¿QUÉ SIGNIFICA PARA LAS FARC LA BAJA DEL MONO JOJOY?

Si para la organización narcoterrorista la baja de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, significó el desvertebramiento de sus relaciones internacionales, la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño, alias Mono Jojoy la posible baja del líder de las milicias bolivarianas, alias Carlos Arturo Lozada, implican una irrecuperable pérdida en la coordinación y dirección de las operaciones terroristas de esa organización.

Como parte del llamado Secretariado queda Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, quien se encuentra cercado y ad portas de un golpe similar en el llamado Cañón de las Hermosas en el centro occidente del país, quien al parecer ostenta el mando simbólico de la organización narcoterrorista, pues ya ningún frente parece atender sus directrices por la inexistencia de la cadena de comunicación y dirección necesarias.

Seguirían en la línea de mando alias Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko e Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, de quienes la información de inteligencia indica se ocultan en Venezuela sin un mayor peso en las decisiones del Secretariado, así mismo Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez (considerado como estratega militar de esa organización y quien podría reemplazar al abatido Mono Jojoy); los otros cabecillas del Secretariado, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, y Wilson Valderrama Cano, alias Mauricio Jaramillo o el Médico, no tienen la suficiente ascendencia sobre las estructuras criminales para ascender ahora en esa organización como elementos que procuren la cohesión del grupo criminal.

Las dificultades organizativas de las Farc dan cuenta del real estado actual de la organización criminal, en el día de ayer por ejemplo se entregaron a las autoridades los últimos componentes del llamado Frente 50, el Frente 48 se encuentra ahora disperso y en franca huída arrastrando el peso de la derrota propinada en San Miguel, con lo que las consideradas más importantes estructuras al sur del país se desvertebran igualmente. Indudablemente la desaparición de alias Mono Jojoy representa un duro golpe a la moral de combate de las Farc, por lo que este bandido representaba dentro de la organización como codirector de la misma en el mismo plano de alias Alfonso Cano.

Debe recordarse que El Secretariado del Estado Mayor Central fue consolidado y puesto en funcionamiento en el mes de enero de 1973 y está compuesto por 25 comandantes. Los máximos líderes de las Farc se componen de siete figuras ideológicas y militares y dos suplentes, que son los que ordenan y determinan todas las acciones del grupo narcoguerrillero. Que en los últimos 8 años la organización terrorista ha perdido a sus más representativas figuras, incluido alias Manuel Marulanda o Tirofijo, que el Estado Mayor Central se encuentra disperso y sin posibilidades de comunicación organizativa y operativa, que el estado de moral de los componentes de las diferentes estructuras es negativo y solo se mantiene la cohesión mediante las amenazas de fusilamiento o de atentados contra sus familias. Hoy nadie puede decir con realismo que existe unidad de espíritu en la organización narcoterrorista.

Indudablemente hoy a las Farc sólo les queda la esperanza de que los aparatos políticos nacionales e internacionales que aún tienen cierta afinidad con ellos, puedan presionar el llamado acuerdo humanitario como salida digna a la inminente derrota, pues saben que mediante ese mecanismo político tendrían algunas ventajas para imponer condiciones al Estado, mientras que cesar unilateralmente las acciones narcoterroristas y someterse a la ley les reduciría esa posibilidad.
El dilema para el narcoterrorismo es hoy más grande, los desesperados llamados de sus apologistas a que la comunidad mundial presione al gobierno colombiano no tuvieron ningún eco, mientras que hoy la prensa mundial refleja la satisfacción de esa comunidad internacional ante los excelentes resultados de la Operación Sodoma.

Una vez más queda demostrado el profesionalismo de nuestras Fuerzas Militares que de manera paciente y con todos los sacrificios que ello implica, han continuado cerrando el cerco y dando los resultados esperados por el pueblo colombiano, pese a las guerras jurídicas y mediáticas que han querido torpedear esa labor. ¿Qué dirán hoy los apologistas de las Farc que hasta hace poco loaban el presunto renacer de las narcoguerrillas y la llegada al techo de la PDSD como estrategia para combatirlas?

El éxito está cercano, pero debe recordarse que entre más acosada la fiera más peligrosa e impredecible puede tornarse. La victoria obtenida con la Operación Sodoma debe redoblar la voluntad de derrotar la amenaza narcoterrorista en breve tiempo y no puede representar triunfalismo o exceso de confianza, porque esos son los momentos que el enemigo aprovecha para golpear a fin de recuperar un poco de confianza.

