LA VISIÓN DE LAS FARC SOBRE LA FRUSTRACIÓN DEL CAGUÁN

En la página de Anncol hay un documento que pretende responsabilizar al gobierno de Andrés Pastrana por el fracaso del Caguán (1998-2002) [1], al atribuir la concesión de la llamada zona de despeje a una estrategia dirigida no a la negociación con las Farc, sino a buscar la justificación política perfecta para iniciar una intensa campaña propagandística y mediática encaminada no solo a satanizar moralmente la guerrilla, sino a criminalizarla y a convertir el secuestro en el peor delito de la humanidad, señalando además que la elección de Uribe Vélez era el resultado lógico de esa estrategia de la línea militarista que, se impuso hegemónica en Colombia sobre el fracaso del Caguán y con la monserga de la “pronta” derrota de la guerrilla, y que ha impedido el inicio de cualquier otro proceso de dialogo tendiente a encontrarle una solución política al histórico conflicto social armado colombiano.

Según el analista fariano, fueron las Farc las que resultaron burladas en el fracasado proceso del Caguán, no el país; ese fracaso no se deriva de la asunción de las Farc de la llamada zona de despeje para consolidar sus intereses narcotraficantes y terroristas, sino de la acción del gobierno tendiente a la modernización de las Fuerzas Militares y al establecimiento del Plan Colombia, concebido inicialmente como estrategia contra el narcotráfico, pero que se señala como una política hábilmente utilizada por el gobierno de Clinton para adelantar el reordenamiento geoestratégico neoliberal e imperialista en la región andino amazónica.

Las Farc señalan que la concesión de la zona de despeje hizo parte de una estrategia norteamericana para consolidar su control sobre el continente, que era un secreto diplomático muy bien guardado que sólo salió a flote 10 años después en una trifulca típica entre Uribe Vélez y Pastrana, cuando este debió declarar públicamente que había sido una imposición del gobierno Clinton, como una parte esencial del desarrollo del Plan Colombia; el fundamento de tal afirmación es un documento de Camilo González Posso [2], Ex Ministro de Estado, negociador de los acuerdos para la Asamblea Constituyente de 1991, Secretario Técnico del Mandato por la Paz (1997 – 2002) y de las Mesas Ciudadanas para la agenda de negociación (1999-2002). Actualmente Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, y quien hiciera parte de las comisiones del gobierno de Pastrana en ese proceso.

Para las Farc el proceso del Caguán fue una maniobra distractora del gobierno cuyo objetivo era “hablar sin negociar y pararse a tiempo, para luego derrotarlos y volver a dialogar con los que queden”, señalando entonces que la Política de Defensa y Seguridad Democrática diseñada como estrategia contra el narcoterrorismo y aplicada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez era la continuidad necesaria de lo desarrollado por Pastrana Arango a través del Plan Colombia como estrategia imperialista que a través de la oligarquía cipaya y militarista colombiana impuso una iniciativa regional andina para oponerse al Socialismo del Siglo XXI, cuando este ni siquiera había tomado forma, sólo hasta 1999 Chávez alcanza el poder en Venezuela, Evo Morales lo hará en el 2005 en Bolivia y en el 2006 Daniel Ortega en Nicaragua.

Esconde el analista fariano los intereses con que las Farc acudieron al Caguán, que no eran los de adelantar verdaderas negociaciones para la paz, sino como lo devela Fidel Castro en el 2008 [3], consolidarse políticamente como poder después de los triunfos tácticos en Patascoy, Las Delicias, Mitú, y a partir de los cuales el Estado Mayor de las FARC vislumbraba la posibilidad de controlar buena parte del sur y el oriente del país y de llevar su ofensiva militar a las ciudades; Marulanda y sus secuaces veían factible dividir el país y crear un gobierno provisional que simbolizara un poder dual pero de alguna manera sentían que su punto débil era el déficit de aliados políticos que llenaran el vacío dejado por la Unión Patriótica y por su repliegue a una organización de estructuras dominantemente rurales. La Mesa de Diálogo en el Caguán se inscribió en esa estrategia general como un instrumento útil para promover en el país el programa de gobierno definido en las Conferencias de las Farc (Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia a través del PC3), y tender puentes con sectores diversos que podrían ser neutralizados o tornarse simpatizantes de la propuesta revolucionaria [4].

No es entonces gratuito o coincidencial que el Partido Comunista Colombiano, PCC, atendiendo esa estrategia creara en el 2005 el llamado Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos MOVICE, representado por Iván Cepeda, actualmente Representante a la Cámara por el Polo Democrático, o que en el 2008 surgiera el movimiento político de la exsenadora Piedad Córdoba, Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz (CCP), como mecanismos para neutralizar el creciente rechazo al terrorismo fariano y especialmente a la práctica del secuestro como arma política, promoviendo actos como la marcha del 6 de marzo de 2008, mediante la cual se pretendía mostrar apoyo popular a la organización criminal, y el desarrollo de la guerra política contra la institución militar adelantada desde el poder legislativo y el poder judicial, adelantado por los elementos pertenecientes o afectos al PC3.

Es entonces claro que si el Estado tenía como objetivo “hablar sin negociar y pararse a tiempo, para luego derrotarlos y volver a dialogar con los que queden”, las Farc igualmente se proponen “dividir el país y luego si negociar con lo que quede en pie”, algo en lo que el MOVICE y el CCP siguen actuando con toda intensidad, alcanzando logros como el poner a los militares en el mismo plato de la balanza a través de la llamada Ley de Víctimas o ahora con el anuncio de la liberación de cinco secuestrados como homenaje reivindicativo por parte de las Farc a la exsenadora Córdoba Ruíz.

