Si de leer cualquier medio informático se tratara, la guerra fría no ha desaparecido en el panorama mundial; el escenario es similar, la lucha ideopolítica y militar contra el capitalismo occidental representado por los Estados Unidos de América y el resto del mundo. A la orden siguen las mismas consignas y principios que regían la confrontación EEUU-URSS, incluyendo a China, Corea del Norte y Vietnam en Asia y a Cuba en América Latina, hoy amplificada en Venezuela y los países adeptos al Foro de Sao Paulo que dicen representar el socialismo del siglo XXI.
La reedición del marxismo-leninismo como amenaza para la democracia occidental permanece viva y recurre a la pretensión de legitimar ciertas acciones terroristas como expresión de la inconformidad o la frustración popular frente a las acciones del Estado, aún cuando ellas no representen ni siquiera el 1% de esa expresión política.
Tratar de conciliar los fines esenciales del Estado social de derecho, como es el caso de Colombia, con las pretensiones totalitarias de las organizaciones armadas ilegales y de quienes promueven aún hoy la toma del poder para la instauración de la dictadura del proletariado, resulta un ejercicio ineficaz e ineficiente, toda vez que la estrategia socialista desde hace mucho tiempo proclamo la validez de los diálogos para apuntalar mediante la acción armada sus propios intereses. A mayor creación de un estado de indefensión para las comunidades, mayor la probabilidad de alcanzar los objetivos de la estructura que pregona la combinación de las formas de lucha.
Incluso Fidel Castro señaló que el modelo socialista es inaplicable para su propio Estado, ante lo cual el socialismo universal ha admitido un silencio que respalda la apreciación: El Socialismo no es benéfico en ninguna parte del mundo.
En Colombia, pese a la ya anacrónica exposición de las tesis de tal combinación, existen movimientos y organizaciones políticas, algunas disfrazadas bajo el manto de no ser gubernamentales, como efectivamente lo son todas, que insisten en que políticamente, para superar el estado de violencia, hay que atender al menos los cinco puntos requeridos por el cabecilla de las Farc, alias Alfonso Cano, en ejercicio del llamado Plan Renacer, para encontrar el camino de la búsqueda de la paz, obtusamente ignorado por esa organización criminal en diferentes procesos desarrollados desde los años 50 y que permitieron la desmovilización de quienes empuñaron las armas para oponerse al Estado.
Las Farc y el Eln, desde los años 50, no sólo han logrado permanecer con los anuncios de su voluntad de negociar, han alcanzando políticamente que los gobiernos cedieran en el necesario cerco militar a sus estructuras; alivio mediante el que han alcanzado con esa estrategia de engaño, objetivos terroristas ejecutando actos en los que han sido asesinados, heridos y exiliados miles de colombianos, historia que no puede desconocerse en cualquier eventualidad de apertura a futuros diálogos o negociaciones con la narcoguerrilla.
El gobierno nacional debe mantener intacto un principio fundamental, señalado desde las tesis de Sun Tzu sobre el arte de la guerra: Si las Farc no renuncian a su actividad terrorista y narcotraficante contra el pueblo colombiano, no pueden existir condiciones objetivas para un diálogo o conversación política, en tanto ello implica una persistencia en el método terrorista utilizado a través del tiempo y una legitimación social al medio utilizado.
No es llover sobre mojado insistir en que las Farc y Eln mantienen prácticas expresamente prohibidas por la legislación internacional del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, cuya violación ha sido precisamente el mayor exponente de su decisión de continuar delinquiendo: El uso de armas no convencionales, el secuestro y el maltrato, que incluso lleva a la incineración de heridos en combate, del que han hecho gala en estos días, además de mantenerse en prácticas como el secuestro, el reclutamiento de menores y todos los demás crímenes anunciados en el Plan Renacer, en el que responden a las súplicas de la comunidad internacional señalando su intención de no acatar las normas del derecho internacional humanitario o mitigar los efectos sobre los derechos humanos del ciudadano común.
Sería inmoral, al menos, que algún gobierno o la comunidad nacional o internacional, permitieran que las Farc o el ELN consiguieran sus objetivos políticos, cuando en ningún momento asumen su responsabilidad criminal, ni muestra las menores intenciones de que se haga justicia, Verdad o Reparación por más de 50 años de agresión al pueblo colombiano o que se acepte que para evadir esa obligación persistan en los actos terroristas como medio político que obtenga cualquier tipo de legitimación.
En este evento, se convierte en dogma uno de los principios que ha acompañado a la democracia desde los tiempos griegos: La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad.
Los últimos actos de la narcoguerrilla y su combinación cada vez más frecuente con la delincuencia común, llaman al conglomerado social a no bajar la guardia; es un hecho cierto, el enemigo común no ha sido aún derrotado y conserva la acción de producir daños; cuando se presente como más fácil la operación de la Fuerza Pública, mayores serán las prevenciones a tomar, sobre todo cuando se están desarrollando operaciones ofensivas que deben procurar el menor daño y las menores pérdidas frente a un enemigo desesperado que requiere golpes mediáticos para recuperar la moral de combate de sus componentes.
Si por laxitud, omisión y abandono de las directrices y normas de combate se le permite al enemigo un triunfo, ello repercutirá nocivamente en la concepción de seguridad que se le ha propuesto al pueblo colombiano y el Ejército Nacional. Los medios no cuentan, ni existen en las opiniones mediáticas que celebran o anuncian un resurgir de las narcoguerrillas como elemento sustancial para cumplir su tarea. Así que la propuesta es menos acción mediática y mejores resultados para garantizar los fines esenciales del Estado, dentro de la observancia de los límites que les marca la Constitución y la Ley.