EL FUTURO DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CON ESTADOS UNIDOS

A propósito de la reciente posesión de Peter Michael Mckinley como nuevo embajador de EE.UU. en Colombia, es conveniente hacer una seria reflexión de la cooperación militar entre los dos países. El nuevo embajador Mckinley, un hombre nacido en Venezuela y que ya ha ocupado cargos diplomáticos en Perú y Bolivia, señaló la lucha contra el narcotráfico y la estabilización de la asistencia militar como algunos de los principales enfoques de su gestión en Colombia.

Hace poco menos de un mes, la Corte Constitucional dejó sin piso jurídico el más reciente acuerdo de cooperación militar entre los dos países, suscrito en octubre de 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, al considerar que éste no se trataba de una ampliación del tratado macro de cooperación firmado en década de los cincuenta, sino de un nuevo tratado que debía ser aprobado por el Congreso de la República. Con esto, se hecho por la borda la posibilidad de contar con el apoyo de personal y tecnologías estadounidense, destacada en bases militares colombianas, que, sin lugar a dudas, hubiesen sido una valiosa ayuda para nuestra Fuerza Pública en su guerra contra el narcoterrorismo.

Desde comienzos de la década de los noventa, en tiempos del gobierno republicano de George Bush padre, EE.UU. ha estado proporcionado grande apoyo a Colombia en su guerra contra las drogas. Con la Iniciativa Andina y luego con el Plan Colombia, EE.UU. brindó asistencia financiera y militar para combatir el narcotráfico en Colombia, recursos que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron liberados para ser también utilizados contra el terrorismo. De esta forma, el Estado Colombiano se hizo con un importante apoyo financiero y tecnológico que facilitó la modernización de su aparato militar, el desarrollo de exitosas iniciativas como el Plan Patriota y su supremacía definitiva frente a los grupos narcoterroristas.

La idea era continuar ampliando y consolidando esta cooperación entre los dos países. De esta forma, las Fuerzas Armadas colombianas contarían con la asistencia de nuevos y mejores equipos tecnológicos, en el propio territorio nacional, para lograr una mayor vigilancia sobre el accionar de los narcoterroristas. Pero entonces aparecieron los grupos ‘mamertos’ de siempre, nacionales e internacionales, para entorpecer el acuerdo, utilizando, entre otros rebuscados argumentos, que aquel era generaría impunidad frente a los crímenes que seguramente cometerían los norteamericanos en el territorio nacional y la pérdida total de la soberanía de Colombia sobre su territorio, que era una nueva etapa del ‘imperialismo yanqui’, que era una amenaza militar contra toda la región latinoamericana, y finalmente, que sería una avanzada para la invasión ‘yanqui’ de la ‘hermana’ república revolucionaria de Venezuela. Y la Corte Constitucional certificó estas absurdas demandas, argumentando, no sólo que se trataba de un acuerdo totalmente nuevo frente al Tratado macro de cooperación entre EE.UU. y Colombia, y además, al consentir la presencia de militares extranjeros en territorio colombiano, debía antes ser aprobado por el Congreso de la República, con todos los bemoles y tiempos postergados que eso implica.

¿Quiénes ganaron con esta decisión? Ganaron los narcoterroristas, porque se les evitó la preocupación de un mayor control a sus actividades criminales y a la entrada de apoyo militar y económico desde el exterior. Ganó el ‘mamertismo’ colombiano, la maquinaria política del narcoterrorismo, que nuevamente demostró sus capacidades para boicotear la seguridad democrática y logró echar abajo el acuerdo, actuando desde la legalidad, mediante argumentos retardatarios y argucias políticas. Y claro, ganó el ‘Dictador de Miraflores’ que respira aliviado, en medio de su megalomanía esquizofrénica, frente a una ‘amenaza yanqui’ contra su revolución socialista, en la cual tienen un papel importante los bandidos de las Farc y del ELN.

Por otro lado, perdieron nuestras Fuerzas Militares, y junto a ellas la gran mayoría de colombianos, porque se les privó de la posibilidad de tener mayores recursos, más equipos, mejores instalaciones, para continuar avanzando en esta guerra valerosa contra la amenaza narcoterrorista que tanto daño y muerte ha causado al país.

