La decisión de la Fiscalía General de abrir investigación penal por la desmovilización de la estructura criminal “Cacica Gaitana” de las Farc en el año 2006, parece corresponder más a un afán mediático que al fruto de la evaluación seria y responsable de elementos de prueba que conduzcan a calificar como ‘falsa’ tal desmovilización.
No puede ser de recibo que los testimonios de otros dos desmovilizados de la narcoguerrilla sea el único fundamento de la decisión judicial; bien es sabido que las Farc han desmovilizado elementos para realizar tareas de inteligencia y crimen contra quienes renuncian a esa organización y no es una coincidencia que las denuncias se presenten para tender una cortina de humo sobre la burla que hicieron con ocasión de la liberación de secuestrados el pasado 13 de febrero.
El frente ‘Cacica Gaitana’ o frente 13 de las Farc ha existido por años, actualmente queda un reducto que ahora opera en la región montañosa de La Argentina en el Huila con desplazamientos al nororiente caucano, ejerciendo actos de terror contra campesinos y transportadores en el área; si la desmovilización hubiere sido falsa, en su momento alias Raúl Reyes y alias el Mono Jojoy así lo habrían señalado y no hay registro de expresiones del Secretariado en ese sentido, hay condenas a alias Olivo Saldaña que fuera cabecilla de esa estructura por su decisión de desmovilizarse con 60 hombres de ese frente.
Las mismas Farc intentaron una campaña de desprestigio contra alias Olivo Saldaña y alias Karina, cuando estos se convirtieron en ‘Gestores de Paz’, en una de sus tantas páginas electrónicas la narcoguerrilla decía: El 5 de marzo de 2009, con el objetivo de adueñarse del tema de la paz en la agenda política, el gobierno nombró a dos integrantes de Manos por la Paz, alias “Karina” y alias “Olivo Saldaña”, como Gestores de Paz, bajo la figura jurídica creada a partir del decreto 614 del 21 de febrero de 2009. Las dos personas tenían que contribuir a “propiciar acuerdos humanitarios”, “liberar secuestrados en poder de grupos armados organizados al margen de la ley” y “contribuir efectivamente a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario”. Pocos días después de haber sido nombrado alias “Olivo Saldaña” declaró en el programa radial “La Hora de la Verdad” que el grupo de Colombianos por la Paz no ha dejado prosperar a la organización Manos por la Paz, ya que supuestamente no les interesa que los guerrilleros salgan a contar todo lo que saben. El 9 de junio de 2009 se sumó a estos dos gestores de paz alias “Samir”, ex-comandante de las FARC-EP del V Frente en la zona de Urabá [1].
La narcoguerrilla jamás puso en duda la desmovilización de los miembros del Frente 13, se limitó todo el tiempo a señalar que los llamados “gestores de paz” y la organización Manos por la Paz forman parte de una estrategia contrainsurgente, que ha sido funcional a la actual política de Seguridad Democrática, pero ahora como por arte de magia resultan dos desmovilizados poniendo en duda, 4 años después, el hecho ocurrido en Alvarado en 2006, recibiendo toda la credibilidad sin exigencia de pruebas adicionales, distintas a las versiones que puedan rendir individuos vinculados al narcotráfico que no fueron tenidos en cuenta para Justicia y Paz.
Recuérdese que las Farc fustigaron duramente a alias Olivo Saldaña por proponer que guerrilleros presos se acogieran a Justicia y Paz. A finales de 2007, un grupo de terroristas detenidos en diferentes cárceles de alta seguridad se declaró “No-Canjeable” y en contra de un posible Acuerdo Humanitario entre el gobierno y las Farc, que tendría como objetivo el ‘intercambio de los prisioneros de guerra de los lados en conflicto’. La organización no-gubernamental Manos por la Paz nace en este contexto en 2008 y cuenta hoy con alrededor de 1.000 supuestos desmovilizados de las diferentes organizaciones insurgentes, que han manifestado su interés de salir de las filas insurgentes desde la cárcel y que se oponen a un posible intercambio humanitario. De este grupo alrededor de 500 están postulados a la Ley de Justicia y de Paz o a la Ley 975 de 2005, que reguló el proceso de desmovilización con las estructuras paramilitares, mientras que en los otros casos se está considerando su posible postulación, decía entonces la narcoguerrilla [2].
Ojalá elementos infiltrados del PC3 no sean los que estén moviendo los hilos para aprovecharse de la ingenuidad y buena fe de la Fiscal Viviane Morales a fin de desprestigiar la Ley de Justicia y Paz y los procesos de desmovilización que tan duramente han golpeado a las narcoguerrillas; la investigación anunciada sin duda alguna hace parte de la guerra jurídico-política contra la Seguridad Democrática.
[1]AGENCIA PRENSA RURAL. Lunes 12 de abril de 2010. En: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article3863
[2] Ibíd.
