Muchos analistas, escritores y opinadores se han ocupado de las masacres y el genocidio en Colombia pero sólo desde la óptica de las atribuidas a las autodefensas ilegales para reclamar la responsabilidad del Estado: Por acción, señalando que ellas no se hubieren realizado sin el concurso directo de la Fuerza Pública, o por omisión indicando que la Fuerza Pública no las previno antes de suceder.
Si han existido masacres y se ha cometido el delito de genocidio en nuestro país; prueba de ello es la acción de las Farc contra el pueblo indígena, especialmente contra la comunidad Awá para imponer mediante el terror el silencio y la colaboración para el trasegar criminal de la organización narcoterrorista, basta recordar que esa fue la excusa de la estructura delincuencial denominada Mariscal Sucre, al pasar por el cuchillo a cerca de una treintena de miembros de esa comunidad, adujeron en su momento y de manera pública, que el hecho se produjo como retaliación por haberle informado al Ejército sobre esos movimientos en sus resguardos, pretendiendo con ello mantener la fluidez del corredor estratégico desde el Ecuador hasta las costas del Pacífico colombiano para el envío de narcóticos y la recepción de armas.
Mediante el asesinato por degollamiento de los indígenas Awá, las Farc pretendían imponer una situación creada ex profeso y recogida en el Plan Renacer, que le debe permitir alcanzar un determinado objetivo a través de los más variados medios (actos o amenazas de violencia), en las comunidades indígenas del sur colombiano, lo que a partir de cualquier lógica se aparta por completo de los principios políticos que ellos mismos dicen defender a través de su Plataforma Bolivariana que hoy sirve como fundamento a movimientos internacionales como el Movimiento Continental Bolivariano.
El otro ejemplo de masacres olvidadas, estado en el que algunos sectores políticos, e incluso ONG,s, pretenden mantener al no referirlos en sus permanentes denuncias, es lo sucedido el 18 de octubre de 1998 cuando una acción terrorista del ELN, cometida por el grupo 'Cimarrones' de la estructura criminal 'José Antonio Galán' de esa organización: cobró la vida de 100 habitantes mediante el calcinamiento cobarde a la hora que reposaban, de uno de los pueblos más pobres del país como lo era Machuca, en Departamento de Antioquia, y que dejó cuando menos a 30 heridos graves que aún hoy, quienes superviven, pueden mostrar en su piel y en su psiquis los efectos de la acción revolucionaria.
A pesar de que la pena ratificada por la Corte Suprema de Justicia a los miembros del Comité Central, COCE, del ELN, ha quedado en firme desde 2007, estos elementos se dan hoy el lujo de continuar delinquiendo impunemente, amparados por una suerte no explicada, desde el derecho internacional humanitario, de asilo político en territorios internacionales vecinos y, lo que es más grave, concitando aún la atención de la prensa nacional o internacional para ocultar bajo el discurso anacrónico que los acompaña desde 1964, la continuación de sus acciones criminales contra el pueblo colombiano sin que se exija una explicación a la gravedad de sus crímenes.
En Bojayá (Chocó), las Farc asesinaron 119 civiles en la iglesia católica del pueblo, entre ellos 45 niños, quienes buscaron refugio en el templo sagrado para evitar la acción criminal de la estructura criminal llamada bloque 58 del frente 15; ese 2 de mayo de 2002 debería marcar una fecha de luto e indignidad nacional semejante al que se conmemora en Europa por la masacre de LídIce, cuando todo un pueblo checoslovaco fue aniquilado por el nazismo para vengar la muerte del SS Reinhard Heydrich, "protector" de Bohemia y Moravia. El 10 de junio de 1942, las fuerzas nazis acabaron con la vida o desterraron a los pobladores de LídIce, pero el resultado final se parece mucho a las acciones de nuestras Farc y Eln: El resultado final de la represión por la muerte de Heydrich fue de 1.300 personas, entre partisanos, altos dirigentes checos y víctimas circunstanciales, como los habitantes de LídIce.
Los diferentes atentados con carros-bomba, el lanzamiento de cilindros o tatucos contra la población civil, ha sido la constante de las bandas narcoterroristas para vengarse de una captura o una baja de uno de los responsables de la respectiva estructura. Es un hecho que las Fuerzas Militares y de Policía consideran las bajas propias como una circunstancia natural a su función, pero nada justifica que algunos sectores de la sociedad civil sigan considerando que las bajas producidas entre los ciudadanos, que son la gran mayoría por la acción criminal son parte de una guerra; que quienes los involucran son quienes los atacan, no quienes los defienden y que por ende el esfuerzo para detener los resultados inaceptables deben dirigirse contra quienes los propician.