La decisión de la Corte Constitucional fue, asimismo, una bofetada a EE.UU. No obstante, el nuevo embajador Mckinley se mostró optimista en que la cooperación y asistencia estadounidense para Colombia "seguirán fuertes, como en años pasados […] El acuerdo de defensa se negoció para tener una mayor eficiencia en la lucha contra el narcotráfico. Respetamos las instituciones colombianas y las decisiones democráticas del país. Trabajaremos con el presidente Santos sobre la mejor forma de seguir desarrollando los temas implicados en el acuerdo" . Si bien a mediano plazo no se esperen grandes cambios en la política de EE.UU. hacia Colombia, lo cierto es que esta decisión fue un desaire a la disposición estadounidense de seguir invertir en la seguridad democrática de Colombia.

Ya durante los últimos años la cooperación económica de EE.UU. para el combate del narcotráfico y la criminalidad ha disminuido, producto cierto de las dinámicas políticas y económicas internas del país del norte, pero también del infame lobby político de los aliados legales del narcoterrorismo en contra del Estado y los militares colombianos. La guerra política del ‘mamertismo’, de los ‘batasunas’ del narcoterrorismo en Colombia, sigue torpedeando el avance de la seguridad democrática y causando grandes perjuicios para el país.




1. http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7905464.html

LAS MASACRES Y EL GENOCIDIO EN COLOMBIA

Muchos analistas, escritores y opinadores se han ocupado de las masacres y el genocidio en Colombia pero sólo desde la óptica de las atribuidas a las autodefensas ilegales para reclamar la responsabilidad del Estado: Por acción, señalando que ellas no se hubieren realizado sin el concurso directo de la Fuerza Pública, o por omisión indicando que la Fuerza Pública no las previno antes de suceder.

Si han existido masacres y se ha cometido el delito de genocidio en nuestro país; prueba de ello es la acción de las Farc contra el pueblo indígena, especialmente contra la comunidad Awá para imponer mediante el terror el silencio y la colaboración para el trasegar criminal de la organización narcoterrorista, basta recordar que esa fue la excusa de la estructura delincuencial denominada Mariscal Sucre, al pasar por el cuchillo a cerca de una treintena de miembros de esa comunidad, adujeron en su momento y de manera pública, que el hecho se produjo como retaliación por haberle informado al Ejército sobre esos movimientos en sus resguardos, pretendiendo con ello mantener la fluidez del corredor estratégico desde el Ecuador hasta las costas del Pacífico colombiano para el envío de narcóticos y la recepción de armas.

Mediante el asesinato por degollamiento de los indígenas Awá, las Farc pretendían imponer una situación creada ex profeso y recogida en el Plan Renacer, que le debe permitir alcanzar un determinado objetivo a través de los más variados medios (actos o amenazas de violencia), en las comunidades indígenas del sur colombiano, lo que a partir de cualquier lógica se aparta por completo de los principios políticos que ellos mismos dicen defender a través de su Plataforma Bolivariana que hoy sirve como fundamento a movimientos internacionales como el Movimiento Continental Bolivariano.

El otro ejemplo de masacres olvidadas, estado en el que algunos sectores políticos, e incluso ONG,s, pretenden mantener al no referirlos en sus permanentes denuncias, es lo sucedido el 18 de octubre de 1998 cuando una acción terrorista del ELN, cometida por el grupo 'Cimarrones' de la estructura criminal 'José Antonio Galán' de esa organización: cobró la vida de 100 habitantes mediante el calcinamiento cobarde a la hora que reposaban, de uno de los pueblos más pobres del país como lo era Machuca, en Departamento de Antioquia, y que dejó cuando menos a 30 heridos graves que aún hoy, quienes superviven, pueden mostrar en su piel y en su psiquis los efectos de la acción revolucionaria.

A pesar de que la pena ratificada por la Corte Suprema de Justicia a los miembros del Comité Central, COCE, del ELN, ha quedado en firme desde 2007, estos elementos se dan hoy el lujo de continuar delinquiendo impunemente, amparados por una suerte no explicada, desde el derecho internacional humanitario, de asilo político en territorios internacionales vecinos y, lo que es más grave, concitando aún la atención de la prensa nacional o internacional para ocultar bajo el discurso anacrónico que los acompaña desde 1964, la continuación de sus acciones criminales contra el pueblo colombiano sin que se exija una explicación a la gravedad de sus crímenes.