El pueblo colombiano no puede llamarse a engaños y no puede perder de vista lo actuado por las Farc en la llamada zona de distensión del Caguán, experiencia que realmente debe ser irrepetible; ha sido la narcoguerrilla la que ha puesto en práctica a lo largo de su nefasta historia el principio promulgado por Ho Chi Min en Vietnam, “hablar sin negociar y pararse a tiempo, para luego derrotarlos y volver a dialogar con los que queden”, como lo demuestran las fallidas negociaciones que desde la amnistía e indulto concedido en el gobierno de Rojas Pinilla se ha repetido hasta el gobierno de Andrés Pastrana o frente a la Ley de Justicia y Paz promulgada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Mentir descaradamente como lo hacen MOVICE y CCP tiene un solo fin: mentir diciendo algo que no es verdad con intención de engañar. Quien engaña, trasmite a los demás su propia equivocación, y solamente atiende la estrategia fariana de dividir a la Sociedad para intentar la legitimación de su praxis narcoterrorista. ¿Por qué las Farc anuncian la liberación de cinco secuestrados como un homenaje a Piedad Córdoba y no como un gesto humanitario ante la exigencia de la comunidad nacional e internacional? Es el juego político del engaño y de la mentira para posicionar a sus elementos.

[1] Ver texto completo en: http://anncol.eu/columnistas/21/l-pos-cagu%C3%A1n-982?templateId=982

[2] GONZÁLEZ POSSO, Camilo. El Caguán irrepetible. Indepaz. Texto completo en: http://www.indepaz.org.co

[3] Fidel Castro, La Paz en Colombia, 2008. Cita en el libro: “Antes de esa ofensiva final, tienen previsto como alternativa dividir el país en dos, tomando el poder en dos o tres departamentos del Sur (Caquetá, Putumayo, Meta), mientras que en el Norte mantendrán cercadas y bloqueadas a las grandes ciudades. En ese caso buscarían una solución negociada sobre la base de los 10 puntos programáticos de las FARC y estarían en mayor ventaja de negociar; en caso de que esto no sea posible, continuarán la guerra hasta la toma del poder, que se ejercerá convirtiendo a los 80 frentes guerrilleros en la columna medular de un poder popular y que los mejores comandantes asuman la conducción de las fuerzas armadas”.

[4] GONZÁLEZ POSSO, Camilo. Ob.cit.

COLOMBIA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Decepcionada debe sentirse la mamertería nacional e internacional ante el espaldarazo que la CPI le acaba de dar a la Ley de Justicia y Paz y el proceso de reinserción de los componentes de las autodefensas ilegales y otros grupos narcoterroristas; la ley que había querido ser presentada como un esfuerzo del anterior gobierno por favorecer a las autodefensas ilegales y que ha sido objeto de ataques jurídicos desde la misma Corte Constitucional, fue reconocida como novedosa y un ejemplo para el mundo por el máximo tribunal penal internacional.

Así lo señala el Fiscal jefe de la CPI quien declara al diario El Tiempo [1], El hecho de que nosotros estemos observando el proceso en Colombia es solamente el fruto de que ese país ratificó el estatuto. Mi tarea es esa, pero no implica ningún juicio 'deplorativo' contra Colombia –como lo han pretendido los organismos propagandísticos o afines a la narcoguerrilla-. Así que me parece que justamente el Presidente lo que está haciendo es mostrar qué es lo que Colombia hace y lo que se compromete a hacer.

Hay un reconocimiento implícito a la labor del Ejército y las Fuerzas Militares cuando señala el citado Fiscal que las Fuerzas Armadas tienen una fuerte idea de respetar la legalidad, se hacen más eficientes y más sutiles, mientras con respecto a los narcoterroristas indica que un avance que se ha producido es que hay poca simpatía política para la guerrilla; no hay mucho soporte en la sociedad. Esto es central: una guerrilla que no tiene apoyo social y político no dura mucho tiempo.

La CPI hace un reconocimiento especial al compromiso adquirido por el gobierno nacional de tiempo atrás y especialmente de la vinculación de las Fuerzas Militares a ese compromiso, El Presidente ha asumido varios compromisos hoy. Ha asumido el de hacer justicia, de hacer reparación a las víctimas y de que las Fuerzas Armadas van a respetar el marco legal. Si esos compromisos se cumplen, Colombia está haciendo lo que todo el mundo espera que se haga, así que en ese sentido mi deber es no intervenir cuando no debo intervenir, con lo que indudablemente quedan por tierra las intenciones de ONG’s y otros grupúsculos interesados en deslegitimar a nivel internacional el papel del gobierno y especialmente del Ejército en la consolidación de la seguridad democrática y el logro de la paz que anhelan los colombianos.

Hay que recordar que recientemente la la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), recogiendo las mentiras de organizaciones como el MOVICE, Ciudadanos y ciudadanas por la paz, el Polo Democrático y el sector izquierdista del partido liberal, le había pedido oficialmente a la CPI que investigara y sancionara los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Colombia y había calificado la Ley de Justicia y Paz como "una mascarada que se sancionó para evitar la acción de la CPI" e indicar falazmente que en Colombia las víctimas no han tenido acceso ni a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación, desconociendo el esfuerzo legislativo por promulgar la Ley de Víctimas como complemento de la Ley de Justicia y Paz.

En su momento esas mismas organizaciones que hacen apología de las narcoguerrillas se habían quejado porque los paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y en lugar de arrepentimiento por sus crímenes, los justifican en sus versiones libres, pero ahora se muestran indignados porque fueron excluidos del proceso de reincorporación contemplado en Justicia y Paz y extraditados a los EE.UU., para que respondan por delitos internacionales, hasta el punto que la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz pasó de víctima doliente de los paramilitares a su acérrima defensora.

