A propósito de la reciente posesión de Peter Michael Mckinley como nuevo embajador de EE.UU. en Colombia, es conveniente hacer una seria reflexión de la cooperación militar entre los dos países. El nuevo embajador Mckinley, un hombre nacido en Venezuela y que ya ha ocupado cargos diplomáticos en Perú y Bolivia, señaló la lucha contra el narcotráfico y la estabilización de la asistencia militar como algunos de los principales enfoques de su gestión en Colombia.
Hace poco menos de un mes, la Corte Constitucional dejó sin piso jurídico el más reciente acuerdo de cooperación militar entre los dos países, suscrito en octubre de 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, al considerar que éste no se trataba de una ampliación del tratado macro de cooperación firmado en década de los cincuenta, sino de un nuevo tratado que debía ser aprobado por el Congreso de la República. Con esto, se hecho por la borda la posibilidad de contar con el apoyo de personal y tecnologías estadounidense, destacada en bases militares colombianas, que, sin lugar a dudas, hubiesen sido una valiosa ayuda para nuestra Fuerza Pública en su guerra contra el narcoterrorismo.
Desde comienzos de la década de los noventa, en tiempos del gobierno republicano de George Bush padre, EE.UU. ha estado proporcionado grande apoyo a Colombia en su guerra contra las drogas. Con la Iniciativa Andina y luego con el Plan Colombia, EE.UU. brindó asistencia financiera y militar para combatir el narcotráfico en Colombia, recursos que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron liberados para ser también utilizados contra el terrorismo. De esta forma, el Estado Colombiano se hizo con un importante apoyo financiero y tecnológico que facilitó la modernización de su aparato militar, el desarrollo de exitosas iniciativas como el Plan Patriota y su supremacía definitiva frente a los grupos narcoterroristas.
La idea era continuar ampliando y consolidando esta cooperación entre los dos países. De esta forma, las Fuerzas Armadas colombianas contarían con la asistencia de nuevos y mejores equipos tecnológicos, en el propio territorio nacional, para lograr una mayor vigilancia sobre el accionar de los narcoterroristas. Pero entonces aparecieron los grupos ‘mamertos’ de siempre, nacionales e internacionales, para entorpecer el acuerdo, utilizando, entre otros rebuscados argumentos, que aquel era generaría impunidad frente a los crímenes que seguramente cometerían los norteamericanos en el territorio nacional y la pérdida total de la soberanía de Colombia sobre su territorio, que era una nueva etapa del ‘imperialismo yanqui’, que era una amenaza militar contra toda la región latinoamericana, y finalmente, que sería una avanzada para la invasión ‘yanqui’ de la ‘hermana’ república revolucionaria de Venezuela. Y la Corte Constitucional certificó estas absurdas demandas, argumentando, no sólo que se trataba de un acuerdo totalmente nuevo frente al Tratado macro de cooperación entre EE.UU. y Colombia, y además, al consentir la presencia de militares extranjeros en territorio colombiano, debía antes ser aprobado por el Congreso de la República, con todos los bemoles y tiempos postergados que eso implica.
¿Quiénes ganaron con esta decisión? Ganaron los narcoterroristas, porque se les evitó la preocupación de un mayor control a sus actividades criminales y a la entrada de apoyo militar y económico desde el exterior. Ganó el ‘mamertismo’ colombiano, la maquinaria política del narcoterrorismo, que nuevamente demostró sus capacidades para boicotear la seguridad democrática y logró echar abajo el acuerdo, actuando desde la legalidad, mediante argumentos retardatarios y argucias políticas. Y claro, ganó el ‘Dictador de Miraflores’ que respira aliviado, en medio de su megalomanía esquizofrénica, frente a una ‘amenaza yanqui’ contra su revolución socialista, en la cual tienen un papel importante los bandidos de las Farc y del ELN.
Por otro lado, perdieron nuestras Fuerzas Militares, y junto a ellas la gran mayoría de colombianos, porque se les privó de la posibilidad de tener mayores recursos, más equipos, mejores instalaciones, para continuar avanzando en esta guerra valerosa contra la amenaza narcoterrorista que tanto daño y muerte ha causado al país.
La decisión de la Corte Constitucional fue, asimismo, una bofetada a EE.UU. No obstante, el nuevo embajador Mckinley se mostró optimista en que la cooperación y asistencia estadounidense para Colombia "seguirán fuertes, como en años pasados […] El acuerdo de defensa se negoció para tener una mayor eficiencia en la lucha contra el narcotráfico. Respetamos las instituciones colombianas y las decisiones democráticas del país. Trabajaremos con el presidente Santos sobre la mejor forma de seguir desarrollando los temas implicados en el acuerdo" . Si bien a mediano plazo no se esperen grandes cambios en la política de EE.UU. hacia Colombia, lo cierto es que esta decisión fue un desaire a la disposición estadounidense de seguir invertir en la seguridad democrática de Colombia.
Ya durante los últimos años la cooperación económica de EE.UU. para el combate del narcotráfico y la criminalidad ha disminuido, producto cierto de las dinámicas políticas y económicas internas del país del norte, pero también del infame lobby político de los aliados legales del narcoterrorismo en contra del Estado y los militares colombianos. La guerra política del ‘mamertismo’, de los ‘batasunas’ del narcoterrorismo en Colombia, sigue torpedeando el avance de la seguridad democrática y causando grandes perjuicios para el país.