Si han existido masacres y se ha cometido el delito de genocidio en nuestro país; prueba de ello es la acción de las Farc contra el pueblo indígena, especialmente contra la comunidad Awá para imponer mediante el terror el silencio y la colaboración para el trasegar criminal de la organización narcoterrorista, basta recordar que esa fue la excusa de la estructura delincuencial denominada Mariscal Sucre, al pasar por el cuchillo a cerca de una treintena de miembros de esa comunidad, adujeron en su momento y de manera pública, que el hecho se produjo como retaliación por haberle informado al Ejército sobre esos movimientos en sus resguardos, pretendiendo con ello mantener la fluidez del corredor estratégico desde el Ecuador hasta las costas del Pacífico colombiano para el envío de narcóticos y la recepción de armas.
Mediante el asesinato por degollamiento de los indígenas Awá, las Farc pretendían imponer una situación creada ex profeso y recogida en el Plan Renacer, que le debe permitir alcanzar un determinado objetivo a través de los más variados medios (actos o amenazas de violencia), en las comunidades indígenas del sur colombiano, lo que a partir de cualquier lógica se aparta por completo de los principios políticos que ellos mismos dicen defender a través de su Plataforma Bolivariana que hoy sirve como fundamento a movimientos internacionales como el Movimiento Continental Bolivariano.
El otro ejemplo de masacres olvidadas, estado en el que algunos sectores políticos, e incluso ONG,s, pretenden mantener al no referirlos en sus permanentes denuncias, es lo sucedido el 18 de octubre de 1998 cuando una acción terrorista del ELN, cometida por el grupo 'Cimarrones' de la estructura criminal 'José Antonio Galán' de esa organización: cobró la vida de 100 habitantes mediante el calcinamiento cobarde a la hora que reposaban, de uno de los pueblos más pobres del país como lo era Machuca, en Departamento de Antioquia, y que dejó cuando menos a 30 heridos graves que aún hoy, quienes superviven, pueden mostrar en su piel y en su psiquis los efectos de la acción revolucionaria.
A pesar de que la pena ratificada por la Corte Suprema de Justicia a los miembros del Comité Central, COCE, del ELN, ha quedado en firme desde 2007, estos elementos se dan hoy el lujo de continuar delinquiendo impunemente, amparados por una suerte no explicada, desde el derecho internacional humanitario, de asilo político en territorios internacionales vecinos y, lo que es más grave, concitando aún la atención de la prensa nacional o internacional para ocultar bajo el discurso anacrónico que los acompaña desde 1964, la continuación de sus acciones criminales contra el pueblo colombiano sin que se exija una explicación a la gravedad de sus crímenes.
En Bojayá (Chocó), las Farc asesinaron 119 civiles en la iglesia católica del pueblo, entre ellos 45 niños, quienes buscaron refugio en el templo sagrado para evitar la acción criminal de la estructura criminal llamada bloque 58 del frente 15; ese 2 de mayo de 2002 debería marcar una fecha de luto e indignidad nacional semejante al que se conmemora en Europa por la masacre de LídIce, cuando todo un pueblo checoslovaco fue aniquilado por el nazismo para vengar la muerte del SS Reinhard Heydrich, "protector" de Bohemia y Moravia. El 10 de junio de 1942, las fuerzas nazis acabaron con la vida o desterraron a los pobladores de LídIce, pero el resultado final se parece mucho a las acciones de nuestras Farc y Eln: El resultado final de la represión por la muerte de Heydrich fue de 1.300 personas, entre partisanos, altos dirigentes checos y víctimas circunstanciales, como los habitantes de LídIce.
Los diferentes atentados con carros-bomba, el lanzamiento de cilindros o tatucos contra la población civil, ha sido la constante de las bandas narcoterroristas para vengarse de una captura o una baja de uno de los responsables de la respectiva estructura. Es un hecho que las Fuerzas Militares y de Policía consideran las bajas propias como una circunstancia natural a su función, pero nada justifica que algunos sectores de la sociedad civil sigan considerando que las bajas producidas entre los ciudadanos, que son la gran mayoría por la acción criminal son parte de una guerra; que quienes los involucran son quienes los atacan, no quienes los defienden y que por ende el esfuerzo para detener los resultados inaceptables deben dirigirse contra quienes los propician.
la acción criminal de la policia desde 1928 en diciembre sangriento, de las bananeras cuando policias dispararon indiscriminadamente contra los corteros de platano, masacrando a mas de tres mil, que solo reclamaban derechos de trabajadores ya reconocidos en gran parte del planeta,y la violencia politica azuletiando a colombia por orden del dictador laureano gomez a cuchillo y bala, imitando a los nazis europeos, despues lamasacre del ejercito el 9 de abril del cuarenta y nueve, en la plaza de bolivar disfrados de facciones liberales arremetieron contra los bogotanos, muriendo cinco mil de estos indefensos colombianos. y las mas de mil setecientas incursiones contra la población civil, como las enumera el blog bogota subterranea, hacen desea a cualquier colombiano de bien una venganza contra estasinstituciones militares asesinas. y estosmilitares que cobardemente se esconden dentro de la población civil usandola como escudo humano, cosa que esta prohibida en los tratados de humanización de la guerra.
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