En Bojayá (Chocó), las Farc asesinaron 119 civiles en la iglesia católica del pueblo, entre ellos 45 niños, quienes buscaron refugio en el templo sagrado para evitar la acción criminal de la estructura criminal llamada bloque 58 del frente 15; ese 2 de mayo de 2002 debería marcar una fecha de luto e indignidad nacional semejante al que se conmemora en Europa por la masacre de LídIce, cuando todo un pueblo checoslovaco fue aniquilado por el nazismo para vengar la muerte del SS Reinhard Heydrich, "protector" de Bohemia y Moravia. El 10 de junio de 1942, las fuerzas nazis acabaron con la vida o desterraron a los pobladores de LídIce, pero el resultado final se parece mucho a las acciones de nuestras Farc y Eln: El resultado final de la represión por la muerte de Heydrich fue de 1.300 personas, entre partisanos, altos dirigentes checos y víctimas circunstanciales, como los habitantes de LídIce.

Los diferentes atentados con carros-bomba, el lanzamiento de cilindros o tatucos contra la población civil, ha sido la constante de las bandas narcoterroristas para vengarse de una captura o una baja de uno de los responsables de la respectiva estructura. Es un hecho que las Fuerzas Militares y de Policía consideran las bajas propias como una circunstancia natural a su función, pero nada justifica que algunos sectores de la sociedad civil sigan considerando que las bajas producidas entre los ciudadanos, que son la gran mayoría por la acción criminal son parte de una guerra; que quienes los involucran son quienes los atacan, no quienes los defienden y que por ende el esfuerzo para detener los resultados inaceptables deben dirigirse contra quienes los propician.

EL TERRORISMO COMO MEDIO POLÍTICO

Si de leer cualquier medio informático se tratara, la guerra fría no ha desaparecido en el panorama mundial; el escenario es similar, la lucha ideopolítica y militar contra el capitalismo occidental representado por los Estados Unidos de América y el resto del mundo. A la orden siguen las mismas consignas y principios que regían la confrontación EEUU-URSS, incluyendo a China, Corea del Norte y Vietnam en Asia y a Cuba en América Latina, hoy amplificada en Venezuela y los países adeptos al Foro de Sao Paulo que dicen representar el socialismo del siglo XXI.

La reedición del marxismo-leninismo como amenaza para la democracia occidental permanece viva y recurre a la pretensión de legitimar ciertas acciones terroristas como expresión de la inconformidad o la frustración popular frente a las acciones del Estado, aún cuando ellas no representen ni siquiera el 1% de esa expresión política.

Tratar de conciliar los fines esenciales del Estado social de derecho, como es el caso de Colombia, con las pretensiones totalitarias de las organizaciones armadas ilegales y de quienes promueven aún hoy la toma del poder para la instauración de la dictadura del proletariado, resulta un ejercicio ineficaz e ineficiente, toda vez que la estrategia socialista desde hace mucho tiempo proclamo la validez de los diálogos para apuntalar mediante la acción armada sus propios intereses. A mayor creación de un estado de indefensión para las comunidades, mayor la probabilidad de alcanzar los objetivos de la estructura que pregona la combinación de las formas de lucha.

Incluso Fidel Castro señaló que el modelo socialista es inaplicable para su propio Estado, ante lo cual el socialismo universal ha admitido un silencio que respalda la apreciación: El Socialismo no es benéfico en ninguna parte del mundo.

En Colombia, pese a la ya anacrónica exposición de las tesis de tal combinación, existen movimientos y organizaciones políticas, algunas disfrazadas bajo el manto de no ser gubernamentales, como efectivamente lo son todas, que insisten en que políticamente, para superar el estado de violencia, hay que atender al menos los cinco puntos requeridos por el cabecilla de las Farc, alias Alfonso Cano, en ejercicio del llamado Plan Renacer, para encontrar el camino de la búsqueda de la paz, obtusamente ignorado por esa organización criminal en diferentes procesos desarrollados desde los años 50 y que permitieron la desmovilización de quienes empuñaron las armas para oponerse al Estado.

Las Farc y el Eln, desde los años 50, no sólo han logrado permanecer con los anuncios de su voluntad de negociar, han alcanzando políticamente que los gobiernos cedieran en el necesario cerco militar a sus estructuras; alivio mediante el que han alcanzado con esa estrategia de engaño, objetivos terroristas ejecutando actos en los que han sido asesinados, heridos y exiliados miles de colombianos, historia que no puede desconocerse en cualquier eventualidad de apertura a futuros diálogos o negociaciones con la narcoguerrilla.

El gobierno nacional debe mantener intacto un principio fundamental, señalado desde las tesis de Sun Tzu sobre el arte de la guerra: Si las Farc no renuncian a su actividad terrorista y narcotraficante contra el pueblo colombiano, no pueden existir condiciones objetivas para un diálogo o conversación política, en tanto ello implica una persistencia en el método terrorista utilizado a través del tiempo y una legitimación social al medio utilizado.