Para que la verdad, la justicia y la reparación por fin sea una realidad en el país aún hace falta que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y los organismos de control asuman con responsabilidad la investigación de la llamada farcpolítica con el mismo ímpetu con que adelantaron la parapolítica, mientras tanto sólo podrán proyectar la imagen de un poder judicial sesgado y politizado que contraviniendo la impresión internacional sigue considerando a los narcoterroristas como luchadores altruistas para no sancionar los delitos de lesa humanidad cometidos por organizaciones criminales como las Farc y Eln, quienes terminarían siendo objeto de la intervención de la CPI por omisión del Estado del que el poder judicial es uno de sus pilares.

Indudablemente también deberán responder quienes se han negado por omisión a investigar y sancionar a los responsables de masacres como las de Machuca, Bojayá, las de la comunidad indígena Awá, que han sido convenientemente relegadas al olvido mediante las maniobras propagandísticas que únicamente magnifican los hechos criminales cometidos por las autodefensas ilegales.

[1] EL TIEMPO. Colombia puede ofrecer su experiencia: fiscal jefe de la CPI. Martes, 7 de diciembre de 2010. En: http://www.eltiempo.com/justicia/fiscal-jefe-de-la-corte-penal-internacional-hablo-de-colombia_8537230-4

LA SOSPECHOSA EFICIENCIA JUDICIAL

Para quienes tienen dudas sobre la falta de garantías procesales en las acciones judiciales que se han iniciado contra el Presidente Uribe y sus colaboradores, hay una perla que no puede dejarse de lado. Mientras la Corte Suprema de Justicia ha represado injustificadamente la investigación y juicio por los probados nexos de la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz y otros congresistas en la denominada farcpolítica, de manera sospechosa la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le reconoce a esta señora personería para actuar como parte civil dentro del proceso abierto contra el expresidente por el tema de las ‘chuzadas’, permitiéndole presentarse como víctima del Estado y de esta manera neutralizar cualquier acción en su contra.

Efectivamente, de ahora en adelante Córdoba Ruíz podrá interrogar a los testigos, decidir quiénes podrán ir a testificar, resolver si citan o pedir que se cite a Uribe, seguir completas las investigaciones y conocer la información reservada con la que cuenta la Comisión, lo que en lenguaje llano significa que podrá interferir en el curso de cualquier acción judicial en su contra derivada de las denuncias elevadas por su participación en los hechos conocidos a raíz de la develación de los correos electrónicos de los abatidos Raúl Reyes y el Mono Jojoy, que la exsenadora ha señalado son un montaje del anterior gobierno en su contra.

No hay que ser un erudito en leyes para entender que la señora Piedad Córdoba no va a desaprovechar esta oportunidad brindada en bandeja de plata, para convertir sus procesos criminales en hechos políticos, de tal manera que puede asegurarse que con la complacencia de la CSJ su caso quedará en la absoluta impunidad, mientras se prosigue la guerra jurídico-política contra el Ejército y quienes hayan participado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, no sería de extrañar que la misma Política de Defensa y Seguridad Democrática termine en la picota pública, mientras el Plan Renacer de las Farc es elevado a manifiesto altruista.

Debe recordarse que el poder judicial colombiano, pese al aval de la Interpol con relación a las pruebas recaudas legalmente de los computadores de los cabecillas terroristas abatidos, ha puesto en duda el acervo probatorio, de tal manera que la tarea de la señora Córdoba Ruíz y su colectivo de abogados, será la de cavar los cimientos probatorios y señalar que esas pruebas son resultado de escuchas o interceptaciones ilegales de sus comunicaciones o las que hagan referencia a ellas, hecho que no tiene asidero jurídico pero que seguramente será aceptado dentro de las decisiones políticas a las que nos vienen acostumbrando los operadores judiciales, de tal manera que las pruebas terminarán revirtiéndose en contra de los funcionarios y los militares que han tenido que ver con su recaudación.

El cinismo de la exsenadora no tiene límites. En su página oficial puede leerse el siguiente texto: La ex senadora Piedad Córdoba pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que la reconozca como víctima dentro de la investigación preliminar que se adelanta contra el ex presidente Álvaro Uribe, con el objetivo de lograr una millonaria indemnización en caso de que el ex mandatario sea hallado culpable en el escándalo de los seguimientos ilegales en contra de la ex parlamentaria. Así lo expresó la ex legisladora al final de su diligencia ante los tres representantes investigadores, quienes la citaron para escuchar su versión frente a las 'chuzadas' de las cuales ha sido víctima según denuncias públicas [1].

Esa razón ‘jurídica’ fue aceptada de manera automática por los representantes Alfredo Bocanegra, Heriberto Escobar y Augusto Posada, que sin otra consideración diferente le reconocieron la personería jurídica para actuar como parte civil dentro del proceso; nada tiene que ver con una intención de verdad y justicia, ni siquiera a razones políticas, sino como ella misma lo expresa, su razón es perseguir una millonaria indemnización, a la vez que se presenta como víctima del delito de persecución política para tratar de desvirtuar la decisión de la Procuraduría que la destituyó del cargo y la inhabilitó por 18 años, razón por la cual exige que su actuación sea transmitida en directo por los medios de comunicación, es decir pretende un proceso político y mediático que le permita controvertir desde ese campo las decisiones disciplinarias o judiciales, al sostener que las acusaciones en su contra obedecen a la cadena de seguimientos e interceptaciones realizadas por el DAS fueron orquestadas desde el Palacio de Nariño, en el anterior gobierno.

Estos hechos comprueban una vez más la degradación de nuestro sistema judicial, incluida la comisión de acusaciones de la Cámara, juez natural de los congresistas, en su afán por cobrar revancha contra el anterior gobierno e imponer el socialismo a través del llamado siglo de los jueces que anunciara el Magistrado Ibáñez en contra del Estado social de derecho que pregona la separación de poderes en nuestra Constitución. Tiene razón el expresidente Uribe al señalar que el poder judicial no le brinda suficientes garantías procesales a quienes han combatido el narcoterrorismo considerado de tiempo atrás por nuestras Cortes como el sumun del altruismo.

