidense.

En el día de apertura de la V Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, el presidente estadounidense Barack Obama, en medio de presiones de sus pares latinoamericanos, encabezados por el brasileño Lula da Silva, reconoció que el embargo económico a Cuba ha sido un fracaso a lo largo de los 47 años que se ha aplicado y que está preparado para que su administración junto con el gobierno cubano se involucren en una amplia gama de asuntos en los que incluyó derechos humanos, libertad de expresión, reformas democráticas, drogas y asuntos económicos. Esto después de que días antes levantara algunas restricciones a ciudadanos de EU con familiares en Cuba, como la de viajar a la isla o el envío de remesas y ofreció "buscar un nuevo comienzo con Cuba. El diálogo comenzó con el ´si´ de Cuba a una propuesta hecha por Obama, para comenzar las conversaciones con respecto a la migración ilegal y el tráfico de drogas.

52 años después los derechos humanos siguen subyugándose a los intereses políticos y económicos en las relaciones de los países democráticos con las tiranías comunistas; Fidel Castro ad portas de su fallecimiento puede proclamar su triunfo obtenido gracias a la estupidez política de quienes ahora afirman que se opondrán a cualquier forma de alteración de la democracia como señalaron en la cumbre de UNASUR de noviembre de 2009 para tratar de bloquear la decisión soberana del pueblo hondureño al deponer al nefasto Zelaya, peón del socialismo, mientras se solaza con el recorte de libertades en los país regidos por los exponentes de ese socialismo del siglo XXI surgido del Foro de Sao Paulo a instancias del tirano cubano.

[1] Ver: http://spanish.irib.ir/elsur/noticias/caribe/item/75359-fidel-castrovenezuela-salv%C3%B3-del-colapso-al-caribe

[2] FERNÁNDEZ TABIO, Luis René. Las relaciones económicas Cuba – América del Norte después del TLCAN. En: http://www.uh.cu/centros/ceseu/Articulos/Econom%EDa%20Cuba%20Am%E9rica%20Norte.pdf