No es llover sobre mojado insistir en que las Farc y Eln mantienen prácticas expresamente prohibidas por la legislación internacional del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, cuya violación ha sido precisamente el mayor exponente de su decisión de continuar delinquiendo: El uso de armas no convencionales, el secuestro y el maltrato, que incluso lleva a la incineración de heridos en combate, del que han hecho gala en estos días, además de mantenerse en prácticas como el secuestro, el reclutamiento de menores y todos los demás crímenes anunciados en el Plan Renacer, en el que responden a las súplicas de la comunidad internacional señalando su intención de no acatar las normas del derecho internacional humanitario o mitigar los efectos sobre los derechos humanos del ciudadano común.

Sería inmoral, al menos, que algún gobierno o la comunidad nacional o internacional, permitieran que las Farc o el ELN consiguieran sus objetivos políticos, cuando en ningún momento asumen su responsabilidad criminal, ni muestra las menores intenciones de que se haga justicia, Verdad o Reparación por más de 50 años de agresión al pueblo colombiano o que se acepte que para evadir esa obligación persistan en los actos terroristas como medio político que obtenga cualquier tipo de legitimación.

En este evento, se convierte en dogma uno de los principios que ha acompañado a la democracia desde los tiempos griegos: La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad.

Los últimos actos de la narcoguerrilla y su combinación cada vez más frecuente con la delincuencia común, llaman al conglomerado social a no bajar la guardia; es un hecho cierto, el enemigo común no ha sido aún derrotado y conserva la acción de producir daños; cuando se presente como más fácil la operación de la Fuerza Pública, mayores serán las prevenciones a tomar, sobre todo cuando se están desarrollando operaciones ofensivas que deben procurar el menor daño y las menores pérdidas frente a un enemigo desesperado que requiere golpes mediáticos para recuperar la moral de combate de sus componentes.

Si por laxitud, omisión y abandono de las directrices y normas de combate se le permite al enemigo un triunfo, ello repercutirá nocivamente en la concepción de seguridad que se le ha propuesto al pueblo colombiano y el Ejército Nacional. Los medios no cuentan, ni existen en las opiniones mediáticas que celebran o anuncian un resurgir de las narcoguerrillas como elemento sustancial para cumplir su tarea. Así que la propuesta es menos acción mediática y mejores resultados para garantizar los fines esenciales del Estado, dentro de la observancia de los límites que les marca la Constitución y la Ley.

Anti-santismo Extremo como herramienta política del Terrorismo

Paradójicamente, el presidente Santos posee un gran apoyo del electorado uribista; sin embargo la bancada uribista del congreso (Partido de la U) está boicoteando desde las últimas dos semanas los proyectos de ley del nuevo gobierno.

Lo anterior ocurre en virtud que se considera que el gobierno Santos “ha traicionado” la lógica del gobierno anterior en los últimos ocho años frente al conflicto y por ello vemos como los ministerios más relevantes no son de miembros del partido de gobierno sino del partido conservador, liberal y cambio radical.

Cabe destacar que la estrategia de gobierno del presidente Santos es realmente inteligente en virtud que con los proyectos de ley de la reforma agraria, cambio en el sistema de transferencia y condena a la corrupción, se encuentra quitándole todo el soporte político-ideológico que eventualmente le sirve a las Farc para legitimar su discurso en el exterior y que nutre a los grupos de milicias y a la actuación del PC3.

En este orden de ideas, las Farc se encuentran reactivando sus ataques no solo basados en la lógica del “Plan Renacer” y del “Plan 2010” establecidos con anterioridad por el cabecilla Alfonso Cano, sino porque nadie, ni siquiera la inteligencia del enemigo consideró que la agenda de este gobierno fuera a empoderarse de temas que tradicionalmente no generan réditos políticos en el mundo político pero que si generan cambios estratégicos en la lógica organizativa y estructural de un Estado.

El secretariado de las Farc comprende que la guerra es política y no militar. El gobierno Santos lo entiende de la misma manera. En ese orden de ideas, las Farc lanzan estos feroces ataques solo contra la Fuerza Pública en virtud que ha determinado que desde el 7 de agosto de 2010 sus intereses vitales discursivos (políticos) se encuentran amenazados.