[1] Ver artículo completo: Piedad Inocente. Todo lo que sea para alcanzar una paz justa y duradera. http://www.piedadcordoba.net/piedadparalapaz//modules.php?name=News&file=article&sid=3963&mode=thread&order=0&thold=0

LOS INTERESES IRANÍES EN AMERICA LATINA

El acercamiento del régimen fundamentalista de Irán, encabezado por Mahmud Ahmadineyad, a America Latina se ha intensificado durante los últimos cinco años, según indican las comunicaciones entre las embajadas estadounidenses de la región y el Departamento de Estado que están siendo filtrados por la “ONG virtual”, Wikileaks. Reportes confidenciales reseñan que, desde 2006, Irán ha desplegado una grande ofensiva diplomática en America Latina para investigar la presencia de uranio y gestionar la obtención y procesamiento de este mineral en la región, particularmente en Venezuela y Bolivia, países donde imperan regimenes con los que Teherán comparte su oposición a ultranza e irracional hacia Estados Unidos.

Esto, no sólo ha generado gran recelo en EE.UU. sino también en Israel. Y no es para menos. Irán es controlado por un gobierno teocrático fundamentalista que odia, literalmente, a EE.UU. y a Israel, y en repetidas ocasiones, ha amenazado con la destrucción del “régimen sionista de ocupación”. Teherán ha violado sistemáticamente las regulaciones internacionales sobre enriquecimiento de uranio y no proliferación, y ha incrementado su programa nuclear, que en ningún caso tiene fines pacíficos, sino que se enfoca en la fabricación de armas nucleares. Con este objetivo, Irán se ha aliado con los regimenes bolivarianos comunistas para investigar y explotar los yacimientos descubiertos en la región.

Ya en julio de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, había llamado la atención sobre el tamaño desmesurado de la representación diplomática iraní en Bolivia, que estaría relacionado con la ambición del país andino de producir uranio y construir una central nuclear en Potosí. Para esta empresa, Bolivia contaría con la ayuda de Irán, a cambio de “pastel amarillo” como se le conoce al concentrado de óxido de uranio.

Sin embargo, es en Venezuela donde Irán tiene puestas sus mayores expectativas para la obtención de uranio. Según la Embajada de EE.UU. en Caracas, 57 técnicos iraníes han trabajado, desde 2004, en los organismos nacionales de minería y geología. Estos iraníes han estado desarrollando pruebas geofísicas y vuelos de supervisión para confirmar el potencial de producción de uranio de Venezuela, especialmente en los estados de Bolívar y Táchira.

No obstante, y a pesar de la ambición de Chávez por detentar un poder nuclear que sustente su retórica antiimperialista, la inteligencia estadounidense ha logrado establecer que Venezuela “no tiene ahora mismo científicos cualificados para llevar a cabo un programa nuclear”, si bien no se deben “despreciar los rumores sobre el uranio” . Por esto, Chávez estaría recurriendo a la experiencia de los técnicos iraníes para suplir la incapacidad científica de los venezolanos.

Además del estado de alerta por la presencia iraní en la región, en otros documentos clasificados, Washington también expresa su preocupación por el descubrimiento de explotaciones ilegales de uranio en zonas fronteriza con Brasil, que son controladas por los narcoterroristas de las FARC, quienes estarían utilizando el mineral en sus municiones.

Para Colombia, estas revelaciones deben representar una grande intranquilidad. No sólo por las alianzas tendenciosas entre Irán, Venezuela y Bolivia para explotar y producir uranio, sino también por la probable apropiación de uranio y material radioactivo por parte de los narcoterroristas colombianos que, no conformes, con secuestrar, asesinar, robar y violar, ahora pretenden seguir ampliando su arsenal terrorista.

La preocupación es mayor si consideramos que precisamente gobiernos como el de Chávez y Morales, se han mostrado simpatizantes y cercanos al supuesto proyecto socialista que dicen representar las guerrillas narcoterroristas en Colombia, razón por la cual no es descabellado pensar que el acercamiento de Irán con Venezuela y Bolivia, implique también la proximidad de aquel régimen asiático del terror con el narcoterrorismo colombiano, y que cualquier progreso en el programa nuclear venezolano o boliviano sirva al fortalecimiento de las capacidades militares de estos grupos ilegales.

1. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Iran/sigue/pista/uranio/America/Latina/elpepuint/20101201elpepuint_23/Tes

LAS FARC NO TIENEN CAPACIDAD OFENSIVA

Para León Valencia se convirtió en obsesión pregonar una inexistente ofensiva de las Farc; ahora, con ocasión del cobarde atentado en Vegalarga, Huila, vuelve a la carga y señala que si bien el Estado ha demostrado su ventaja militar sobre la guerrilla, sobre todo en operaciones aéreas y de inteligencia, las Farc están mostrando fortaleza en la ofensiva terrestre [1].

Considerar que atentados terroristas como los que se han presentado en algunos municipios del Cauca, Nariño, Arauca, Caquetá o Putumayo, como la acción criminal de Vegalarga, constituye una ofensiva terrestre de la narcoguerrilla, es demostrar un desconocimiento absoluto de lo que es una ofensiva armada, si fuere así la ETA o el IRA habrían ganado las guerras que emprendieron o las organizaciones terroristas islámicas ya habrían destruido el Estado de Israel. Por profusas y espectaculares que sean las acciones terroristas ellas de por sí no constituyen una ofensiva militar, por el contrario, los teóricos a través de la historia han mostrado que ellas son demostración de debilidad militar y política.