La reedición del marxismo-leninismo como amenaza para la democracia occidental permanece viva y recurre a la pretensión de legitimar ciertas acciones terroristas como expresión de la inconformidad o la frustración popular frente a las acciones del Estado, aún cuando ellas no representen ni siquiera el 1% de esa expresión política.
Tratar de conciliar los fines esenciales del Estado social de derecho, como es el caso de Colombia, con las pretensiones totalitarias de las organizaciones armadas ilegales y de quienes promueven aún hoy la toma del poder para la instauración de la dictadura del proletariado, resulta un ejercicio ineficaz e ineficiente, toda vez que la estrategia socialista desde hace mucho tiempo proclamo la validez de los diálogos para apuntalar mediante la acción armada sus propios intereses. A mayor creación de un estado de indefensión para las comunidades, mayor la probabilidad de alcanzar los objetivos de la estructura que pregona la combinación de las formas de lucha.
Incluso Fidel Castro señaló que el modelo socialista es inaplicable para su propio Estado, ante lo cual el socialismo universal ha admitido un silencio que respalda la apreciación: El Socialismo no es benéfico en ninguna parte del mundo.
En Colombia, pese a la ya anacrónica exposición de las tesis de tal combinación, existen movimientos y organizaciones políticas, algunas disfrazadas bajo el manto de no ser gubernamentales, como efectivamente lo son todas, que insisten en que políticamente, para superar el estado de violencia, hay que atender al menos los cinco puntos requeridos por el cabecilla de las Farc, alias Alfonso Cano, en ejercicio del llamado Plan Renacer, para encontrar el camino de la búsqueda de la paz, obtusamente ignorado por esa organización criminal en diferentes procesos desarrollados desde los años 50 y que permitieron la desmovilización de quienes empuñaron las armas para oponerse al Estado.
Las Farc y el Eln, desde los años 50, no sólo han logrado permanecer con los anuncios de su voluntad de negociar, han alcanzando políticamente que los gobiernos cedieran en el necesario cerco militar a sus estructuras; alivio mediante el que han alcanzado con esa estrategia de engaño, objetivos terroristas ejecutando actos en los que han sido asesinados, heridos y exiliados miles de colombianos, historia que no puede desconocerse en cualquier eventualidad de apertura a futuros diálogos o negociaciones con la narcoguerrilla.
El gobierno nacional debe mantener intacto un principio fundamental, señalado desde las tesis de Sun Tzu sobre el arte de la guerra: Si las Farc no renuncian a su actividad terrorista y narcotraficante contra el pueblo colombiano, no pueden existir condiciones objetivas para un diálogo o conversación política, en tanto ello implica una persistencia en el método terrorista utilizado a través del tiempo y una legitimación social al medio utilizado.
No es llover sobre mojado insistir en que las Farc y Eln mantienen prácticas expresamente prohibidas por la legislación internacional del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, cuya violación ha sido precisamente el mayor exponente de su decisión de continuar delinquiendo: El uso de armas no convencionales, el secuestro y el maltrato, que incluso lleva a la incineración de heridos en combate, del que han hecho gala en estos días, además de mantenerse en prácticas como el secuestro, el reclutamiento de menores y todos los demás crímenes anunciados en el Plan Renacer, en el que responden a las súplicas de la comunidad internacional señalando su intención de no acatar las normas del derecho internacional humanitario o mitigar los efectos sobre los derechos humanos del ciudadano común.
Sería inmoral, al menos, que algún gobierno o la comunidad nacional o internacional, permitieran que las Farc o el ELN consiguieran sus objetivos políticos, cuando en ningún momento asumen su responsabilidad criminal, ni muestra las menores intenciones de que se haga justicia, Verdad o Reparación por más de 50 años de agresión al pueblo colombiano o que se acepte que para evadir esa obligación persistan en los actos terroristas como medio político que obtenga cualquier tipo de legitimación.
En este evento, se convierte en dogma uno de los principios que ha acompañado a la democracia desde los tiempos griegos: La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad.
Los últimos actos de la narcoguerrilla y su combinación cada vez más frecuente con la delincuencia común, llaman al conglomerado social a no bajar la guardia; es un hecho cierto, el enemigo común no ha sido aún derrotado y conserva la acción de producir daños; cuando se presente como más fácil la operación de la Fuerza Pública, mayores serán las prevenciones a tomar, sobre todo cuando se están desarrollando operaciones ofensivas que deben procurar el menor daño y las menores pérdidas frente a un enemigo desesperado que requiere golpes mediáticos para recuperar la moral de combate de sus componentes.
Si por laxitud, omisión y abandono de las directrices y normas de combate se le permite al enemigo un triunfo, ello repercutirá nocivamente en la concepción de seguridad que se le ha propuesto al pueblo colombiano y el Ejército Nacional. Los medios no cuentan, ni existen en las opiniones mediáticas que celebran o anuncian un resurgir de las narcoguerrillas como elemento sustancial para cumplir su tarea. Así que la propuesta es menos acción mediática y mejores resultados para garantizar los fines esenciales del Estado, dentro de la observancia de los límites que les marca la Constitución y la Ley.
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