Por lo anterior, las Farc buscan minar la moral de la tropa y la policía, en virtud que el Estado ya logró maniobrar la mente de la población a favor; la nueva estrategia política es realizar varios golpes pequeños pero militarmente representativos con el fin de comunicar.

El terrorismo no es un fin, es un medio de comunicación con el objetivo de alterar los patrones de movilización popular y política; lo anterior debido a que la percepción importa más que los resultados.
La lógica partidista está cayendo en esta trampa impuesta por los terroristas y es boicotear las iniciativas políticas del presidente Santos. La percepción hace creer que la guardia se bajó frente al enemigo, que la tropa dejó de ser eficaz, que el propio partido de gobierno está boicoteando a su presidente y que los escándalos del gobierno anterior son para desprestigiar al presidente.

Por lo anterior, es necesario manejar el anti-santismo que se encuentra germinando en diversos sectores del Estado; si esto sigue creciendo, los únicos que aprovecharan lo anterior serán los terroristas que atraves de sus estructuras de guerra de células (netwar) identifican los baches institucionales para fortalecer la guerra política.

En ese orden de ideas, la recomendación versa en minimizar mediáticamente los ataques terroristas que realizan las Farc. El daño no se realiza mediante la acción violenta, por el contrario, el arma es la comunicación que realizan diferentes medios de mostrar reiteradamente en un mismo día el mismo acto terrorista.

Las Farc como enemigo asimétrico buscan con esta nueva estrategia cambiar el nivel de incertidumbre, es decir, la sorpresa, cambiando los teatros de operaciones de militares a políticos. No hay que caer en la trampa de creer que Santos ha traicionado la seguridad democrática; por el contrario ha logrado llevar el concepto de acción integral del Estado al verdadero significado del mismo que es involucrar a los diferentes poderes del Estado para restarle capacidad política y discursiva al enemigo terrorista.

EL HOMICIDIO EN COMBATE

Ha despertado suspicacias un documento suscrito por la Directora Ejecutiva de Justicia Penal Militar Aurora Ramírez de Araoz y el Viceministro de Defensa Rafael Guarín, en el que se oficia a todos los Jueces de Instancia, Fiscales y Jueces de Instrucción a que diligencien un informe donde relacionen todos los preliminares y sumarios que a la fecha cursan en cada despacho judicial por el delito de homicidio en combate.

Si bien el tipo penal no existe, el tema debe verse de una forma más desapasionada y prevenida. Hay que partir entonces de la definición literal de homicidio: proveniente de la conjunción latina homo, hombre, y caedere, matar, homicidio es toda acción del hombre que priva de la vida, mata a otro ser humano. De tal manera que en un combate, por si misma naturaleza, cuando se mata un enemigo se comete un homicidio, otra cosa es que la legislación penal internacional y especialmente la normatividad de la guerra legitima o no una acción que produzca ese resultado.

Las Fuerzas Militares existen como expresión de la voluntad de una sociedad para contar con un brazo armado que les garantice su independencia, sus derechos y su seguridad, autorizándolas legítimamente a empuñar las armas para ello como en nuestro caso lo hace el art. 216 de la Constitución Política de Colombia, limitándola como lo hace el Título I, Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, del Código Penal (Ley 599 de 2000, modificada por la Ley 890 de 2004), siendo causal de agravación cuando se incurre en las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de ese código.

Nótese como el artículo 103 de nuestro penal al definir el tipo homicidio simplemente señala: El que matare a otro, lo que corresponde a la definición literal antes señalada; indica en el art. 104 las circunstancias de agravación de la conducta y en su desarrollo posterior señala algunos eventos especiales como lo son el homicidio preterintencional, el homicidio por piedad y el homicidio culposo, lo que acudiría de pronto en la alimentación de la prevención frente al uso de la frase homicidio en combate referida en el documento citado.

El tema no es nuevo y hace parte de las decisiones tomadas por el Ministerio de la Defensa a partir de la expedición de la Directivas 010 y 019 de junio de 2007 [1], no para considerar al militar como homicida per se, sino para aclarar las situaciones denunciadas sobre presuntos homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales como las define la ONU, es decir aquellas conductas punibles en que puede incurrir el personal militar cuando se aparta de las normas constitucionales y legales en el desarrollo de su misión para contribuir en las acciones de organizaciones armadas ilegales o en la búsqueda de provechos ilícitos para sí o para terceros, conductas que por decisión de los poderes públicos que conforman el Estado social de derecho en Colombia pasaron a ser objeto de la jurisdicción de la justicia ordinaria y no de la castrense, en cuanto no hacen parte de la actividad militar como tal.