El solo hecho de que el Secretariado de las Farc haya ordenado a sus frentes y demás estructuras reducirse y no desplazarse en grupos significativos de hombres ante el temor a las acciones militares combinadas de las Fuerzas Militares legítimas, indica que esa organización narcoterrorista se encuentra en una fase de operaciones defensivas de huida en todas las regiones del país. El terrorismo desplegado simplemente tiene un objetivo propagandístico para mostrar una fortaleza de la que carecen.

El señor León Valencia debe repasar los conceptos que utiliza. Ofensiva es una operación militar que intenta a través de la proyección agresiva de la fuerza armada ocupar el territorio, ganar un objetivo o alcanzar alguno más grande estratégico, operacional o táctico. Pese al terrorismo las Farc no han podido ocupar los territorios de donde fueron desalojadas; que las operaciones militares conjuntas tengan ahora mayor preponderancia a las puramente terrestres, dadas las características nuevas de la confrontación a las organizaciones narcoguerrilleras, no quiere decir que el Ejército no se encuentre, estas si, en verdaderas operaciones ofensivas contra las organizaciones criminales.

El país no puede esperar grandes operaciones como las desplegadas en el Plan Patriota y en la Consolidación de la Seguridad Democrática, porque esas fases ya fueron alcanzadas victoriosamente y las operaciones se han trasladado a otros escenarios que no impactan mediáticamente, el corazón de nuestras selvas, pero a diario el Ejército está reportando operaciones exitosas contra las pequeñas estructuras en que se dividieron frentes y cuadrillas de la organización delincuencial.

Ahora bien, hay que señalar de la misma manera que tras las operaciones aéreas de bombardeo, han seguido operaciones helicotransportadas desarrolladas por el Ejército, así mismo los anillos de cerco están constituidos por hombres de esta Fuerza, no de otra manera se explicarían los soldados caídos o heridos en combate, algo previsible en el accionar militar, y que regularmente obedecen a la acción terrorista de las minas antipersonal sembradas en su huida por las estructuras criminales o la utilización de francotiradores como se ha apreciado en el Cauca y Nariño, en manera alguna a una ofensiva de las Farc. Las ofensivas se conducen en gran parte como los medios de asegurar iniciativa en una confrontación entre los opositores y el terrorismo no es un medio para asegurar iniciativa, sino para esconder la eminente derrota. Cada ofensiva tiene una tarea primaria de negar a enemigo defensas, y cause a enemigo a retirarse, de tal manera que quien desarrolla operaciones ofensivas es el Ejército, no la narcoguerrilla.

En el único escenario posible en el que las Farc adelantan operaciones ofensivas es en el que operan sus facciones no armadas, la guerra política y jurídica de las Farc, que responde con infiltraciones con milicias a las instituciones del Estado, las universidades y organizaciones sociales a través del PC3, donde pueden operar sin temor gracias a las mismas debilidades del Estado y amparadas en la tesis de quien hace apología del delito no es delincuente porque no porta un fusil; allí sin son débiles las FF.MM., porque no tienen facultades legales para operar en el control y reducción de esa amenaza, no son policía judicial y por ende no pueden siquiera adelantar investigaciones para que se judicialicen las conductas delictivas.

La misma Corporación Nuevo Arco Iris de León Valencia reconoce que Las Farc, “han dividido las fuerzas en pequeños grupos, no más de doce, evitando la construcción de grandes campamentos y la concentración de tropas”, de tal manera que su pretendida ofensiva se limita a la siembra de minas antipersona en carreteras y árboles, degradando aún más el conflicto armado, como lo dice el informe que produjeron, para concluir en una afirmación falaz e irreal, las Farc mantienen presencia en el 50% del territorio nacional.

Lo único evidente en este tipo de análisis e informes tendenciosos e irreales, es un afán por desacreditar los logros de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y mantener la ilusión de una fortaleza de las Farc que pueda presionar desde el exterior, el que el gobierno nacional deba retroceder en lo alcanzado y ceder al pretendido diálogo con la organización narcoterrorista al amparo del manoseado discurso del acuerdo humanitario como lo hicieron durante los gobiernos de Belisario Betancur, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Las Farc han señalado que mientras exista capitalismo su accionar criminal continuará y solo mediante el establecimiento y consolidación del socialismo en el país podrán reconsiderar la lucha armada como medio de hacer política; lo malo para ellas es que perdieron la capacidad ofensiva y su accionar se limita al terrorismo y los delitos de lesa humanidad como único recurso armado.

[1] EL TIEMPO. ‘Una bomba va a estallar’, decía el rumor en Vegalarga. Jueves 2 de diciembre de 2010. En: http://www.eltiempo.com/justicia/reacciones-tras-el-carro-bomba-en-vegalarga_8500104-4

CUBA ES REFUGIO DE NARCOTERRORISTAS

Continúa la publicación a ‘cuentas gotas’ de comunicaciones reservadas entre el Departamento de Estado y sus servicios diplomáticos en el exterior. Esta vez, la información filtrada por el portal Web Wikileaks hace referencia a los vínculos de la organización narcoterrorista de las FARC con el régimen autoritario de los hermanos Castro en Cuba. Según un informe de 2009 de la Sección de Intereses de Washington en La Habana (SINA), existe evidencia de la presencia de narcoterroristas de las FARC, así como de miembros de las también organizaciones terroristas ELN y ETA de España en Cuba. La información filtrada señala que aunque Cuba sirve de refugio a estas tres agrupaciones, hay pocas probabilidades que planeen operaciones terroristas en la isla.

Según el documento secreto, el régimen de los Castro permite a estos grupos “disfrutar de períodos de relajamiento y descanso, atención médica y otros servicios en la isla“ , incluso acompañados con miembros de sus familias. Asimismo, puntualiza que ETA y FARC se apoyan mutuamente en su accionar terrorista, cuestión ésta que ya había sido develada con los campamentos de entrenamiento conjunto en Venezuela. Y añade el reporte clasificado, que el Partido Comunista de Cuba tiene unas abiertas y cercanas relaciones con el Partido Comunista Clandestino Colombiano, el brazo político de las FARC.