1. http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7905464.html
Hace poco menos de un mes, la Corte Constitucional dejó sin piso jurídico el más reciente acuerdo de cooperación militar entre los dos países, suscrito en octubre de 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, al considerar que éste no se trataba de una ampliación del tratado macro de cooperación firmado en década de los cincuenta, sino de un nuevo tratado que debía ser aprobado por el Congreso de la República. Con esto, se hecho por la borda la posibilidad de contar con el apoyo de personal y tecnologías estadounidense, destacada en bases militares colombianas, que, sin lugar a dudas, hubiesen sido una valiosa ayuda para nuestra Fuerza Pública en su guerra contra el narcoterrorismo.
Desde comienzos de la década de los noventa, en tiempos del gobierno republicano de George Bush padre, EE.UU. ha estado proporcionado grande apoyo a Colombia en su guerra contra las drogas. Con la Iniciativa Andina y luego con el Plan Colombia, EE.UU. brindó asistencia financiera y militar para combatir el narcotráfico en Colombia, recursos que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron liberados para ser también utilizados contra el terrorismo. De esta forma, el Estado Colombiano se hizo con un importante apoyo financiero y tecnológico que facilitó la modernización de su aparato militar, el desarrollo de exitosas iniciativas como el Plan Patriota y su supremacía definitiva frente a los grupos narcoterroristas.
La idea era continuar ampliando y consolidando esta cooperación entre los dos países. De esta forma, las Fuerzas Armadas colombianas contarían con la asistencia de nuevos y mejores equipos tecnológicos, en el propio territorio nacional, para lograr una mayor vigilancia sobre el accionar de los narcoterroristas. Pero entonces aparecieron los grupos ‘mamertos’ de siempre, nacionales e internacionales, para entorpecer el acuerdo, utilizando, entre otros rebuscados argumentos, que aquel era generaría impunidad frente a los crímenes que seguramente cometerían los norteamericanos en el territorio nacional y la pérdida total de la soberanía de Colombia sobre su territorio, que era una nueva etapa del ‘imperialismo yanqui’, que era una amenaza militar contra toda la región latinoamericana, y finalmente, que sería una avanzada para la invasión ‘yanqui’ de la ‘hermana’ república revolucionaria de Venezuela. Y la Corte Constitucional certificó estas absurdas demandas, argumentando, no sólo que se trataba de un acuerdo totalmente nuevo frente al Tratado macro de cooperación entre EE.UU. y Colombia, y además, al consentir la presencia de militares extranjeros en territorio colombiano, debía antes ser aprobado por el Congreso de la República, con todos los bemoles y tiempos postergados que eso implica.
¿Quiénes ganaron con esta decisión? Ganaron los narcoterroristas, porque se les evitó la preocupación de un mayor control a sus actividades criminales y a la entrada de apoyo militar y económico desde el exterior. Ganó el ‘mamertismo’ colombiano, la maquinaria política del narcoterrorismo, que nuevamente demostró sus capacidades para boicotear la seguridad democrática y logró echar abajo el acuerdo, actuando desde la legalidad, mediante argumentos retardatarios y argucias políticas. Y claro, ganó el ‘Dictador de Miraflores’ que respira aliviado, en medio de su megalomanía esquizofrénica, frente a una ‘amenaza yanqui’ contra su revolución socialista, en la cual tienen un papel importante los bandidos de las Farc y del ELN.
Por otro lado, perdieron nuestras Fuerzas Militares, y junto a ellas la gran mayoría de colombianos, porque se les privó de la posibilidad de tener mayores recursos, más equipos, mejores instalaciones, para continuar avanzando en esta guerra valerosa contra la amenaza narcoterrorista que tanto daño y muerte ha causado al país.
La decisión de la Corte Constitucional fue, asimismo, una bofetada a EE.UU. No obstante, el nuevo embajador Mckinley se mostró optimista en que la cooperación y asistencia estadounidense para Colombia "seguirán fuertes, como en años pasados […] El acuerdo de defensa se negoció para tener una mayor eficiencia en la lucha contra el narcotráfico. Respetamos las instituciones colombianas y las decisiones democráticas del país. Trabajaremos con el presidente Santos sobre la mejor forma de seguir desarrollando los temas implicados en el acuerdo" . Si bien a mediano plazo no se esperen grandes cambios en la política de EE.UU. hacia Colombia, lo cierto es que esta decisión fue un desaire a la disposición estadounidense de seguir invertir en la seguridad democrática de Colombia.
Ya durante los últimos años la cooperación económica de EE.UU. para el combate del narcotráfico y la criminalidad ha disminuido, producto cierto de las dinámicas políticas y económicas internas del país del norte, pero también del infame lobby político de los aliados legales del narcoterrorismo en contra del Estado y los militares colombianos. La guerra política del ‘mamertismo’, de los ‘batasunas’ del narcoterrorismo en Colombia, sigue torpedeando el avance de la seguridad democrática y causando grandes perjuicios para el país.
1. http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7905464.html
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