Ahora bien, según la información oficial los hechos relacionados con presuntos homicidios en combate que se apartan de la normatividad legal, ocurrieron entre los años 2002 y 2008, registrándose un total de 551 quejas presentadas por presunto homicidio en persona protegida, de cuyo trámite posiblemente se ocupa el documento citado de la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar por petición expresa del señor Viceministro, lo que no implica una emisión de juicio de valores o un ataque al personal militar, es apenas un trámite lógico dentro de las funciones de esa Dirección.

Para la institución militar nada más grato puede ser que exponer de manera transparente y clara sobre sus actuaciones ante las denuncias o quejas que interpone la sociedad civil, lo que no debe ser motivo de prevención o recelo; si hubiere una intención malsana de judicializar al militar por sus acciones legales serían la Constitución y las leyes las que en primer lugar saldrían en su defensa; la intención institucional no es para deslegitimar al Ejército Nacional, pero tampoco puede ser concebida como tender un manto de silencio frente a ciertas conductas individuales que lo han mancillado. Ningún argumento puede validar la decisión individual de un funcionario público, como lo es el militar, para apartarse de la observancia estricta de las normas que rigen su profesión u oficio. El militar está sujeto a Códigos de Honor para combatir las amenazas contra su país y no puede violentarlos con el argumento de recurrir a la ilegalidad para cumplir su misión institucional so pena de afectar a la institución que dice defender.

Los militares implicados no pueden ahora señalar siquiera haber atendido la obediencia debida como excusa para justificar las acciones ilícitas en que pudieron comprometerse; la obediencia debida no es otra cosa que el cumplimiento racional de la voluntad del que legítimamente tiene autoridad y mando y su aplicación no implica los principios de disciplina y jerarquía o mando que prima en la estructura piramidal de nuestras Fuerzas Militares, lo que por demás está probado en el hecho cierto de que apenas un número inferior al 1% de nuestros Oficiales, Suboficiales o Soldados se encuentra incurso en investigaciones disciplinarias o penales por conductas punibles relacionadas con los derechos a la vida y la integridad personal de los colombianos.

En el Ejército Nacional no tiene cabida la solidaridad de cuerpo frente a las actuaciones delincuenciales de algunos de sus miembros; la solidaridad de cuerpo se materializa en la defensa de los valores y tradiciones que lo han acompañado desde la gesta libertadora, por lo que hay que recordar entonces la sanción impuesta por Simón Bolívar al General Hermógenes Maza por la célebre ejecución de prisioneros españoles en los bidones de cuero; entonces se trató de una medida disciplinaria para no provocar la reacción de los criollos descendientes de hispanos aterrados por las medidas draconianas del insigne militar colombiano.

[1] MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Homicidio en persona protegida. Ver http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/1cff6d804e55634e8412ffd62921160a/homicidio+en+persona+protegida+espa%C3%B1ol.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1cff6d804e55634e8412ffd62921160a

MINERALES Y GEOPOLÍTICA DE IRAN EN AMÉRICA LATINA: EL REFORZAMIENTO DE ALIANZAS TENDENCIOSAS

La carrera mundial por la obtención de minerales, como recursos no renovables y de importancia estratégica, representa hoy en día una de las principales preocupaciones de los países que pretendan destacarse en el concierto internacional. A raíz de ello, muchas potencias han decidido acercarse a la región latinoamericana con el fin de establecer acuerdos de todo tipo que les permita realizar alianzas para conseguir estos insumos indispensables para el desarrollo de su industria. Caso destacado y de gran preocupación para la región y para la comunidad internacional, es la intensificación del acercamiento político, económico y militar de algunos países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil con el régimen autoritario fundamentalista de Irán, quizá el Estado que representa el mayor desafío presente para el orden internacional, debido a su intención pública de convertirse en una potencia nuclear antioccidental y de apoyo a sistemas totalitarios en todo el mundo, sin escuchar los pasivos llamados que se le han realizado por la vía diplomática internacional, incluso con sanciones en el marco de la ONU y el Consejo de Seguridad.