En numerosas ocasiones Cuba ha ‘justificado’ sus relaciones con las agrupaciones terroristas colombianas, así como con la ETA, en gestiones de intermediación en procesos de paz. Lo que es más, Cuba no reconoce a estas bandas como grupos terroristas y, en consecuencia, ha exigido repetidamente que Estados Unidos lo excluya de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Que Cuba brinda refugio a las guerrillas narcoterroristas colombianas no es algo nuevo, como también sabemos que lo hacen Venezuela y Nicaragua y otros países fuertemente influenciados por la doctrina comunista cubana y que mantienen profundas simpatías con el proyecto criminal de las FARC y del ELN. Y es que desde el triunfo de la revolución castrista en 1959 y el ascenso de un gobierno autoritario que cerró cualquier espacio democrático, Cuba se convirtió en el faro de los movimientos guerrilleros en America Latina y ejemplo a seguir de los populistas que aspiraban a ‘tiranuelos’ en la región.

Hoy en la isla reciben adoctrinamiento comunista tanto los miembros de las agrupaciones terroristas como las fuerzas militares de Venezuela, compartiendo espacios y formándose en los mismos principios antidemocráticos y ‘antiyanquis’, para replicar el régimen autoritario castrista, tan fracasado y retrogrado como es, en el resto de países de América Latina.

Tanto las FARC como Castro y Chávez, y ETA y el ELN, hacen parte de ese grupo detestable del ‘mamertismo internacional’ que pretende maquillar con supuestas causas sociales y luchas legítimas por la “liberación y la verdadera democracia”, los innumerables crímenes que cometen para hacerse y conservar poder y dinero. En el caso de las FARC, hablamos de secuestros, homicidios, terrorismo, narcotráfico; en el caso de Castro y Chávez, de la censura, de la represión y del terrorismo de estado contra sus opositores. No nos extrañamos cuando Castro lamentó la muerte del terrorista alias ‘Mono Jojoy’ a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano, ni cuando rindió homenajes al difunto alias ‘Tirofijo’ calificándolo, de forma pusilánime, como un gran revolucionario que lucho por el bienestar de los pobres de Colombia [sic]. Y por eso, tampoco nos extrañamos que un documento clasificado del gobierno de Estados Unidos, obtenido ilegalmente por Wikileaks, revele que Cuba es refugio para los terroristas colombianos.

Eso ha sido un secreto a voces desde hace mucho tiempo. Lo que realmente nos preocupa es que el servicio exterior colombiano, no haya querido apersonarse del caso para poner coto a la situación. Colombia debe hacer todos los esfuerzos diplomáticos posibles para cerrar todos los espacios que posibilitan el fortalecimiento del aparato narcoterrorista y la difusión de sus mentiras comunistas, en Cuba, y en Venezuela, y también en España.

1.http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/guerrilleros-de-farc-eln-y-la-eta-segn-diplomticos-de-ee-uu-wikileaks_8490565-4

MÁS HUMANISMO ALTRUISTA DE LAS FARC

El demencial terrorismo fariano cobró más vidas de inocentes pobladores civiles en Vegalarga, a media hora de Neiva, cuando de manera cobarde y salvaje hicieron detonar un vehículo de servicio público frente a la estación de Policía, lo grave y aberrante del caso es que el vehículo transportaba pasajeros.

Si esta semana se rechazaba el decapitamiento de dos soldados heridos por parte de los narcoterrorista, hoy hay que repudiar desde el fondo del alma el terrible hecho de utilizar un vehículo civil repleto de pasajeros para atentar contra una sede policial; al menos los terroristas islámicos tienen el coraje de ser ellos los que se sacrifiquen y no cobardemente utilizar a terceros inocentes para cometer estos actos de barbarie indescriptibles.

Hay que recordar los claros y obligatorios mandatos de la Convención de Ginebra de 1948 y su Protocolo II Adicional que obligan a cualquier actor armado, incluso en los casos de rebelión o desorden interno, a acatar el Derecho Internacional Humanitario y en especial a excluir de sus acciones a la población civil, algo que permanentemente las Farc y Eln dejan de lado para amparar crímenes de esta naturaleza como una muestra más de su humanismo altruista al decir de nuestras Cortes y las ONG’s que callan cualquier condena o rechazo a actos como el sucedido en Vegalarga, Departamento del Huila.

Pero ya veremos a los mismos agitadores políticos, a los propagandistas y áulicos de las Farc, a los colectivos de abogados y a ciudadanos y ciudadanas por las Farc, justificando el criminal atentado, negando lo innegable, trasladando culpas o demandando al Estado en busca de indemnizaciones millonarias. El cobarde atentado narcoterrorista dejó ocho policías heridos, uno de ellos de gravedad, y un número aún no determinado de civiles muertos, pues en el lugar quedaron esparcidos “restos humanos irreconocibles”, como indicara Emma Constanza Sastoque, gobernadora del departamento del Huila.

Indigna que un abominable hecho como este apenas merezca la reseña de los medios de comunicación, que ni uno solo de los habituales columnistas de la prensa escrita se ocupe hoy de condenar vehementemente esa masacre, como si se ocupan cuando de resaltar cualquier error de un militar apenas este sucede. En su afán de deslegitimar la Política de Defensa y Seguridad Democrática, al Presidente Uribe y sus funcionarios, parece que realmente se estableció un pacto de silencio frente a la condena a las acciones criminales del narcoterrorismo, mientras se magnifican otros hechos como empeñarse en señalar que la Ley de Justicia y Paz fue establecida para favorecer a los cabecillas de las autodefensas ilegales.

Mientras España se ha movilizado cada vez que la ETA comete un atentado terrorista y ha logrado mediante esa acción aislar y derrotar política y socialmente a la banda criminal, en Colombia es aterrador el silencio frente a un hecho como este, los narcoterroristas del frente 17 ‘Angelino Godoy’, colocaron la carga explosiva en un vehículo de servicio público con pasajeros y lo hicieron detonar en los alrededores del comando de Policía, la carga explosiva fue camuflada en bultos de naranjas que llevaba la camioneta de servicio público de placas TBK 607, afiliada a la empresa Cootransvega, conducida por el ciudadano Ferley Mosquera, la única víctima fatal reconocida hasta el momento.

No es la primera vez que los narcoterroristas atentan contra Vegalarga, el pasado 14 de agosto, fue un ‘bulto bomba’ el que estalló en ese municipio, dejando a cuatro militares heridos. Un bulto de plátanos y naranjas aparentemente indefenso terminó convertido en un engaño de las Farc y activado contra la población civil y la fuerza pública.

Indudablemente el atentado de ayer hace parte de la conmemoración que la banda criminal anunció para honrar la memoria del Mono Jojoy y lo hace al mejor estilo del bandolero muerto, atentando cobardemente contra la población civil y especialmente contra los más necesitados, los campesinos de Colombia, como lo han hecho a lo largo de su sangrienta historia.

Las Farc se burlan de los derechos humanos y del Derecho Humanitario, DIH, con lo han hecho en múltiples ocasiones su forma de lucha son las emboscadas y los campos minados, el utilizar a la población civil como escudo o mediante engaño como arma de ataque, hay que recordar que en varias ocasiones se han aprovechado de niñas y niños para que porten paquetes explosivos dirigidos a las instalaciones militares o de policía, actuaciones todas a mansalva y de manera ruin, pero ello no ha servido de obstáculo para que nuestro poder judicial los considere luchadores altruistas como lo hizo en una triste sentencia de la Corte Suprema de Justicia que aún no ha sido explicada.

Hay que reaccionar socialmente, no se puede permitir que mediante el silencio medroso se permita que los bandoleros narcoterroristas sigan manteniendo una imagen de fuerza para alentar la lucha política jurídica y política que desde las instancias mismas del Estado libra el PC3 para destruir la democracia y los valores tradicionales de nuestro pueblo.

EL DERECHO A LA VIDA Y DOBLE MORAL

Cuando el entonces magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, posteriormente senador y presidente del Polo Democrático, avalaba la práctica del aborto, señalaba que este se justificaba porque un ser humano en desarrollo fetal no es objeto de derechos porque tampoco tiene obligaciones, criminal conclusión que permitió despenalizar algunas prácticas abortivas basadas en consideraciones médicas o pragmáticas, como que el nonato fuere fruto de la violación o se considerare que podría nacer con graves deficiencias físicas o pusiere en riesgo la vida de la futura madre.

Esa apreciación se identifica con la tesis nazi que permitía eliminar ancianos, enfermos o niños bajo la excusa de que eran elementos no productivos y se convertían en cargas onerosas para la sociedad, la misma que en la China comunista justificó el asesinato de los bebés de sexo femenino porque después serían seres reproductivos que afectarían la de por sí excesiva población del país asiático.

La intención de la Corte iba más allá, pretendía el reconocimiento del aborto como una práctica común, como cambiarse de camisa u optar por este o aquél producto de consumo. Decía la sentencia C-133/94, cuyo ponente fue el Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL, que como en los primeros noventa días –del embarazo-, el derecho a la autonomía procreativa de la mujer ha sido admitido en diversos países en los que igualmente se protege el valor de la vida desde la concepción, para que Colombia estuviera a la moda había que aceptar la misma tesis.

Sostenían los abortistas, en contra de todo fundamento científico y fáctico, que los fetos en ese momento de su formación no sentían dolor ni experimentaban sufrimiento, desconociendo pruebas reales obtenidas mediante vídeos en los que se muestra como si sienten dolor y experimentan sufrimiento, ignorando la realidad de los múltiples cadáveres cercenados que se arrojan a los basureros de las ciudades de seres humanos ya formados.

No es una cuestión de atacar el aborto por simples convicciones religiosas, es un deber de humanidad; quienes dicen defender los derechos de la mujer y su autonomía procreativa, simplemente están instrumentalizando a la mujer como un simple elemento reproductor para garantizar una especie de control de calidad en la concepción del ser humano, la misma teoría nazi que propendía por la pureza de la raza al impedir los embarazos de quienes consideraban seres inferiores o les permitía sacrificar niños y niñas que padecieren alguna limitación física o mental.

Los argumentos altruistas de la Corte para legalizar el aborto se muestran realmente como la aceptación de la derrota por parte del sistema judicial para impedir su práctica clandestina, no hay ninguna consideración humanística, simplemente es la forma de ocultar la ineficiencia e ineficacia del poder judicial, en efecto la Corte señalaba entonces que la efectividad del derecho constitucional - a la vida- , queda condicionada a la protección del valor que se le asigne a la vida, según la creencia religiosa que se adopte. La mujer embarazada goza de un derecho constitucional a la autonomía procreativa. El Estado debe proteger este derecho y tomar las medidas necesarias para que sea efectivo, brindando apoyo a la mujer que desee procrear o poniendo al alcance de la reticente los medios médicos para impedir el riesgo que la práctica clandestina del aborto representa.

Es esa misma doble moral, la hipocresía reiterativa y la falta de humanismo que llevó a nuestras Cortes a considerar luchadores altruistas a los narcoterroristas pese al cúmulo de evidencias que muestran como las organizaciones delincuenciales se burlan de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en su práctica criminal desde sus mismos orígenes; lo que nuestros magistrados calificaron fue el discurso ideológico y no la realidad fáctica de la actividad criminal contra el pueblo colombiano.