La última expresión de este relacionamiento ha sido el reforzamiento de la alianza estratégica entre Bolivia e Irán. “El ministro iraní ofreció a Bolivia una cooperación de US$254 millones para proyectos de desarrollo, tras destacar que "afortunadamente los dos países, los dos pueblos tienen buenos y comunes objetivos en la comunidad mundial". Luego de agradecer la ayuda "incondicional", Morales defendió la vocación pacifista de Irán y atacó a Israel, al que situó en la lista de países terroristas… Morales se preguntó "por qué a Irán se le castiga mientras a Israel se le permite tener un arsenal nuclear ilegal". Dijo que los países que se organizan para defenderse, en alusión a Irán, "son países pacifistas"; mientras que aquellos que se arman para invadir "son países terroristas". Morales rompió relaciones diplomáticas con Israel en enero de 2009, tras la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza”(1). Se destaca entonces el discurso pro nuclear para Irán y el reconocimiento de que ambos países comparten “comunes objetivos” que suponemos cuales pueden ser si se tiene presente la cercanía a todos los países del socialismo del siglo XXI.

El interés real de Irán es proseguir en su carrera a la nuclearización aprovechando recientes descubrimientos de uranio en el país andino, con la participación de Venezuela. “En la zona andina boliviana de Coroma, donde Venezuela e Irán construirán una fábrica de cemento, existe un rico yacimiento de uranio, oro, plata y cobre, informó este lunes el diario El Deber, que citó investigaciones de ingenieros de Bolivia y Estados Unidos… El boliviano Marco Arturo Montoya, ingeniero minero y militar retirado, entregó al cotidiano El Deber una copia de una supuesta investigación realizada por seis científicos de Estados Unidos con apoyo de la NASA sobre la riqueza minera en el occidente de Bolivia. Esa investigación fue plasmada luego en el denominado Mapa de Áreas Permisivas y Favorables para tipos seleccionados de yacimientos minerales en el altiplano y la Cordillera Oriental de Bolivia, elaborado por los ingenieros mineros estadounidenses Steve Ludington y Denis P. Cox. "En él (mapa) se muestra una enorme área que, según Montoya, abarca más de 100.000 hectáreas en las que hay uranio y otros minerales dispersos (...) en toda la zona existen minerales complejos de alta ley, no sólo uranio, sino también oro, plata y cobre diseminados y mezclados", señaló el diario El Deber. Para el ingeniero Montoya, "este país (Bolivia) nació minero y morirá minero. Son 100.000 hectáreas de yacimiento que se las puede trabajar a cielo abierto. Imagínese, Chuquicamata (la norteña mina de cobre más grande del mundo) ha hecho rico a Chile, pero esto es 10 veces más grande"(2). De acuerdo con lo anterior, no se trata de nada despreciable no solo por la magnitud del descubrimiento geológico sino por la geopolítica antioccidental que se está tejiendo entre Venezuela, Bolivia e Irán, incluyendo otros países.

Cabe anotar que al igual como a sucedido con los otros países socialistas, la intensificación de relaciones bilaterales no es reciente. “Irán y Bolivia inauguraron su alianza en septiembre de 2007, cuando el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, visitó Bolivia por primera vez. Luego hubo una segunda visita en 2009. Desde entonces, el gobierno de Morales ha defendido los proyectos de desarrollo nuclear de Irán "con fines pacíficos". De hecho, este lunes, Morales instó a los pueblos a construir un movimiento mundial por la paz, "para evitar que los mercaderes de la muerte siembren de luto a la humanidad"(3). Para una región pacífica como la latinoamericana, la presencia de Irán representa una verdadera amenaza para todos los países de la región debido a su capacidad de desestabilización y la potencial dotación de armas peligrosas a regímenes que tienden a la radicalización.

Para Colombia y su política de seguridad y defensa, la geopolítica de Irán en América Latina es un escenario que debe tenerse en cuenta por su posible incidencia en la lucha contra el narcoterrorismo que todavía se mantiene en la patria; el reforzamiento de alianzas tendenciosas en la región es un riesgo que se suma a los ya existentes, donde precisamente estos gobiernos se declaran timoratamente, “camaradas” del proyecto socialista que dicen representar los terroristas de la FARC y el ELN en Colombia, razón para que nuestras Fuerzas Armadas no pierdan la pista a seguros acercamientos entre emisarios de la criminalidad colombiana y estos regímenes antidemocráticos propulsores descarados del terror.


1. Bolivia e Irán refuerzan su alianza, en http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100830_bolivia_iran_alianza_lav.shtml

2. Advierten uranio en Bolivia donde Venezuela e Irán harán planta cementera, en http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-221724-advierten-uranio-bolivia-donde-venezuela-e-iran-haran-planta-cement

3. Bolivia e Irán refuerzan su alianza, en http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100830_bolivia_iran_alianza_lav.shtml