Seguramente para nuestras Cortes es altruista el secuestro, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para ser utilizados como instrumentos sexuales o criminales, el sembrado de minas antipersonal prohibido por la legislación internacional, el uso de cilindros bomba o tatucos contra la población civil o el detonar un vehículo de servicio público con su conductor y pasajeros adentro, como acaba de suceder en Vegalarga, para causarle daños a unos policías; total, por su pobreza los habitantes de nuestros municipios alejados deben ser considerados desechables porque su contribución económica, cumplimiento de obligaciones, es precaria y lo que interesa es profundizar la crisis del sistema en pleno siglo de los jueces.

Lastimosamente estos no son temas de consumo masivo, oponerse al aborto o a las narcoguerrillas no está in, no vende, no logra pautas publicitarias, y por eso los medios prefieren darle curso a cuanto columnista o analista proabortista o profariano inunda esos medios, de tal manera que la indiferencia de los colombianos frente a esos hechos criminales se amolda a la tesis aberrante de que lo improductivo no tiene derechos que originó el holocausto mundial tan abundantemente documentado durante la II Guerra Mundial. ¡Dios nos guarde de estos iluminados juristas que rigen nuestros destinos legales!

Cuando el entonces magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, posteriormente senador y presidente del Polo Democrático, avalaba la práctica del aborto, señalaba que este se justificaba porque un ser humano en desarrollo fetal no es objeto de derechos porque tampoco tiene obligaciones, criminal conclusión que permitió despenalizar algunas prácticas abortivas basadas en consideraciones médicas o pragmáticas, como que el nonato fuere fruto de la violación o se considerare que podría nacer con graves deficiencias físicas o pusiere en riesgo la vida de la futura madre.

Esa apreciación se identifica con la tesis nazi que permitía eliminar ancianos, enfermos o niños bajo la excusa de que eran elementos no productivos y se convertían en cargas onerosas para la sociedad, la misma que en la China comunista justificó el asesinato de los bebés de sexo femenino porque después serían seres reproductivos que afectarían la de por sí excesiva población del país asiático.

La intención de la Corte iba más allá, pretendía el reconocimiento del aborto como una práctica común, como cambiarse de camisa u optar por este o aquél producto de consumo. Decía la sentencia C-133/94, cuyo ponente fue el Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL, que como en los primeros noventa días –del embarazo-, el derecho a la autonomía procreativa de la mujer ha sido admitido en diversos países en los que igualmente se protege el valor de la vida desde la concepción, para que Colombia estuviera a la moda había que aceptar la misma tesis.

Sostenían los abortistas, en contra de todo fundamento científico y fáctico, que los fetos en ese momento de su formación no sentían dolor ni experimentaban sufrimiento, desconociendo pruebas reales obtenidas mediante vídeos en los que se muestra como si sienten dolor y experimentan sufrimiento, ignorando la realidad de los múltiples cadáveres cercenados que se arrojan a los basureros de las ciudades de seres humanos ya formados.

No es una cuestión de atacar el aborto por simples convicciones religiosas, es un deber de humanidad; quienes dicen defender los derechos de la mujer y su autonomía procreativa, simplemente están instrumentalizando a la mujer como un simple elemento reproductor para garantizar una especie de control de calidad en la concepción del ser humano, la misma teoría nazi que propendía por la pureza de la raza al impedir los embarazos de quienes consideraban seres inferiores o les permitía sacrificar niños y niñas que padecieren alguna limitación física o mental.

Los argumentos altruistas de la Corte para legalizar el aborto se muestran realmente como la aceptación de la derrota por parte del sistema judicial para impedir su práctica clandestina, no hay ninguna consideración humanística, simplemente es la forma de ocultar la ineficiencia e ineficacia del poder judicial, en efecto la Corte señalaba entonces que la efectividad del derecho constitucional - a la vida- , queda condicionada a la protección del valor que se le asigne a la vida, según la creencia religiosa que se adopte. La mujer embarazada goza de un derecho constitucional a la autonomía procreativa. El Estado debe proteger este derecho y tomar las medidas necesarias para que sea efectivo, brindando apoyo a la mujer que desee procrear o poniendo al alcance de la reticente los medios médicos para impedir el riesgo que la práctica clandestina del aborto representa.

Es esa misma doble moral, la hipocresía reiterativa y la falta de humanismo que llevó a nuestras Cortes a considerar luchadores altruistas a los narcoterroristas pese al cúmulo de evidencias que muestran como las organizaciones delincuenciales se burlan de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en su práctica criminal desde sus mismos orígenes; lo que nuestros magistrados calificaron fue el discurso ideológico y no la realidad fáctica de la actividad criminal contra el pueblo colombiano.

Seguramente para nuestras Cortes es altruista el secuestro, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para ser utilizados como instrumentos sexuales o criminales, el sembrado de minas antipersonal prohibido por la legislación internacional, el uso de cilindros bomba o tatucos contra la población civil o el detonar un vehículo de servicio público con su conductor y pasajeros adentro, como acaba de suceder en Vegalarga, para causarle daños a unos policías; total, por su pobreza los habitantes de nuestros municipios alejados deben ser considerados desechables porque su contribución económica, cumplimiento de obligaciones, es precaria y lo que interesa es profundizar la crisis del sistema en pleno siglo de los jueces.

Lastimosamente estos no son temas de consumo masivo, oponerse al aborto o a las narcoguerrillas no está in, no vende, no logra pautas publicitarias, y por eso los medios prefieren darle curso a cuanto columnista o analista proabortista o profariano inunda esos medios, de tal manera que la indiferencia de los colombianos frente a esos hechos criminales se amolda a la tesis aberrante de que lo improductivo no tiene derechos que originó el holocausto mundial tan abundantemente documentado durante la II Guerra Mundial. ¡Dios nos guarde de estos iluminados juristas que rigen nuestros destinos legales!